Observatorio de Contratación Pública

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Opinión

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Martín María Razquin Lizarraga

Llega la transparencia

Las Comunidades Autónomas y las entidades locales tienen nuevas obligaciones de transparencia tanto activa como pasiva.

El próximo día 10 de diciembre de 2015 entra en vigor en plenitud la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTBG) para las Comunidades Autónomas y las entidades locales que aún no se hayan incorporado a ella mediante leyes autonómicas previas.

Las Comunidades Autónomas y las entidades locales tienen nuevas obligaciones de transparencia tanto activa como pasiva. El régimen jurídico que instaura la LTBG es diferente de las obligaciones de transparencia específicas de la normativa contractual (Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público-TRLCSP). Ahora ya no se trata de que los interesados (normalmente los licitadores admitidos a la licitación que participan en los procedimientos de adjudicación) tengan derecho a conocer las condiciones de ésta y sobre todo el acuerdo de adjudicación, tarea que ha sido bien delimitada por los acuerdos de los Tribunales Administrativos de Contratación Pública y los informes de las Juntas de Contratación Administrativa, en explicación  de lo dispuesto en el artículo 151.4 del TRLCSP.

La LTBG inaugura ahora un nuevo sistema dirigido a las personas físicas y jurídicas que no participan en los procedimientos de adjudicación y que por tanto no son interesados en ellos.

Por un lado, impone obligaciones de publicidad activa y así el art. 8 de la LTBG exige que en el Portal de transparencia (que no es la Plataforma de Contratación del Sector Público) se publiquen, entre otra información que se detalla, los siguientes datos que afectan a los contratos: “Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente.

Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público” (apartado 1, letra a)).

Esta publicidad activa no requiere de ninguna petición o acto de exigencia por parte de los ciudadanos. Son las Administraciones Públicas (y demás entes del sector público) las directamente obligadas a su cumplimiento.

Esta obligación no se limita sólo a las Administraciones Públicas sino a todo el sector público, puesto que las obligaciones de transparencia activa alcanzan tanto a los sujetos del sector público (sin importar su carácter de entidades públicas o privadas) sino también a sujetos privados que perciben ingresos del sector público, tales como los partidos políticos, sindicatos o entidades empresariales y a las entidades privadas que reciban subvenciones públicas superando los límites señalados en el artículo 3. Y asimismo alcanza a los profesionales que presten servicios públicos y a los contratistas, que deberán facilitar esta información a las Administraciones o entidades obligadas a ofrecer esta publicidad.

A partir del día 10 de diciembre de 2015 también las personas físicas y jurídicas podrán dirigir una solicitud a las entidades del sector público autonómico y local para que les faciliten información pública, entendida ésta en un sentido muy amplio. Y para ello no tienen que tener la condición de interesados ni acreditar ningún tipo de interés en relación con la información de que se trate. Si la información versa sobre un servicio público o un contrato, la entidad prestataria o contratista deberá ofrecer esta información a la Administración o poder adjudicador obligado a darla.

Y las entidades tienen que responder en el plazo de un mes, resolviendo sobre la solicitud de acceso que les presenten, y entregando asimismo la información que se les pida. Existen límites a la información pública como son la protección de datos de carácter personal y de los secretos o datos empresariales. Las entidades obligadas poseedoras de la información deberán facilitarla cuando no concurra una excepción, siempre tasada e interpretada restrictivamente, o en otro caso expresar la causa concreta que impide el acceso en relación con cada caso, con publicidad de la resolución denegatoria.

Además a partir de esta fecha podrá intervenir como órgano de control el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, puesto que ya será de plena aplicación la LTBG para las Comunidades Autónomas y las entidades locales, siempre que medie convenio que lo articule, aunque ya viene funcionando respecto del sector público estatal y asimismo de aquellas Comunidades Autónomas que tienen norma propia de transparencia en vigor. El problema se presentará si las Comunidades Autónomas no crean una figura similar al Consejo citado y tampoco celebran convenios con el Consejo, puesto que en ese caso –como advierten las Resoluciones de la Presidente del Consejo de forma reiterada- no cabrá reclamación ante dicho órgano. Así pues en los territorios de España en que no se articule esta vía (directamente con la creación de Consejos específicos o celebración de convenios con el Consejo estatal) las personas físicas y jurídicas no gozarán de esta protección administrativa de un órgano especializado e independiente, siempre más ágil y además gratuita, y mucho más ventajosa que acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

A título de ejemplo, la Resolución de la Presidente del Consejo de 7 de julio de 2015 ordena al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas entregar al solicitante la información relativa a un contrato.

Por tanto, el 10 de diciembre de 2015 es una fecha determinante para la transparencia en España. Pero la entrada en vigor de la LTBG para las Comunidades Autónomas y las entidades locales requiere no sólo el cumplimiento de las obligaciones legales que se les imponen sino también la articulación de los instrumentos de garantía de la transparencia (el Consejo) que la LTBG implementa. Y sobre todo precisa de un cambio de pensamiento y de actitud por parte de los cargos y empleados públicos (del sector público).

La LTBG abre una nueva etapa que espero contribuya a que las actuaciones administrativas sean cristalinas y transparentes y a que los servidores públicos (que son en definitiva los encargados de aplicar la Ley) la consideren una medida positiva de mayor acercamiento a los ciudadanos y de prevención contra la corrupción, y una oportunidad para obtener más y mejores ofertas resultantes del aumento de concurrencia fruto del incremento de la transparencia.

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Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad Pública de Navarra Curriculum de Martín María Razquin Lizarraga


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