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Naturaleza jurídica de la prestación de un servicio de asistencia jurídica gratuita individualizada a mujeres
27/06/2016
Acuerdo 53/2016 Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.
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« Los contratos de servicios jurídicos, entre los que se encuentran los contratos de asesoramiento jurídico, están incluidos en los contratos de servicios, salvo los enumerados en el artículo 10 d) de la Directiva, a los que no se aplica ésta, por las razones que se contienen en sus considerandos 24 y 25.

(…) No cabe pues considerar susceptible de un convenio de colaboración, las prestaciones que constituyen el objeto de un contrato público de servicios de asesoramiento jurídico individualizado a mujeres, en los términos que se definen en los PCAP y PPT, por prohibición expresa del artículo 4.1 c) TRLCSP.

Y tampoco es posible la celebración de un convenio, al amparo del artículo 4.1 d) TRLCSP, por la misma razón. Se encuentra prohibida tal posibilidad expresamente por el mencionado precepto.

Pero además, y siguiendo la argumentación del recurrente, los Colegios profesionales (su función esencial es garantizar que el ejercicio de la profesión se ajuste a las reglas que regulan tanto su eficacia como la responsabilidad en dicho ejercicio), en la medida en que forman parte de la denominada Administración corporativa, tienen naturaleza pública, pero la gran parte de las actividades que realizan son de naturaleza privada, y, en cuanto primen los intereses profesionales sobre los de la colectividad, se encuentran sometidos, como cualquier operador económico, a las normas que rigen la licitación y adjudicación de los contratos, conforme a los principios de publicidad y concurrencia. No puede afirmarse, en este sentido, que la prestación de los servicios jurídicos no está descrita específicamente como objeto de ningún contrato del sector público; lo está en el ámbito de aplicación del concepto público de contratos de servicios (con su descripción en el código CPV). Y, también es incierto, que el contrato cuyos pliegos se recurren carezca de interés patrimonial, de manera que pueda ser objeto de un convenio. Existe una definición perfecta del conjunto de prestaciones que constituyen el objeto de contrato, y un precio cierto por su prestación. Estamos pues ante un contrato.

(…)No se discute, efectivamente, que los artículos 22 y 24 de la Ley 1/1996, —en la redacción dada por el apartado dieciséis de la disposición final tercera de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil—, establecen que los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España y sus respectivos Colegios regularán y organizarán, a través de sus Juntas de Gobierno, los servicios de asistencia letrada y de defensa y representación gratuitas, garantizando, en todo caso, su prestación continuada y atendiendo a criterios de funcionalidad y de eficiencia en la aplicación de los fondos públicos puestos a su disposición. También es cierto, que los Colegios de Abogados, tienen que contar con un turno de guardia permanente para la prestación del servicio de asistencia letrada al detenido y otro para la prestación de los servicios de asesoramiento previo y de asistencia letrada para las víctimas de violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos y de menores de edad y personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental que sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato.

Lo cierto es, sin embargo, que el contrato objeto de licitación, no se mueve en el ámbito de aplicación de asistencia letrada, defensa y representación gratuita de la Ley 1/1996, de 10 de enero. Se trata de un servicio de asesoramiento jurídico que el IAM ofrece en el ámbito de sus competencias. Que se encuentra perfectamente definido en el PPT, que no interfiere con la asistencia letrada, defensa y representación gratuita. Que se presta en el ámbito de las competencias del IAM, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/1993, de 19 de febrero, por la que se crea el Instituto Aragonés de la Mujer; y en la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón. Y, lo que es especialmente relevante, que se financia con cargo a los recursos propios del IAM; y no mediante la subvención regulada en el artículo 37 y siguientes de la Ley 1/1996, de 10 de enero.»