Observatorio de Contratación Pública

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Opinión

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Natalia Francisca Cáceres Luarte

La relevancia de las sanciones a los proveedores en el marco de la Contratación Pública

Análisis a la condena de la Universidad de Chile por infracción a los Derechos Fundamentales del trabajador.

Durante el mes de junio del año en curso, la Universidad de Chile, reconocida como una de las mejores casas de estudios superiores en Chile ha sido condenada por el 2do Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago1, al pago de una suma cercana a los 48.000 euros, al incurrir –y acreditarse- la infracción de los derechos fundamentales de un docente de la Facultad de Economía y Negocios quien habría visto vulnerados no sólo su participación como docente, sino también la reducción de sus horas de docencia, investigación, remuneraciones, y un largo historial de reclamaciones ante las entidades administrativas internas y a su vez ante Contraloría General de la República como organismo superior de fiscalización de la Administración del Estado, contemplado en la Constitución Política, que goza de autonomía frente al Poder Ejecutivo y demás órganos públicos, siendo esencialmente una entidad que controla la legalidad de los actos de la Administración del Estado y resguarda el correcto uso de los fondos públicos, con independencia del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional.2

La situación anterior, podría ser considerada como una contienda más de índole laboral, si la sentencia en cuestión, actualmente firme y ejecutoriada, vale decir, habiéndose resuelto todos los recursos procedentes, no fuera constitutiva de causal de inhabilidad para contratar con el Estado. De esta forma, la Ley de Compras y Contratación Pública chilena N° 19.886, y su Reglamento D.S. N° 250, han contemplado esta situación particular como una sanción al proveedor del Estado, debidamente registrado que actúa en perjuicio de sus trabajadores, y que ha sido condenado judicialmente, o bien ha incumplido su obligación de pago de aspectos de índole social (sistema de salud y cotizaciones previsionales asociados a jubilación de los trabajadores).

De esta forma, la Dirección de Compras y Contratación Pública3 a través de sus disposiciones normativas, contempla en el artículo 4 de la Ley de Compras, y más largamente en el artículo 95 de su Reglamento las causales de suspensión del Registro de Proveedores del Estado, estableciendo que: La Dirección podrá suspender por un período máximo de 2 años a los Proveedores inscritos en el Registro, si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

  1. Si el Proveedor no ha declarado oportunamente el cambio o modificación de algún antecedente solicitado para la inscripción o para la actualización de su información.
  2. Si el Proveedor es condenado por incumplimiento contractual respecto de un Contrato de Suministro y Servicio, derivado de culpa o falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones y siempre que la Entidad afectada solicite a la Dirección su suspensión”. Dicha facultad de suspensión de un proveedor del Estado por parte de la Dirección de Compras nos lleva necesariamente a remitirnos a los requisitos que éstos deben de cumplir para acreditarse en dicho registro, y por tanto ser catalogados como proveedores “hábiles”, la necesidad de no incurrir en algunas de las causales contempladas en el artículo 92 del Reglamento, el cual dispone que: “Estarán inhabilitados para inscribirse en el Registro de Proveedores los que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:
    7) Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador; explicitando posteriormente que “(…) la inhabilidad durará 2 años a contar desde que el respectivo pronunciamiento se encuentre ejecutoriado”.

El análisis de la sentencia recaída en contra de la Universidad de Chile (Rol T-439-2016) nos lleva a situar por primera vez a un connotado proveedor del Estado, en la incertidumbre generada con la sanción aplicada y la posibilidad de futuras contrataciones con éste. En oportunidades anteriores, hechos de similares características han sido evitadas a través de acuerdos y/o avenimientos extrajurisdiccionales que han impedido la sanción provista en la normativa de compras, y de paso han permitido resguardar la estima del proveedor evitando la sanción social y económica que genera este impedimento legal.

La situación de la Universidad de Chile frente a esta suspensión del registro es ciertamente compleja, no sólo para ésta como sujeto sancionado, sino también para el Estado de Chile, quien contrata de forma habitual y regular de servicios tales como la realización de análisis y estudios de los cuales dependen políticas públicas y subsidios estatales entre las cuales se encuentra la Encuesta de Caracterización Económica CASEN, estudios de impacto ambiental o estudios asociados a salud como lo son aquellos desarrollados por el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos (INTA). Las ventas de bienes y servicios de la Universidad de Chile abarcan un sinnúmero de instituciones, entre las cuales se destacan las Fuerzas Armadas, el Gobierno Central, el Poder Legislativo y Judicial, además de las obras públicas, entre varios otros, todos los cuales también se verán afectados al no poder contratar con la Universidad de Chile, y de paso generando ciertamente un menor grado de competencia y de una u otra forma reduciendo los actuales estándares de participación de los proveedores que actualmente participan de los procesos de contratación llevados a cabo por estas instituciones.

Parece relevante a su vez destacar que en esta situación en particular, la Dirección de Compras tendrá la difícil misión de sopesar el deber-facultad de aplicar dicha sanción junto a los costos sociales aparejados frente a la aplicación de la misma, resultando complejo discernir si la sanción resulta realmente efectiva para el cumplimento de los fines de la normativa de compras y a su vez si ésta presenta verdaderamente un menoscabo real y efectivo al Estado y a otras instituciones durante el periodo de 2 años contemplado para este tipo de inhabilidades.

En cualquier caso, la sanción contemplada en la normativa chilena de compras públicas viene ciertamente a resguardar –y aplicar- lo que quienes analizamos y estudiamos la contratación pública entendemos como derechos sociales, mecanismos idóneos para prevenir y resguardar derechos de índole laboral, ambiental o incorporando criterios de género o de apoyo y promoción de pequeñas y medianas empresas. La sanción a la Universidad de Chile cumple sin lugar a dudas con lo dispuesto en la normativa legal (tanto laboral como aquella relacionada con el Derecho Administrativo y las Compras Públicas), pero plantea una nebulosa e incertidumbre en cuanto a la proporcionalidad y extensión temporal de su aplicación, no sólo considerando el volumen de recursos asociados a la contratación de esta casa de estudios como proveedor del Estado, sino también teniendo en cuenta la relevancia de las políticas públicas que dependen de este tipo de contrataciones, y como todos sabemos, el eventual impacto al PIB del país.

La Universidad de Chile, como cualquier otra casa de estudios de índole universitaria se compone de numerosas facultades (derecho, ingeniería, arquitectura, medicina, etc.), pero también de corporaciones, centros de investigación e institutos, todos los cuales contratan como proveedor del Estado a través de la Casa Central de dicha universidad, resultando toda éstas víctimas indirectas de la sanción impuesta a través de una sentencia judicial como resultado de la infracción de los derechos fundamentales –garantizados constitucionalmente- hacia un docente de la Facultad de Economía y Negocios.

Finalmente, cabe hacer énfasis en el hecho que las sanciones aplicadas hoy, han sido precisamente establecidas para evitar “malas conductas” de los proveedores, pero en muchas ocasiones, y al momento de la discusión parlamentaria de este tipo de leyes olvidamos aterrizar estas nomenclaturas legales a situaciones concretas, como es lo que sucederá de hoy en adelante con la universidad sancionada, alejándonos de aspectos que hoy cobran bastante sentido como lo son los criterios como proporcionalidad, y/o alternativas como la revisión, reclamación, reconsideración o sustitución de la sanción los cuales no sólo no se discutieron oportunamente, sino que también plantean más interrogantes y temores respecto del futuro de la Universidad de Chile como proveedor del Estado y los impactos gubernamentales que pueden generarse como resultado de esta sanción.

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1 La sentencia se encuentra disponible en la página www.pjud.cl, bajo el Rol T- 439-2016, en el banner “consulta unificada de causas”.

2 La labor de la Contraloría es eminentemente fiscalizadora de carácter jurídico, contable y financiero, destinada a cautelar el principio de legalidad, es decir, verificar que los órganos de la Administración del Estado actúen dentro del ámbito de sus atribuciones, con sujeción a los procedimientos que la ley contempla y utilizando los recursos públicos eficiente y eficazmente. Información disponible en www.contraloría.cl; [Último acceso el 8 de junio de 2017].

3 La Dirección de Compras y Contratación Pública es un organismo creado por la Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, cuyo carácter corresponde a la de un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y está sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda, y cuyas funciones –entre otras- corresponden a: asesorar a los organismos públicos en la planificación y gestión de sus procesos de compras y contrataciones; licitar la operación del sistema de información y de otros medios para la compra y contratación electrónica de los organismos públicos, velar por su correcto funcionamiento y actuar como contraparte del operador de estos sistemas; administrar, mantener actualizado y licitar la operación del Registro de Contratistas y Proveedores, otorgando los certificados técnicos y financieros, según lo establezca el reglamento; promover la máxima competencia posible en los actos de contratación de la Administración, desarrollando iniciativas para incorporar la mayor cantidad de oferentes; etc.

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Asesora PNUD, vinculada al Apoyo para la Implementación del Nuevo Sistema de Transporte Público de Santiago de Chile. Curriculum de Natalia Francisca Cáceres Luarte


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