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El interés público como presupuesto de la renuncia valida a la celebración del contrato
22/04/2016
Acuerdo 32/2016 Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.
  • Más información: Acuerdo 32/2016, de 29 de marzo de 2016, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón - Descargar PDF

«TERCERO.- La cuestión de fondo del recurso, radica en determinar si concurren o no las circunstancias que habilita el artículo 155 TRLCSP para poder acordar la renuncia del procedimiento.

(…)La renuncia, por motivos de interés público, implica la no realización de la prestación objeto de la licitación, por resultar innecesaria o no ser conveniente. Así lo advierte la STJUE de 11 de diciembre de 2014, Croce Amica One Italia Srl, que recuerda que la normativa europea no establece que la renuncia del poder adjudicador a adjudicar un contrato público se limite a casos excepcionales, o se base necesariamente en motivos graves. En todo caso, por razones de transparencia, sí se obliga a la entidad adjudicadora a comunicar, en el caso de que decida cancelar la licitación, los motivos de su decisión a los candidatos y a los licitadores, lo que no implica que la entidad adjudicadora esté obligada a llevar a término el procedimiento de adjudicación.

En conclusión, la existencia de interés público en la renuncia, justifica la validez de la misma. Y el control de legalidad —que no de oportunidad— que puede realizar este Tribunal administrativo se limita a verificar si concurre, o no, el presupuesto habilitante de la renuncia: la existencia de interés público.

(…)La renuncia a la celebración de un contrato público, se configura como acto unilateral y dispositivo de la Administración porque la contratación pública no constituye un fin público en sí misma, sino en la medida que atiende a la finalidad de satisfacer un interés público. Ahora bien, para ello debe respetar el elemento reglado consistente en la necesidad de que concurra algún motivo de interés público para renunciar, dejando constancia de dicho motivo en el expediente en que se contiene la acreditación documental del procedimiento (entre otras, Sentencia núm. 282/2014, de 16 diciembre, del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife).

En la renuncia al contrato estamos ante una causa habilitadora sobrevenida de una razón o motivo de interés público que hace desaparecer la causa del contrato, y cuyo límite es la arbitrariedad de la Administración. En definitiva, la cuestión se reduce a si la prerrogativa conferida al órgano de contratación para la renuncia del contrato, se ha ejercido en los términos y exigencias que establece la ley.

(…)El órgano de contratación, desde el mismo momento en que se plantea la posibilidad de renunciar al contrato, porque entiende que concurren motivos de interés público económicos —que son contrarios a la vinculación de la Administración a un contrato de concesión de obra pública durante veinte años—, los cuales tienen su fundamento en principios de actuación administrativa —como la eficiencia del gasto público, la consecución de objetivos al menor coste posible, o la proporcionalidad conforme a la cual la medida a adoptar ha de ser adecuada al fin que la justifica y equilibrada—, derivándose para el interés general unos beneficios superiores con la renuncia, a los inconvenientes que comporta; se plantea también fundamentar su ejercicio en razones de interés público.

(…)El interés público asume un papel fundamental como cláusula de habilitación para el ejercicio de potestades públicas, en especial cuando la Administración, en este caso el órgano de contratación, debe desarrollar funciones que comprometen el cumplimiento de otras necesidades que también debe atender. Ello normalmente ocurre cuando se trata de resolver «estados de necesidad» en el campo del Derecho público, o sea, obligaciones ineludibles e imperativas que una autoridad tiene de actuar, ya que de no hacerlo podrían en un momento dado sobrevenir males o perjuicios mayores. A esta finalidad, y no a otra, responde la potestad de renuncia a la celebración del contrato.

(…)De manera que no advierte este Tribunal arbitrariedad alguna, ni en la Resolución de 8 de febrero de 2016 del Director Gerente del SALUD, ni en la resolución del inicio del procedimiento de renuncia, ni en los informes, acuerdos y memorias que motivan dicha resolución. El procedimiento de renuncia, ha recabado también todos los informes que en su momento consideró como trámites necesarios, el Informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos, emitido al efecto para este procedimiento, como la autorización previa del Gobierno de Aragón, el Informe de la Dirección General de Presupuestos, o el Informe favorable de la Intervención General.

Lo relevante, cuando se ejerce la potestad de renuncia a la celebración del contrato, es que el órgano justifique su decisión en razones de interés público, con independencia de que con anterioridad los intereses públicos considerados fueran otros, o esos mismos en otra medida. Cuestión distinta es que ese interés público se avenga o acomode al interés privado, que asiste al licitador en la celebración de un contrato

(…)La renuncia a la celebración del contrato es una facultad que forma parte del propio procedimiento de licitación, por definición y atribución legal, y es precisamente debido a ello que, la propuesta de resolución de un procedimiento de concurrencia no constituya un acto declarativo de derechos ni defina la situación jurídica de los participantes, sino que constituye un mero trámite del procedimiento contractual que tiene por finalidad asegurar la más acertada resolución del mismo, y propicia la subsanación de las posibles deficiencias que puedan apreciarse, ya sea a instancia de los propios licitadores, ya sea de oficio por la propia Administración, como es en este caso.

Por ello no pueden prosperar las alegaciones relativas a la infracción de las normas de la potestad de revisión por la Administración. El órgano de contratación, no está revisando ninguna actuación, está ejerciendo las atribuciones que le otorga el ordenamiento jurídico en el seno del procedimiento de licitación del contrato.»