Observatorio de Contratación Pública

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Opinión

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José Miguel Carbonero Gallardo

La Ley de emprendedores y la contratación pública: por fin un aligeramiento de los procedimientos de adjudicación

Hoy hay una buena noticia para la contratación pública española. El periódico oficial del Estado publica la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (B.O.E. núm. 223, de 28 de septiembre).

Hoy hay una buena noticia para la contratación pública española. El periódico oficial del Estado publica la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (B.O.E. núm. 223, de 28 de septiembre). Siguiendo la costumbre legisladora de los últimos años, se trata de un texto de contenido heterogéneo, pues contiene medidas dirigidas a diversos sectores con el propósito general que enuncia su título. Y siguiendo también un hábito contemporáneo, no falta en esta Ley una modificación de la ley estatal de contratos públicos. Qué le vamos a hacer, aunque creo que todos preferiríamos otro estilo normativo, prefiero hacer algún comentario sobre el contenido de la reforma que la LE introduce en el TRLCSP. Porque me parece interesante, positivo; porque llevábamos mucho tiempo demandando algo así; e incluso porque entra en vigor al día siguiente de su publicación.

Yendo a lo importante, los artículos 42 a 47 integran el Capítulo II del Título IV LE, y bajo la rúbrica de “Medidas para impulsar la contratación con emprendedores”, modifican una serie de preceptos del TRLCSP. Esa denominación dice mucho del propósito de la reforma: se hace pensando en los emprendedores y ello es loable, y más en los tiempos que vivimos en España. Opino que, de paso, la reforma va a sentarle bien a la gestión de la contratación pública, aligerando incluso los procedimientos de adjudicación. Dicho de otro modo: gracias a la acuciante situación económica, se introducen en la contratación pública unas medidas que desde este ámbito se venían pidiendo casi clamorosamente desde hace años. Sea como fuere, en mi opinión hay que dar por bueno lo que ahora se modifica en el TRLCSP.

Los preceptos del TRLCSP que hoy se modifican son varios. En este breve texto de opinión yo comienzo por destacar la eliminación de la presentación de documentación por parte de todos los licitadores. A partir de ahora, los documentos acreditativos de requisitos previos (personalidad, representación, solvencia…) sólo se exigirán al propuesto adjudicatario en el caso de contratos de obras de valor estimado inferior a 1.000.000 de euros, y servicios y suministros con valor estimado inferior a 90.000 euros. La generalidad de los licitadores, con carácter preliminar al presentar sus proposiciones, sólo habrá de presentar una declaración responsable indicando que cumplen las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración (legalmente y las condiciones concretas de solvencia establecidas por el pliego, supongo).

Además, esta posibilidad puede ampliarse por los órganos de contratación mediante la correspondiente previsión en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Creo que aquellos no deberían tardar ni un día en introducir esa cláusula en sus pliegos (es muy importante la advertencia de Francisco Blanco en su opinión para este Observatorio en el sentido de tener en cuenta que la Directiva aún vigente exige para los contratos armonizados la presentación de la documentación con carácter previo a la oferta). Las ventajas que ello ofrece no son pocas: acaba con el penoso trámite de presentación de documentación administrativa por parte de todos los licitadores; con la ingente tarea de su calificación por parte de la Mesa de contratación o de los servicios administrativos; con el tradicional trámite de subsanación, y con las exclusiones preliminares de licitadores por defectos u omisiones documentales. La fórmula elegida es la más cómoda tanto para empresarios como Administración. La exigencia únicamente de declaración responsable sigue la estela iniciada por la Directiva 123/2006/CE, de Servicios en el mercado interior (Bolkestein), y ensayada ya en algunos procedimientos de contratación por la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, y por la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos de Navarra (tras las modificaciones introducidas en ella por la reciente Ley Foral 3/2013, de 25 de febrero). En definitiva, los empresarios ahorran costes (materiales, de tiempo de trabajo, de gestión); y la Administración también ahorra: fundamentalmente tiempo de trabajo especializado que podrá dedicar a otros puntos sensibles del procedimiento (sobre todo a la fase de adjudicación). Ambas partes, además, se beneficiarán de una reducción del tiempo de tramitación de los procedimientos de contratación, que está ya en unas cotas desmesuradas.

Me he extendido más en esta primera medida porque es la que merece más interés por mi parte. Al menos por mi condición de responsable de la tramitación de expedientes de contratación (los procedimientos son la médula de la contratación, y sin embargo su aplicación e inconvenientes prácticos parecen no preocupar mucho a los legisladores). Pero, ciertamente, las modificaciones que ha traído la LE no se quedan en la cuestión de la documentación sobre requisitos previos. Las diré resumidamente.

El artículo 65 TRLCSP queda modificado para elevar el umbral de exigencia de clasificación, y facilitar así el acceso de las pequeñas y medianas empresas a un mayor número de contratos públicos. Concretamente, a partir de ahora se requerirá clasificación para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, y de servicios cuyo valor estimado iguale o supere los 200.000 euros.

Se introduce un nuevo supuesto de nulidad contractual, que afectará a todas aquellas disposiciones, actos o resoluciones emanadas de cualquier órgano de las Administraciones Públicas (también, menos mal, para el resto de entes, organismos y entidades del sector público, según el art. 45 LE) que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración. Es decir, se le da rango de ley a la prohibición del favorecimiento de la experiencia en trabajos previos con la Administración, si no lo he entendido mal. Y si es así, estemos muy atentos, porque en mi opinión, el uso de la experiencia en los criterios de adjudicación es relativamente fácil de detectar. Pero la Ley declara la nulidad de las ventajas tanto directas como indirectas: estemos atentos, pues, por ejemplo, a los criterios de solvencia, en los que hasta ahora se ha incidido mucho menos, pero en los que pueden residir ventajas menos “visibles”. Los trabajos previos son admitidos por el TRLCSP como solvencia técnica, pero sin que quepa la discriminación a favor de los desarrollados para la Administración

La posibilidad de constitución de garantías mediante retención en el precio se amplía a los contratos de obras y de gestión de servicios públicos cuando las tarifas las abone la Administración contratante (esta posibilidad ya estaba admitida para los contratos de obras y servicios en el TRLCSP, art. 96.2, cuya redacción ahora se modifica). Se trata de una posibilidad interesante porque ahorra gastos a los empresarios, trámites y tiempo para ambas partes, y en los casos en que sea necesario, facilita la incautación a la Administración. En cuestión de garantías también se permite su acreditación por medios electrónicos, salvo que el pliego establezca otra cosa; y se reduce el tiempo de devolución para contratos de obras de valor inferior a 1.000.000 € y restantes contratos de valor inferior a 100.000 €, y para aquellos contratistas que tengan la condición de pequeños y medianos empresarios.

La LE modifica también el artículo 59.1 TRLCSP para que las empresas interesadas en integrar Uniones Temporales especifiquen tal circunstancia en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. Se da nueva redacción a los apartados 6 y 8 del artículo 216 TRLCSP para reducir el plazo de demora en el pago para que el contratista pueda optar a la resolución contractual. Y para terminar este repaso abreviado de las novedades, se introduce un nuevo artículo 228 bis a fin de que las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes puedan comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores, pudiendo los anuncios de licitación y los pliegos atribuir a esa obligación el carácter de condiciones esenciales de ejecución y su incumplimiento implicar la imposición de penalidades.

De alguna manera, esta modificación se anticipa en el tiempo a los mandatos que recibiremos de la futura Directiva comunitaria sobre contratación pública, y cuya aprobación está prevista para el próximo mes de diciembre. Ya veremos finalmente cuánto tiempo de anticipación habrá supuesto esta reforma parcial del TRLCSP, en función de las fechas en que se aprueben la propia Directiva y el legislador español la trasponga. Por lo pronto, el contenido de la modificación operada por la Ley de emprendedores ya es derecho vigente y merece mi opinión favorable. Confiemos ahora en que la puesta en práctica de las novedades confirmen estas primeras expectativas.

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Jefe del Servicio de Contratación administrativa y Patrimonio de la Excma. Diputación Provincial de Granada. Curriculum de José Miguel Carbonero Gallardo


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