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Un presupuesto de licitación que no cubre los costes de personal no es adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato conforme a los precios de mercado
23/09/2016
Resolución 210/2016 Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.

«En el presente supuesto, y dada la naturaleza del servicio a prestar, tenemos que los costes de personal suponen el componente fundamental de la prestación correspondiente al contrato. Así, la entidad recurrente, manifiesta que el importe del presupuesto de licitación es insuficiente para cubrir los costes derivados del contrato, fundamentando dicha insuficiencia en el cálculo de los costes laborales sumado a la repercusión de gastos generales y otros gastos derivados de la ejecución del contrato.

Los cálculos de la entidad recurrente no han sido rebatidos por parte del órgano de contratación, que se limita a señalar que se ha fijado el presupuesto de licitación del contrato teniendo en cuenta el precio de los contratos vigentes, y de acuerdo con la estructura salarial contemplada en el Convenio Colectivo vigente en la fecha de inicio del expediente de contratación, manifestando, además, que se ha incrementado el precio de licitación en 1,10 euros/hora con respecto a las mismas licitaciones anteriores al objeto de adecuarse a la situación actual.

Pues bien, tomando como referencia el coste hora calculado por la recurrente, 12,56 euros, y teniendo en cuenta la estimación de horas anuales que para el lote 1 se establece en el Anexo I-A del PCAP (17.010 horas), arroja una cantidad 213.645,6 euros, lo que supone una diferencia del 5,89% respecto del precio de licitación que es de 226.233 euros. A ello se ha de añadir el coste correspondiente al Coordinador que debe adscribirse obligatoriamente al contrato según dispone la cláusula 5.3 del PPT, que la recurrente calcula en 15.523,6 euros, lo que dividido entre el número de horas del citado lote supone un coste medio de 0,91 euros/hora.

Todo ello da como resultado la cantidad de 13,47 euros/hora, quedando ya el precio de licitación por debajo de lo previsto en el convenio colectivo. Sumado, además, a que en este tipo contratos, donde el componente humano es fundamental, existen una serie gastos necesarios para garantizar una adecuada ejecución del objeto contractual, tales como absentismo, control de presencia, desplazamiento, coste de la oficina en la provincia objeto del contrato (cláusula 9 del PPT), etc., que limitan a los licitadores a la hora de establecer los mecanismos de economía de escala que estimen convenientes para la correcta prestación del servicio, y ello, eso sí, sin perjuicio de lo dispuesto en relación a la subrogación de personal en el pliego.

El hecho de que el precio/hora fijado en el pliego se sitúe por debajo de lo establecido en el convenio nos hace concluir que este no es acorde con el precio general de mercado, pues, como hemos visto, el presupuesto debe cubrir, en todo caso, los costes derivados de la ejecución del contrato, puesto que de lo contrario no nos encontraríamos ante un precio de mercado, favoreciendo, a priori, a las empresas en las que concurran posibles condiciones favorables respecto de los gastos a afrontar.

(…) Hay que advertir que este Tribunal ha mantenido en resoluciones anteriores (371/2015, 377/2015, 378/2015 y 379/2015) el criterio de que lo pactado en un convenio colectivo laboral era, en principio, una cuestión ajena a la contratación administrativa y no podía incidir sobre ella de forma directa. No obstante, esta doctrina está siendo objeto de revisión por todos los Órganos de resolución de los recursos contractuales ante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las previsiones de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 , sobre Contratación Pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE Texto pertinente a efectos del EEE -fundamentalmente los considerandos 37, 39 y 98 y el artículo 18.2-, que ha incorporado determinados aspectos sociales recogidos en la jurisprudencia del citado Tribunal. En este sentido, la Sentencia del TJUE, de 17 de noviembre de 2015, Regio Post, (asunto C-115/14), admite como válida la exigencia de mantener una retribución mínima de los trabajadores durante la ejecución del contrato, con el objeto de garantizar la correcta prestación del mismo.

Por lo tanto, y considerando correctos los cálculos realizados por la entidad recurrente (tanto para el lote 1, 2 y 3, y con la salvedad hecha a los costes consignados para la figura del Coordinador en los lotes 4 y 5) -cálculos que, como ya hemos señalado, no han sido rebatidos por el órgano de contratación-, en cuatro de los cinco lotes no existe margen para cubrir los costes de personal y, en el restante, tampoco parece suficiente el precio consignado para que se garantice la correcta ejecución, por lo que procede concluir que la estimación del precio ha sido incorrecta, no siendo la misma adecuada para el efectivo cumplimiento del contrato”, como prescribe el artículo 87 del TRLCSP, ni “salvaguarda la libre competencia”, principio fundamental de la contratación pública recogido en el artículo 1 del TRLCSP.

En consecuencia, procede estimar el recurso y acordar la retroacción de las actuaciones en orden a la fijación, en el PCAP, de un presupuesto de licitación acorde con las circunstancias del mercado.»