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Criterio de adjudicación de carácter social consistente en valorar la presencia de mujeres en el equipo que va a desarrollar el trabajo
07/09/2016
Acuerdo 45/2016 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra.

«(…) Por tanto, resulta claro que los criterios de adjudicación, además de ser objetivos en el sentido de referirse a la cualidad objetiva de las ofertas y no subjetiva de los licitadores, deben además estar vinculados al objeto del contrato, es decir, tener conexión con el mismo por referirse a las características de la prestación contractual y, ser en principio válidos para valorar las ofertas, debiendo entenderse que no están vinculados al objeto del contrato cuando no se refieren a las prestaciones que han de facilitarse por el adjudicatario en virtud del contrato.

SEXTO.- En este sentido, la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado esta doctrina (entre otras, sentencia del Tribunal General, Sala Primera, de 16 de septiembre de 2013).

Así, la sentencia de 9 de octubre de 2014 del Tribunal de Justicia (Sala Octava) dispone lo siguiente: “Sin embargo, si bien es cierto que, en el caso de la oferta más ventajosa económicamente, los criterios que pueden estimar las entidades adjudicadoras no se enumeran de forma limitativa en el artículo 30, apartado 1, de la Directiva 93/37 […] y que esta norma, por lo tanto, deja a las entidades adjudicadoras la elección de los criterios de adjudicación que consideren preferibles, no lo es menos que dicha elección sólo puede referirse a criterios dirigidos a identificar la oferta más ventajosa económicamente. Por consiguiente, se excluyen como criterios de adjudicación aquellos criterios que no van dirigidos a identificar la oferta  económicamente más ventajosa, sino que están vinculados, en esencia, a la apreciación de la aptitud de los licitadores para ejecutar el contrato en cuestión (véase, por analogía, la sentencia […] Lianakis y otros, C-532/06, [EU:C:2008:40], apartados 29 y 30, y la jurisprudencia citada).”

Por lo expuesto, los criterios sociales que se incorporen al PCAP a través de los criterios de adjudicación deben estar referidos siempre a las ofertas de los licitadores y deben suponer una mejora en las condiciones de prestación del servicio, garantizando el cumplimiento de los principios que informan la contratación pública.

SÉPTIMO.- En este caso, el criterio de adjudicación impugnado se recoge en el apartado B.1 de la cláusula séptima del PCAP, de la forma siguiente:

“B) ASPECTOS SOCIALES

c.1) IGUALDAD

Presencia de mujeres en el equipo técnico que van a desarrollar los trabajos: Deberán presentar una declaración responsable indicando el número de mujeres y hombres que conformarán el equipo técnico que va a desarrollar los trabajos.

Se valorará con hasta 10 puntos a la entidad licitadora que contenga un mayor número de mujeres en el equipo técnico presentado para el desarrollo de los trabajos, siempre que la ratio de mujeres sea superior a 0,47 (número de mujeres presentes en el equipo entre el número total de personas presentes en el equipo). Esta ratio se corresponde con el porcentaje medio de mujeres recogido por la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística para la rama de actividad “Otras actividades profesionales, científicas y técnicas”, de acuerdo a los resultados de 2015.

La empresa que obtenga mayor ratio obtendrá 25 puntos. El resto obtendrán una puntuación decreciente y proporcional, conforme a la siguiente fórmula: P=(RM/RMM) X (nº » de puntos/NP). Resultado P (Puntuación obtenida por la entidad licitadora)=RM (Ratio de mujeres en la entidad licitadora/RMM (Ratio de mujeres de la mejor oferta de las entidades licitadoras) X nº de puntos/NP (Número de puesto)(…).” 

Del examen del expediente que nos ocupa, se desprende que el objeto del contrato es la asistencia técnica para la gestión de los huertos ecológicos en Sarriguren, tal y como figura en el acuerdo de aprobación del expediente y en el anuncio de licitación, aunque en su reclamación la entidad local alegue que el objeto del contrato es para la gestión de los huertos ecológicos urbanos con criterios sociales y así figure en el título del pliego.

Asimismo, debe señalarse que no se justifica en el expediente que la contratación de mujeres para la prestación del servicio suponga una mejora en la prestación del servicio, ni su incidencia en el objeto del contrato, cuando es un criterio que supone 25 puntos sobre un total de 100.

El hecho de que se alegue que dicho criterio se debe a la infrarrepresentación de mujeres en el sector en el que se encuadra el contrato es de 0,47, no justifica el establecimiento de un criterio de adjudicación que no está relacionado con el objeto del contrato y que no comporta una ventaja, directa o indirecta, en la prestación del servicio.

OCTAVO.- La sentencia del TJUE de 16 de septiembre de 2016 señala que “los criterios de adjudicación deben estar vinculados al objeto del contrato y tener como finalidad la determinación de la oferta económicamente más ventajosa para la Administración contratante, sin que quepa incluir criterios de carácter social, como la estabilidad en el empleo, salvo que estos estuvieran efectivamente vinculados al objeto del contrato y supongan una mejor relación entre la calidad y el precio”.

En el mismo sentido, el Informe 14/2015, de 4 de noviembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón determina respecto a la inclusión de criterios sociales adjudicación lo siguiente: “Como ya se ha puesto de manifiesto, es difícil establecer criterios sociales referidos a condiciones de trabajo como criterios de adjudicación, pues se exige una vinculación entre el criterio y la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las propias especificaciones del contrato, propias de las categorías de especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar (artículo 150.2 TRLCSP – art. 51.2.c) LFCP). Situación que se da en pocos supuestos”.

De acuerdo con todo lo expuesto, se aprecia que el citado criterio de adjudicación es nulo al infringirse la regulación legal, por lo que procede estimar la reclamación por este motivo, con determinación de la imposibilidad de continuar el procedimiento por nulidad de un criterio de adjudicación.»