Observatorio de Contratación Pública

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Opinión

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Juan Antonio Gallo Sallent

Ejecución de las resoluciones de los Tribunales Administrativos en materia de contratación

Un hito importante para los tribunales administrativos y órganos de resolución de contratos públicos es el hecho de que el Tribunal de Justicia de la unión Europea admitió a trámite la cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público en fecha 23 de julio de 2014 ( asunto C-203/14).

El artículo 19.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará “con carácter prejudicial, a petición de los órganos jurisdiccionales nacionales, sobre la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de los actos adoptados por las instituciones;”


El artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que “Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.”

Tenemos, pues, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aceptado que los tribunales administrativos y órganos en materia de contratación pública, y en este caso concreto el Tribunal Catalán de Contratos del sector Público, tienen la calificación de órganos jurisdiccionales de acuerdo con la normativa comunitaria. Es decir, tienen origen legal, tienen carácter de permanentes, aplican un procedimiento contradictorio aplicando las normas jurídicas y son independientes (asunto C- 54/96 Dorsch Consult).

En mi opinión, vienen a resaltar la naturaleza de “cuasi jurisdiccionales” que tienen estos órganos, y que las instituciones europeas, y el resto de organizaciones internacionales, reconocen a sus tribunales administrativos. Y más en este caso cuando estos tribunales administrativos han sido creados a instancias de la propia Unión Europea mediante la Directiva 66/2007.

Y esto es importante, pues se les atribuye una carta de naturaleza por parte del Tribunal de la Unión, que conlleva que estos tribunales administrativos y órganos de resolución de contratos públicos tengan unas características singulares dentro de la Administración Pública. Y en especial en lo referido a la ejecución de sus resoluciones. Una de las cuestiones sobre las que se tendrá que reflexionar en un futuro a la luz de las todavía escasas sentencias y autos de los Tribunales de Justicia que abordan, aunque sea de manera tangencial, el asunto.

La recentísima Sentencia del Tribunal Supremo en el recurso de casación Núm.: 3014/2013 fundamenta que:

“Se trata éste de un recurso de tramitación ágil pensado para, según la Directiva, poner remedio a la práctica observada en los poderes adjudicadores y las entidades contratantes de proceder a la firma acelerada de los contratos para "hacer irreversibles las consecuencias de la decisión de adjudicación controvertida" (considerando 4°). Por eso, el artículo 2.8 requiere a los Estados velar "por que las decisiones adoptadas por los órganos responsables de los procedimientos de recurso puedan ser ejecutadas de modo eficaz".

Así, pues, la perspectiva, desde la que debemos enjuiciar este litigio es la querida por los legisladores europeo y, en consonancia con él, español. Esto es, la de preservar la funcionalidad de este mecanismo de garantía prejudicial en el que, por los rasgos que definen legalmente al órgano que lo aplica y al procedimiento del que se sirve, concurre una cualificada presunción de legalidad y acierto, superior, si se quiere, a la que con carácter general se predica de la actuación administrativa (artículo 57.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).”

Continúa el Tribunal Supremo argumentando que:

“Es correcta la ponderación de intereses efectuada por la Sala de Barcelona. Ante todo, debemos confirmar el punto de partida desde el que los autos se pronuncian sobre la cuestión, que no es otro que el adoptado por la Directiva 2007/66/CE de la que trae causa el recurso especial en cuya virtud se adoptó la resolución que ACL quiere ver suspendida. Punto de partida que consiste en dar preferencia al interés público cuya satisfacción se ha buscado instituyendo ese remedio. O sea el de hacer posible una revisión eficaz de la legalidad de la adjudicación de contratos como la disputada por una instancia especializada, dotada de independencia, mediante un procedimiento ágil que lleve a una decisión rápida que, además, se lleve a efecto. Por eso, insisten tanto los considerandos de la Directiva en que este recurso debe ser eficaz y su artículo 2.8 lo enfatiza cuando ordena a los Estados velar para que las resoluciones que lo resuelvan sean ejecutadas de modo eficaz.”

Finalmente concluye, en la misma sentencia, que las resoluciones de los tribunales y órganos de recursos contractuales, en este caso el OARCC, tienen una “singular relevancia” por haberlo querido así el legislador europeo y, en consonancia, el español.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en auto de fecha 26 de marzo de 2013 razona que:

“Sin embargo, no puede dejar de señalarse ya a priori la profunda influencia que tiene en esta materia el Derecho europeo, que ha establecido unos estándares que deben seguir los Estados miembros en cuanto se refiere a los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos, contenidos en las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE, modificadas por la Directiva 2007 /66/CE.

La normativa europea pretende asegurar la existencia de mecanismos eficaces de garantía para los licitadores, de modo que se eviten las situaciones relativamente frecuentes en que el tiempo necesario para sustanciar los procedimientos ordinarios hace inviable revertir una situación ilegal, que se convierte por ello en un hecho consolidado. A tal fin, se establece la paralización inicial de los acuerdos de adjudicación de los contratos públicos, a fin de que un órgano independiente del poder adjudicador pueda resolver el recurso antes de que aquéllos desplieguen sus efectos. Además, se otorga una especial eficacia ejecutiva a las resoluciones de dicho órgano independiente,(…)”

Finalmente, el mismo Tribunal Superior de Justicia de Catalunya fundamenta en Auto de 19 de julio de 2013 que “el imperativo de eficacia de esta acción que impone la Directiva 2007/66/CE y la finalidad de evitar en la medida de lo posible los hechos consumados ha de ser un valor a considerar al resolver, precisamente, sobre la eficacia de la resolución o sobre su suspensión”.
 

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Presidente del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Curriculum de Juan Antonio Gallo Sallent


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