Observatorio de Contratación Pública

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Actualidad

Informe sobre la Justicia Administrativa 2019

25/07/2019
Informe Justicia Administrativa 2019

El Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa de la Universidad Autónoma de Madrid, ha publicado bajo la dirección de la profesora Silvia Díez Sastre ( junto con César Martínez Sánchez (coord.), Alfonso Egea de Haro, Alfonso Esteban Miguel, Alicia González Alonso, Ester Marco Peñas, Isaac Martín Delgado, Fernando Pastor Merchante y Jesús Redondo Martín), el Informe del 2019, dando cuenta, como en años anteriores,  de los indicadores anuales de la justicia administrativa  en España.  

La realización del estudio ha sido posible gracias a la financiación del Consejo General del Poder Judicial y del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

En lo que a la contratación pública se refiere sus conclusiones son:

1) Importante incremento del número de nuevos asuntos ante los órganos de recursos contractuales

Se aprecia una tendencia a la subida del número de nuevos asuntos en todos los órganos de recursos contractuales. Ese incremento oscila entre el 30% y el 50% y puede ponerse en relación con una importante variación de los datos en torno a la tasa de resolución y la tasa de congestión de los tribunales. Aunque las razones de esta subida pueden ser múltiples, parece probable atribuir un importante peso a la reducción de los umbrales económicos que permiten acceder al recurso operada por la LCSP de 2017.

2) Deterioro de la información ofrecida por los órganos de recursos contractuales

La fuente principal de información sobre el funcionamiento de los órganos de recursos contractuales ha sido, desde su creación, las memorias que han publicado puntualmente. En 2018, sin embargo, a 15 de junio de 2019, solo tres órganos de recursos han publicado sus memorias (TARCJAndalucía, TACGal y TARCCyL); a lo que hay que añadir que algunos órganos llevan más de dos años sin publicar sus memorias. Esta circunstancia puede ponerse en relación con la importante sobrecarga de actividad que están experimentando desde hace años y que en 2018 se ha hecho más evidente. El resultado es un preocupante deterioro de la transparencia en el ejercicio de su actividad.

3) Pruebas de sobrecarga en algunos órganos de recursos contractuales

El análisis exhaustivo del funcionamiento de los órganos de recursos contractuales permite identificar pruebas de sobrecarga. La tasa de resolución desciende con carácter general, al tiempo que asciende la tasa de congestión. Asimismo, se observa un aumento de la duración de los procedimientos, en los casos en que se ofrecen datos al respecto.

4) Más medios y más independencia para los órganos de recursos contractuales

A la vista de las anteriores conclusiones, parece claro que es preciso poner a disposición de los órganos de recursos contractuales más medios, que les permita hacer frente al mayor volumen de actividad, garantizando la eficacia y rapidez del recurso especial. Asimismo, hay que reforzar su independencia, asegurando la dedicación exclusiva de sus miembros y la independencia de sus colaboradores o asesores, y dotándoles de un presupuesto adecuado y suficiente para adecuarse a las fluctuaciones de su volumen de actividad.

Más información:

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