Observatorio de Contratación Pública

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Observatorio de recursos contractuales

Inmodificabilidad del modelo de declaración responsable. Exigencia de disponer de Delegaciones en cada Comunidad Autónoma que, aun siendo justificable, se configura, de facto, como condición exigible ab initio a todos los licitadores

Resolución 999/2016 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

23/12/2016

«Siendo la determinación de los requisitos de solvencia exigibles en una licitación competencia del órgano de contratación, y siendo la declaración responsable un documento sustitutivo de la documentación administrativa acreditativa de la aptitud para contratar, se ha de concluir que, aprobado un modelo de declaración responsable e incorporado el mismo a los pliegos, dicho modelo adquiere fuerza vinculante para los licitadores, que han de ajustarse a su contenido sin salvedad ni reserva alguna (artículo 145.1 del TRLCSP). Resulta, por ello, incuestionable la obligación que incumbe a aquéllos de ajustarse, en caso de optar por la presentación de declaración responsable en sustitución de la documentación administrativa, al modelo establecido en el pliego. En consecuencia, ninguna infracción jurídica concurre por el hecho de que un modelo de declaración responsable explicite que no se admiten modificaciones a su contenido.

Como afirma el órgano de contratación en su informe al recurso, la presentación de la declaración responsable no es obligatoria para los licitadores, sino meramente opcional. Los licitadores pueden presentar una declaración responsable, o la documentación administrativa exigida en los pliegos para acreditar su capacidad y solvencia. Pero, si optan por la presentación de una declaración responsable, y si los pliegos recogen un modelo de declaración, han de ajustarse a su contenido, siendo lícito y ajustado a Derecho exigir su íntegro y exacto cumplimiento.

(…) Sobre las anteriores premisas, procede examinar, en primer lugar, si la exigencia de disponer de una Delegación en cada Comunidad Autónoma de las que conforman cada lote es justificada y proporcionada; y, en caso afirmativo, si dicha exigencia opera como un requisito de solvencia (tal y como sostiene la recurrente), o como compromiso de adscripción de medios (artículo 64.2 del TRLCSP) que actúa sólo en fase de ejecución, como sostiene la CRTVE.

En cuanto a la justificación y proporcionalidad de la exigencia, CRTVE alega en su informe al recurso que la prestación objeto de contrato exige en todo caso una vigilancia física o presencial, sin que tengan cabida en este caso los sistemas de vigilancia remota a través de medios tecnológicos a los que alude la recurrente. Y así se desprende, en efecto, del expediente de contratación. Añade CRTVE que las Delegaciones son necesarias para la prestación de los servicios fijos (los ordinarios que se prestan en los centros de trabajo de CRTVE por un periodo igual o superior a un año) y extraordinarios (programas, grabaciones, retransmisiones o eventos de carácter temporal, desplazamientos de las Unidades Móviles a cualquier punto de la geografía española), siendo imprescindible proteger la señal y garantizar una emisión ininterrumpida, todo ello sin perjuicio de los servicios de refuerzo por motivos de urgencia, que son imprevisibles, y en los que es impensable tanto dese el punto de vista operativo como económico el desplazamiento de vigilantes de una Comunidad Autónoma distinta de la del lugar de prestación del servicio.

(…) Las anteriores justificaciones, vinculadas a las características del contrato y a razones de interés público, resultan plausibles y permiten admitir la necesidad y proporcionalidad de la exigencia de disponer de Delegaciones en las Comunidades Autónomas que conforman cada lote. Pero no ocurre lo mismo con el tratamiento que se ha dado a la misma en los pliegos.

(…) Aunque formalmente la exigencia de continua referencia no se incluye en la regulación de la solvencia del PCG, sino en las condiciones de ejecución del servicio del PPT, lo cierto es que, materialmente, opera como una circunstancia que condiciona y limita la posibilidad de concurrir a la licitación. Y ello por cuanto que:

1º. Se exige a todos los licitadores (“empresas ofertantes”) disponer como mínimo de una Delegación en cada Comunidad Autónoma que conforme el lote, y ello al tiempo de publicarse los pliegos, debiendo aportarse información sobre dichas Delegaciones (certificadas por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana) en las propias ofertas. La redacción de la cláusula dista mucho de recoger un mero compromiso de adscripción de medios del artículo 64.2 del TRLCSP, con arreglo al cual bastaría que los licitadores se comprometiesen a cumplir esa exigencia en la fase de ejecución del contrato, siendo exigible su acreditación sólo al licitador que resultase adjudicatario. El PPT exige a todos los licitadores acreditar en sus ofertas, ab initio, la disposición de las mencionadas Delegaciones.

2º. Sin ese requisito, se prevé expresamente que las ofertas no se considerarán aptas, por lo que no podrán pasar a la segunda fase del procedimiento de adjudicación previsto en el PCG. Efectivamente, la cláusula 2.a) del PPT supedita la posibilidad de acceder a la segunda fase de valoración al cumplimiento del requisito de disponer de Delegaciones en las Comunidades Autónomas, sin cuya acreditación las ofertas se considerarán no aptas, es decir, quedarán, de facto, excluidas del procedimiento de contratación.

En aplicación de la doctrina del Tribunal anteriormente expuesta, ha de considerarse que la cláusula 2.a) del PPT contiene una exigencia que no opera como compromiso de adscripción de medios, sino como un requisito de arraigo territorial exigible ab initio a todos los licitadores y restrictivo de la concurrencia. Procede, por todo ello, estimar el recurso también en este punto.»

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