La contratación pública representa aproximadamente el 18,5% del PIB de España. En los dos últimos años, la regulación jurídica de esta materia ha sufrido numerosas modificaciones, algunas de importante calado, para adaptarse tanto a la situación de crisis económica como para cumplir con las exigencias del Derecho europeo. En este escenario nace el Observatorio de Contratación Pública.
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