Observatorio de Contratación Pública

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IV Reunión de coordinación de Tribunales y Órganos de recurso especial en materia de contratación pública

Se recogen una serie de conclusiones que se alcanzaron de acuerdo a las cuestiones planteadas en el orden del día.

07/09/2015
Imagen de archivo de libros

Asistentes:

  • Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. El Presidente, D. Juan José Pardo García-Valdecasas; los vocales, D. Manuel Renedo Omaechevarría y D. José Santos Santamaría Cruz; el asesor, D. José Luis Borque Ortega y la Secretaria General, Dª. María José Rodriguez Matas.
  • Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. La Presidenta, Dª. María José Santiago Fernández, y los vocales, Dª. Lourdes Ruiz-Cabello Jiménez y D. Manuel Gutiérrez González.
  • Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. El Presidente, D. José María Gimeno Feliú, y la Secretaria, Dª. Ana Isabel Beltrán Gómez.
  • Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León. El Letrado Secretario, D. Luis Gracia Romero.
  • Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. La Presidenta, Dª. Elena Hernaéz Salguero, y los vocales, Dª. Lourdes Montilla Gordo y D. Juan Martínez Martínez.
  • Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra. El Presidente, D. Javier Martínez Eslava, y el Vocal, D. Francisco Javier Vázquez Matilla.
  • Órgano Administrativo de Recursos Contractuales del País Vasco. El Presidente, D. José Antonio Ausín, y el asesor jurídico, D. Javier Serrano Chamizo.
  • Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. El presidente, D. Pedro Gómez Jiménez.
  • Excusó su asistencia, aunque planteó previamente diversas cuestiones, el Presidente del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, D. Juan Antonio Gallo Sallent.

Cuestiones planteadas en el orden del día de la reunión:

  1. Qué hacer en relación con la aplicación de las nuevas Directivas de contratación si transcurre el plazo de transposición sin que se haya aprobado la nueva Ley de Contratos del Sector Público. 
    Para el supuesto de que antes de finalizar el plazo de transposición (18 de abril de 2016) no estén aprobadas las leyes de contratos en tramitación, se considera que los tribunales de contratación deben aplicar los preceptos incondicionados, de aplicación directa, de las directivas. A tal efecto, se acuerda constituir un grupo de trabajo de forma voluntaria por miembros del TACP de Aragón, del País Vasco y de Madrid, al objeto de que elaboren un estudio los preceptos que pueden verse afectados, con objeto de que en una próxima reunión de coordinación a celebrar en febrero-marzo de 2016 se pueda adoptar un criterio detallado y uniforme que se publicaría en las respectivas web de los tribunales administrativos de contratación.
  2. Recalificación como servicio del contrato de gestión de servicios públicos. Recurso contra la adjudicación. Posibilidad de suspensión del procedimiento cuando el contrato está formalizado. 
    Se plantea por la Presidenta del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía la posibilidad de adoptar la medida cautelar de suspensión del procedimiento de contratación, cuando a consecuencia de una recalificación de la naturaleza jurídica del contrato de la que resulta la sujeción al recurso especial, se conoce del recurso habiéndose formalizado ya el contrato, e incluso estando en ejecución. Se plantea tal cuestión puesto que el TRLCSP prevé el recurso como precontractual y por tanto, no podría suspenderse la ejecución de aquellos actos que se producen después del acto recurrido (adjudicación) puesto que la medida cautelar va ligada a la interposición del recurso.
    Los presidentes del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y del Tribunal de Contratos Públicos de Aragón, coinciden en que el TRLCSP, en su artículo 45 dispone la suspensión del expediente de contratación (y no solamente de la eficacia del acto de adjudicación) por lo que podría acordarse el mantenimiento de la suspensión de la ejecución, pues ésta debería operar “ex lege” de forma automática y añaden que debe garantizarse el efecto útil del recurso especial.
    La Presidenta del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid señala que en situaciones similares este órgano ha concedido medida cautelar de suspensión con arreglo a las normas generales de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
    Algunos de los asistentes concluyen que en supuestos similares al planteado sería posible proceder a la suspensión de la ejecución del contrato, por diferentes vías jurídicas.
    Algunos de los asistentes consideran más correcto que se acuerde el mantenimiento de la suspensión de la adjudicación y que la extensión de los efectos de dicha medida cautelar hacia los actos posteriores al acto de adjudicación quede a la decisión del órgano de contratación quien podrá acordar la suspensión de la ejecución del contrato.
  3. Solvencia de la UTE y acreditación de solvencia con medios externos. Cuestión relativa a la necesidad de acreditar un mínimo de solvencia por parte de cada una de las empresas agrupadas en la unión temporal o por parte del licitador que integra su solvencia con medios externos.
    En el caso de la acreditación de la solvencia de la UTES se comparte la necesidad de que todos los integrantes de la UTE tengan un mínimo de solvencia al objeto de admitir la integración de solvencia con medios externos, siendo en todo caso elemento clave en esa integración acreditar la “disposición efectiva de los medios”.
    De otro lado se analiza la relación que, en su caso, pueda existir entre la integración de solvencia con medios externos y la puesta a disposición de los mismos en la ejecución del contrato.
    También se cuestiona la utilización de la integración de solvencia como medio para que puedan licitar “empresas pantalla” que no ejecutarán por sí mismas el contrato, concluyéndose que con carácter general no debe admitirse la licitación a través de tal tipo de sujetos interpuestos.
  4. Valoración del nuevo régimen de recursos de contratación en el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público.
    Se considera que el plazo de interposición de recurso especial contra los pliegos, carece de concreción suficiente en el Anteproyecto de Ley en tramitación. Por otra parte sería deseable que ese plazo fuera lo más amplio posible para que, sin interferir en el procedimiento, posibilitara la presentación de recursos que evitaran otros respecto a actos posteriores. Se acuerda proponer que en la nueva ley se concrete un plazo para impugnar los pliegos y se propone que se establezca que el plazo para impugnar los pliegos coincidirá con el de presentación de ofertas.
  5. Sistema de intercambio de información para implementar la coordinación entre Tribunales.
    Se promueve por parte del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón y se acepta por todos los presidentes, la creación de un sistema de intercambio de información para evitar discrepancias entre los tribunales. Este sistema de carácter informal, se articularía a través de un espacio o plataforma virtual de acceso restringido a los miembros de los tribunales. El OARC de Euskadi se ofrece para el diseño e implantación de la correspondiente herramienta.

Asimismo se trataron otras cuestiones de interés que dieron lugar a diversos debates, si bien no se recogen en el presente documento por cuanto no se alcanzaron conclusiones sobre las mismas.

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