Observatorio de Contratación Pública

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Opinión

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Juan Carlos Romar Villar

Medios de acreditación de la solvencia: diferencias (8) entre la regulación de la Directiva 2014/24/UE y la del TRLCSP

A pesar de que los recientes pronunciamientos de la JCCA del Estado y de los Tribunales Administrativos de Contratación Pública dan por hecho que los preceptos de la Directiva 2014/24/UE relativos a medios de acreditación de la solvencia han sido ya incorporados al TRLCSP, un análisis comparativo de ambas normas evidencia significativas diferencias entre ellas.

Los recientes pronunciamientos (marzo 2016) de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y de los Tribunales Administrativos de Contratación Pública, dieron por hecho que la mayor parte de los preceptos de la Directiva 2014/24/UE relativos a la solvencia y, en especial, los referidos a los diversos medios para su acreditación, habían sido ya incorporados al ordenamiento español con anterioridad al 18 de abril del 2016, fecha en la que finalizó el plazo para la transposición de aquélla. Un análisis comparativo de las normativas europea y española, evidencian que a pesar de los cambios legales y reglamentarios introducidos en la normativa española, aún existen significativas diferencias entre ambas, y que varios de los preceptos comunitarios deben producir efecto directo.

Siendo diversas las normas que, posteriores a la publicación [28/03/2014] de las nuevas directivas de contratación, modificaron en España la regulación relativa a la solvencia, y en particular la relativa a los medios para su acreditación, resulta extraño que no se hubiera acomodado la normativa nacional a la normativa europea, aunque ciertamente más extraño aún resulta, que gran parte de esta nueva regulación comunitaria tampoco se encuentre recogida en el Anteproyecto de la Ley de Contratos del Sector Público [en lo sucesivo el Anteproyecto], ni que tales divergencias hayan sido puestas de relieve por el Consejo de Estado en su Dictamen al mismo.

Apuntemos esas diferencias, agrupándolas dependiendo de que la norma comunitaria deba producir hoy en día efecto directo [1) a 3)] o no [5) a 8)].

1) SEF. Volumen de negocio exigible. La Directiva señala que, excepto en casos debidamente justificados, el volumen de negocios mínimo anual exigible a los operadores económicos no excederá del doble del valor estimado del contrato. Esta posibilidad no es recogida en el TRLCSP, ni en el RGLCAP, no existiendo duda sobre el efecto directo del precepto, tal y como constato recientemente el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales [en lo sucesivo TACRC] en varias resoluciones [véase por ejemplo la número 465/2016].

2) SEF. Admisión de otros medios de acreditar la solvencia económica y financiera en circunstancias excepcionales. La posibilidad de acreditar la SEF por medios distintos a los señalados en el artículo 75 TRLCSP, se encontraba prevista en el artículo 64.2, hasta su supresión por la Ley 25/2013.

Frente a esta supresión, la Directiva 2014/24/UE reproduce en su artículo 60.3, con mínimas diferencias, el apartado suprimido del TRLCSP: “Cuando, por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el poder adjudicador, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado.” [Art.60.3.2º pfo. D.2014/24/UE].

Recientemente [15/07/16], la resolución del TACRC 586/2016, confirmo el efecto directo del artículo 60.3 de la Directiva vigente.

3) STP. Acreditación de la experiencia en los contratos que no son de obras. El TRLCSP, establece que para la acreditación de la experiencia, la relación de trabajos, se ha de acompañar de certificados, si bien en el caso de los contratos de servicios y suministros, se puede sustituir en los contratos privados, por una declaración del propio operador económico.

La Directiva continua manteniendo la exigencia de certificación para el contrato de obras, pero la elimina para los contratos de servicios, y no sólo en cuanto a la certificación, sino incluso respecto a la declaración sustitutiva del propio empresario.

***

Por lo que se refiere a los preceptos de la Directiva que considero carecen de efecto directo:

4) SEF. Declaraciones de entidades financieras. La posibilidad de acreditar la SEF a través de una certificación bancaria, eliminada en su día del TRLCSP, se sigue recogiendo la Directiva 2014/24/UE, [anexo XII, parte I, punto a)].

El Anteproyecto mantiene la supresión del TRLCSP.

5) STP. Instalaciones técnicas. Se prevé este medio de acreditación [Art.77.1c) y Art.78.1.c) TRLCSP] en relación a los contratos de suministros y servicios, pero no al de obra. La nueva Directiva no establece tal restricción.

6) STP. Medidas de gestión medioambiental. De modo similar al supuesto anterior, las medidas de gestión medioambiental pueden, en la nueva Directiva, ser requeridas como medio de acreditación de la STP en los contratos de obras, suministros o servicios. Por el contrario, en el TRLCSP, tal posibilidad no se prevé para el contrato de suministro:

7) STP. Subcontratación. En la nueva Directiva 2014/24/UE, la posibilidad de empleo de la subcontratación como medio de acreditación de la STP se extiende a todo tipo de contratos, no limitándose como en el TRLCSP [Art.78.1.i)] a los contratos de servicios:

8) STP. Sistema de gestión de la cadena de suministro. Medio de acreditación Introducido por la nueva Directiva [Anexo XII, parte II. d)], y no recogido en el TRLCSP, sí en el Anteproyecto [Art.89.1.g)].

 

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