Observatorio de Contratación Pública

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Opiniones

Rafael Juristo Contreras

La integración de la clasificación con medios externos tras la Ley 25/2013

Muchas empresas licitadoras y Administraciones Públicas se están planteando en las últimas fechas si, tras la modificación del artículo 65 TRLCSP por la Ley 25/2013, de 25 de diciembre, puede un licitador acreditar la clasificación exigida con medios externos cuando parte de la prestación tenga que realizarse por empresas especializadas, comprometiéndose el licitador a subcontratar su ejecución con esa empresa especializada.

Muchas empresas licitadoras y Administraciones Públicas se están planteando en las últimas fechas si, tras la modificación del artículo 65 TRLCSP por la Ley 25/2013, de 25 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, puede un licitador acreditar la clasificación exigida con medios externos cuando parte de la prestación tenga que realizarse por empresas especializadas, comprometiéndose el licitador a subcontratar su ejecución con esa empresa especializada.

El párrafo segundo del art. 65.1 TRLCSP, antes de su derogación, establecía lo siguiente:

En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización profesional, la clasificación en el grupo correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del precio del contrato

Se plantea en primer lugar si esta modificación es efectiva o queda en suspenso por aplicación de la disposición transitoria cuarta del TRLCSP (en la redacción dada por la Ley 25/2013, que modifica a su vez la que había introducido la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización). Esta disposición transitoria dice:

El apartado 1 del art. 65, en cuanto delimita el ámbito de aplicación y de exigibilidad de la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán los contratos de obras y los contratos de servicios, continuando vigente, hasta entonces, el párrafo primero del apartado 1 del artículo25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La nueva redacción que la Ley de Impulso de la Factura Electrónica y creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público da a los arts. 75, 76, 77 y 78 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el artículo79.bis de dicho texto refundido entrarán en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los requisitos, criterios y medios de acreditación que con carácter supletorio se establezcan para los distintos tipos de contratos.

No obstante lo anterior, no será exigible la clasificación en los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros ni en los contratos de servicios cuyo valor estimado sea inferior a 200.000 euros

A la vista de estos preceptos, se puede afirmar que el párrafo segundo del artículo 65.1 TRLCSP ha sido derogado por la Ley 25/2013, porque el párrafo primero de la disposición transitoria cuarta del TRLCSP pospone la entrada en vigor del apartado primero del art. 65 TRLCSP exclusivamente en lo referente al ámbito de aplicación y exigibilidad de la clasificación hasta que se apruebe la correspondiente norma reglamentaria de desarrollo.

Esta interpretación está en consonancia con la Circular 1/2014 de la Abogacía del Estado, que viene a concluir que <<la entrada en vigor del nuevo apartado 1 del artículo 65 del TRLCSP, en la redacción dada por la Ley 25/2013 y en los aspectos relativos al ámbito de aplicación y exigibilidad de la clasificación, no se producirá hasta la aprobación de las normas reglamentarias…>>.

Dicho esto, es conveniente recordar el alcance que tenía el precepto comentado, que eximía a los licitadores de estar clasificados en determinados grupos cuando parte de la prestación objeto del contrato tuviese que ejecutarse por empresas especializadas, que estando clasificadas en esos grupos sustituiría a la del licitador, debiendo éste comprometerse a subcontratarla en esos concretos trabajos (siempre que el importe de esta subcontratación no superase el 50 por 100 del precio del contrato). Con ello se permitía que empresas, especialmente las PYMES, pudiesen licitar en contratos (de obras principalmente) que de otra manera les resultaría imposible por no tener la clasificación exigida.

Por otro lado, hay que recordar la previsión del artículo 36.3 RGLCAP, que sigue vigente, aunque regula un supuesto distinto y más limitado al recogido en el párrafo segundo del art. 65.1 TRLCSP, ya que se refiere exclusivamente a los contratos de obras, y pasa además de ser una facultad del licitador (<<podrá suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar>> decía el precepto derogado) a una facultad de la Administración, que deberá recogerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y que de ejercitarse se configura como una obligación para el licitador (<<podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares la obligación del contratista>> establece el artículo 36.3 RGLCAP). Obligación de tener que subcontratar la parte de la obra que tenga que ser realizada por casas especializadas, que en ningún caso puede exceder del 50 por 100 del precio del contrato.

Diferente es la previsión contenida en el artículo 63 TRLCSP, que permite la integración de la solvencia con medios externos, cuando establece que << para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios>>, y que entra en juego en los contratos en los que no sea exigible la clasificación.

Por su parte, el artículo 67.3 TRLCSP, permite a las empresas pertenecientes a un grupo de sociedades valerse de la solvencia de otras empresas del grupo, para lo que debe acreditar que tendrá a su disposición los medios de las mismas para la ejecución del contrato. Este tema fue tratado en su día en el Informe 45/02, de 28 de febrero de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda que a su vez analiza esta cuestión a la luz de la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (sentencia de 14 de abril de 1994 en el asuntos C-389/92 y sentencia de 18 de diciembre de 1997 en el asunto C- 5/97) (Ballaast Nedam Groep NV) y en la sentencia del asunto C-176/98, de 2 de diciembre de 1999 (Host Italia), en las que el Tribunal establece los criterios de interpretación de las Directivas 92/50/CE y 93/36/CEE, las cuales fueron refundidas en la Directiva 2004/18/CE. El informe concluye que la acreditación de la solvencia puede realizarse mediante la descripción de medios que no son de su propiedad sino que pertenecen a otras empresas distintas de ellas con las que mantienen vínculos directos o indirectos, siempre que prueben ante el órgano de contratación que disponen de manera efectiva de los mismos para ejecutar el contrato.

De todo ello se deduce que hay que distinguir entre el supuesto de acreditación de la solvencia que se integra con la de otras empresas, para un determinado contrato, previsto en el artículo 63 TRLCSP (o acreditación de la solvencia con medios externos), del supuesto de la exención parcial de clasificación que preveía el párrafo segundo del artículo 65 TRLCSP (o integración de la clasificación propia con la de terceros). Mientras que en este segundo caso la subcontratación era necesaria para suplir la clasificación exigida en un grupo determinado, en el primero la acreditación de la solvencia con medios externos no siempre supone subcontratar.

Comoquiera que, conforme a la vigente disposición transitoria cuarta del TRLCSP, la clasificación es exigible en los contratos de obras y de servicios cuyo valor sea igual o superior a 500.000 euros y 200.000 euros respectivamente, parece que la posibilidad de exención parcial de clasificación que permitía el artículo 65 TRLCSP ha quedado suprimida para los contratos de servicios; subsistiendo en cambio para los contratos de obras limitadamente y en los términos previstos en el artículo 36.3 RGLCAP. Lo cual lleva a plantearse si esta modificación es conforme a las directivas europeas vigentes y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

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Abogado. Socio Director de Contiac. Curriculum de Rafael Juristo Contreras


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