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Competencia del Tribunal en la tramitación de emergencia del artículo 113 TRLCSP
17/03/2017
Resolución 102/2017 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

«Señala el órgano de contratación en su informe que el recurso resulta inadmisible, dado que el procedimiento se tramitó por el procedimiento de emergencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 TRLCSP: "Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional: (…). En tales casos, el artículo 40.4 TRLCSP señala que no procederá el recurso especial regulado en ese precepto.

Ahora bien, tal y como señala el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan como propia, por lo que corresponde a este Tribunal determinar si concurren las circunstancias establecidas en el artículo 113 TRLCSP por remisión del artículo 40.4 TRLCSP y que, entre otras medidas excepcionales, supondrían la exclusión de la competencia de este Tribunal. El hecho de que el órgano de contratación considere que concurren circunstancias que justifican la tramitación del procedimiento por urgencia no excluye sin más la posible competencia de este Tribunal para entrar a valorar si, efectivamente, la utilización de dicho procedimiento excepcional resultó conforme a Derecho, pues en otro caso el órgano de contratación podría eludir la oportuna revisión, mediante la mera invocación de tales circunstancias.

Procede, por tanto, entrar a valorar si la tramitación de emergencia del expediente se ajustó a derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 TRLCSP y la doctrina jurisprudencia y administrativa que lo interpreta. En este punto procede traer a colación el informe 20/2003, de 20 de junio de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa que tuvo ya ocasión de pronunciarse sobre esta ocasión en relación con el antiguo artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (…)

Es decir, para que proceda la tramitación de emergencia es necesario: i) que concurra alguno de los supuestos que taxativamente establece la ley, sin que sea suficiente cualquier otra circunstancia que dé lugar a una situación de urgencia; ii) que no sea suficiente para resolver la situación la utilización de otros procedimientos menos restrictivos de la libre concurrencia; iii) que la emergencia sea apreciada por el órgano de contratación y iv) que la tramitación se limite a lo estrictamente indispensable en el ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños derivados de esa situación. A los anteriores requisitos este Tribunal ha de añadir uno más: que la causa de la emergencia no sea imputable al propio órgano de contratación, es decir, que la situación de emergencia no hubiera podido ser evitada por el órgano de contratación mediante una actuación diligente.

Pues bien, es evidente que en el presente caso no se dan tales requisitos.

(…)Siendo así, no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 40.4 TRLCSP, y por tanto no cabe excluir de plano la competencia de este Tribunal, por lo que ha de analizarse si, con arreglo a lo dispuesto en los apartados primero y segundo del mismo artículo, nos encontramos ante un acto recurrible ante este Tribunal.

En primer lugar, la prestación que se licita, según se deduce de lo dispuesto en la cláusula 1 del “pliego de prescripción técnicas” es el “servicio de transporte por carreteras a personas usuarias del servicio de apoyo a la integración”. Siendo así, se trataría de un servicio de los incluidos en la categoría 2 del Anexo II TRLCSP y, al superar el valor estimado de 209.000 euros, se trata de un contrato de servicios sujeto a regulación armonizada y, por tanto, susceptible de recurso especial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.1 a) TRLCSP.

En cuanto al acto que se recurre, se trata del acuerdo de adjudicación, así como los documentos que rigieron la contratación, cuya conformidad a derecho es igualmente cuestionada por el recurrente, por lo que ha de afirmarse igualmente que estamos ante un acto recurrible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2 apartados a) y c) TRLCSP.

Pues bien, entrando ya en lo que se refiere al fondo del asunto, una vez determinada la falta de concurrencia de los requisitos a que se refiere el artículo 113 TRLCSP para la aplicación del régimen excepcional allí previsto, se concluye sin mayor dificultad argumental la nulidad de pleno derecho del procedimiento, toda vez que no se ha cumplido ninguna de las exigencias establecidas legalmente en relación con el inicio, tramitación y resolución del procedimiento de contratación.»