Observatorio de Contratación Pública

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Observatorio de recursos contractuales

Condiciones para la reducción de los plazos de publicidad del anuncio de licitación mediante anuncio previo: necesidad de que en términos esenciales se trate del mismo contrato.

Resolución 201/2016 Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid

23/12/2016

« Según establecen los artículos 159.1 del TRLCSP, y 77.2 del RGLCAP, la información que se integra en el anuncio previo será la misma que debe contener el anuncio de licitación, y que sea conocida en el momento del envío del anuncio previo. La finalidad del anuncio previo es que se permite reducir el plazo de 52 días del anuncio de licitación. Pero la reducción del plazo solo opera si el anuncio de información previa se ha enviado para su publicación antes de los 52 días y dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de envío del anuncio de licitación, siempre que en él se hubiese incluido, de estar disponible, toda la información exigida para éste.

Del tenor literal de estos artículos se deduce que el anuncio previo es potestativo y tiene carácter informativo, si bien ha de ser veraz con la doble finalidad de dar a conocer las características esenciales del contrato tales como el objeto, el precio y la cuantía, debiendo estimarse su valor de acuerdo a los precios del mercado referido al momento del envío del anuncio de la licitación y con el objeto de informar y facilitar la concurrencia de potenciales licitadores permitiendo, en ese supuesto, acortar los plazos para la presentación de sus proposiciones, por lo que el contenido del anuncio previo aunque no necesariamente debe coincidir con el de licitación, pues se admiten modificaciones derivadas de la concreción de la información que se conoce en este momento respecto de la información previa, sí debe referirse al mismo objeto contractual. Por ello se pide el detalle de los códigos CPV, para verificar la equivalencia, que no la identidad, entre ambos anuncios.

(…) No obstante, no se cumple la segunda condición relativa a que el anuncio previo se debe corresponder en cuanto a la información anticipada con la que luego se publica en el anuncio de licitación. En este caso se ha modificado el valor estimado del contrato y no se ha hecho constar el valor desglosado por grupos de productos referidos a partidas del vocabulario CPV. No es que se haya concretado la información que se conocía en el momento del anuncio previo en cuanto a importe y objeto, sino que se ha modificado el objeto del contrato descrito en el Apartado II.1.4 de ambos anuncios descritos como 2 y 3 (donde decía renovación de la red de comunicaciones móviles ahora se dice renovación de parte de la red) y por ende se minora el importe. En consecuencia, procede, estimar el motivo de recurso ya que el plazo de presentación de ofertas no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 159 del TRLCSP por cuanto no concurren los supuestos de reducción en él contemplados.

(…) La enumeración del precepto, en su inciso final[Disposición Adicional Vigésimo Tercera del TRLCSP], si bien va referida a prácticas concertadas es meramente enunciativa y no limitativa, debiendo practicarse la referida notificación en cualquier caso en que se aprecie posible infracción en materia de defensa de la competencia y cuando aún de forma individual se pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de contratación.

(…) La obligación de notificar a la que se refiere la Disposición Adicional Vigésimo Tercera del TRLCSP surge al existir conocimiento de una posible infracción de la normativa en materia de defensa de la competencia. No se requiere por tanto una infracción acreditada, cuya apreciación corresponde a la CNMC, sino que basta que por este Tribunal se considere que puede existir tal infracción, para que se deba dar traslado del recurso.

(…) El Tribunal considera que la existencia de indicios de prácticas contrarias a la libre competencia y, a solicitud de la recurrente, en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional 23ª del TRLCSP debe ponerlo en conocimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para su pronunciamiento, por si pudiera constituir infracción de la legislación de defensa de la competencia. Si bien es cierto que la disposición adicional 23ª del TRLCSP no tiene carácter básico (disposición final segunda apartado 3 del TRLCSP), la Comunidad de Madrid no cuenta con legislación propia. La dicción literal extiende la obligación de notificación a toda práctica presuntamente anticompetitiva que sea conocida en el ejercicio de sus funciones. Las entidades públicas y en especial los órganos encargados de la resolución del recurso especial en materia de contratación deben ser especialmente activos en la promoción y defensa de la competencia ante la CNMC. Considera el Tribunal que en aplicación de la obligación legal, ante una petición expresa deberá ser especialmente cuidadoso en apoyar la realización de la notificación si aprecia almenos indicios de prácticas contrarias a la ley, no pudiendo fundamentar su negativa a la remisión en una argumentación de que tales indicios no constituyen infracción de la Ley 15/2007, pues eso supondría un pronunciamiento sobre el fondo para el que no resulta competente.

Por otro lado, la resolución que dicte el Tribunal no ha de ser necesariamente posterior a la de la CNMC con suspensión del procedimiento de recurso hasta el pronunciamiento de la Comisión. Tal decisión de suspensión supondría que el Tribunal no se podría pronunciar hasta conocer la decisión de la CNMC que puede dilatarse hasta 18 meses según la Ley 15/2007. Considera el Tribunal que se trata de ámbitos competenciales distintos y delimitados, por lo que nada obsta para dictar resolución, la dación de cuenta a la CNMC, y su posterior resolución y sin que ello suponga infracción del principio non bis in idem. Como hemos señalado más arriba la CNMC será competente para conocer las infracciones de la Ley 15/2007 y el Tribunal se limita a remitir los datos que posea, resolviendo el recurso conforme a las exigencias de legalidad y respeto de los principios generales del TRLCSP.»

 

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