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El burofax es un medio equivalente al fax a efectos de notificaciones en los procedimientos de contratación
02/11/2016
Acuerdo 98/2016 Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón

« La cuestión de fondo, sobre la que se plantea el recurso, es la adecuación de la exclusión del licitador del procedimiento, por haber presentado su propuesta fuera del plazo establecido para ello.

(…) En este punto este Tribunal entiende conveniente recordar la doctrina ya establecida desde sus Acuerdos 1 y 4 de 2011. Por una parte, que el principio de igualdad de trato implica que todos los licitadores potenciales deben conocer las reglas del juego, y éstas se deben aplicar a todos de la misma manera; así como que el artículo 99.2 LCSP, hoy 115.2 TRLCSP, en relación con los Pliegos de cláusulas administrativas particulares, establece que, «en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo».

(…) No parece, sin embargo, que pueda inducir a error la redacción literal del referido artículo reglamentario, del que se deducen tres exigencias: a) que se presente antes del vencimiento del plazo y hora fijado en el pliego para preservar el principio de igualdad de trato de todos los licitadores; b) que ese mismo día se remita comunicación de telegrama, telex o fax, en cuyo ámbito se incluye la modalidad de burofax, dado que es una marca comercial de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. caracterizado por ser un fax en oficina con fehaciencia al ser enviado por dicha entidad (Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal); y c) que la documentación sea recibida por el órgano de contratación en un plazo preclusivo e improrrogable de diez días. Estos tres requisitos son acumulativos, y el incumplimiento de alguno justifica la exclusión. En este sentido se ha pronunciado también el Tribunal de Contratación Pública de Madrid, en su Resolución 35/2016, de 24 de febrero.

Pues bien, consta en el expediente que los tres requisitos han sido cumplidos por el recurrente y que la decisión de excluir es ilegal. El órgano de contratación ha realizado una interpretación errónea de las exigencias del referido precepto reglamentario, confundiendo la exigencia de remisión de telegrama o fax (el burofax es un fax con fehaciencia) en el mismo día de la presentación, con la recepción ese mismo día por el órgano de contratación. Lo que exige la norma es que ese mismo día se remita comunicación de la presentación en ese registro, con el fin de que la Mesa de contratación espere los diez días para que se reciba la proposición. Y la actuación del recurrente resulta, por tanto, conforme a Derecho. Máxime cuando el artículo 31 del Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, aprobado por el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, dispone, que «Los envíos aceptados por el operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal, siguiendo las formalidades previstas en este artículo, se considerarán debidamente presentados, a los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.), y en su normativa de desarrollo».

Además, como ya advirtió el Tribunal administrativo de Contratos Públicos de Castilla y León, en su Resolución 3/2012, de 24 de abril, el artículo 80.4 del RGLCAP, como los anuncios de este procedimiento de contratación, refieren que el interesado debe justificar el «envío» (y anunciar la «remisión») de la oferta, esto es su salida, extremos correctamente acreditados en este caso; y no se refieren a la recepción o llegada telemática del documento (como pretende la Administración), lo que resulta razonable ante la posible existencia de impedimentos técnicos en destino, o por la imposibilidad del remitente de justificar el momento de la llegada del envío.

Por ello, no es correcta la actuación de la Mesa de contratación de excluir de la licitación a la empresa recurrente, ya que la documentación adjuntada a su recurso demuestra la presentación de la documentación en plazo.»