Observatorio de Contratación Pública

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Opinión

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Manuel Ruiz Daimiel

El responsable del contrato en la nueva Ley de Contratos del Sector Público

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público obliga a los órganos de contratación a designar un responsable del contrato, lo que sin duda es un gran acierto.

La figura del responsable del contrato apareció por primera vez en nuestra legislación, en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, con la finalidad de reforzar el control del cumplimiento del contrato y agilizar la solución de las diversas incidencias que pueden surgir durante su ejecución.

Sin duda, esta figura venía a colmar una laguna existente en nuestro ordenamiento en lo referente al adecuado control por parte de la Administración de los contratos distintos al de obras. Efectivamente en un contrato de obras está el Director facultativo, que es la persona, con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, (Cláusula 4ª Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado), no existiendo hasta la ley de contratos de 2007 algo parecido para otros contratos.

Ahora bien, la Ley de Contratos del Sector Público de 2007 y el texto refundido, configuran al responsable del contrato como una mera opción que se pone a disposición de los órganos de contratación, para que usen de ella si lo consideran oportuno, al tener carácter potestativo, “Los órganos de contratación podrán designar un responsable del contrato”, nos dice el artículo 52 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).

Esta capacidad de elección para los órganos de contratación, desaparece con la flamante Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), ya que en su artículo 62 se obliga a los órganos de contratación a designar un responsable del contrato: “los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato”, lo que sin duda es un gran acierto de la nueva legislación.

Un gran acierto sí, pero sorprende que una ley tan puntillosa, con tan fuerte contenido reglamentario, dedique tan poco contenido a una figura que parece querer potenciar. Además de en el artículo 62, nuestro responsable solo es citado expresamente en tres ocasiones, y de manera contradictoria respecto a lo señalado en el artículo 62 en lo referente a su designación obligatoria.

Así tenemos que el artículo 194 LCSP, nos dice que corresponde al responsable del contrato proponer la imposición de penalidades, aunque a continuación añade si se hubiese designado, lo que es un error ya que como acabamos de ver ya no hay opción de designar o no al responsable del contrato.

El artículo siguiente, el 195, dispone que en los supuestos de prórroga de ejecución del contrato el responsable deberá informar sobre si el retraso en la ejecución es o no imputable al contratista.

Y por último el artículo 311 para los contratos de servicio prevé que el contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato. Aunque de nuevo nos encontramos una redacción errónea ya que vuelve a considerar la designación del responsable del contrato como opcional para el órgano de contratación.

La razón de tales erratas se debe a que en el proyecto de Ley remitido a las Cortes, el artículo 62 seguía configurando al responsable como una opción para el órgano de contratación. La obligación de su designación se ha introducido vía enmienda en el Congreso de los Diputados, pero como en otros casos en la LCSP, el legislador no ha tenido en cuenta que la modificación de un artículo puede implicar la modificación de otros.

En cualquier caso, del artículo 62 se puede extraer la configuración básica del responsable del contrato:

  • Su designación es obligatoria para los órganos de contratación.
  • Dada la ubicación del artículo 62, en el Capítulo I “Órganos de contratación” Título II “Partes del contrato” del Libro I “Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos”, la designación del responsable afecta tanto a los contratos administrativos como a los privados, sea cual sea la entidad del sector público que lo celebre, tenga o no la condición de poder adjudicador.
  • Le corresponde supervisar la ejecución del contrato y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, “dentro del ámbito de facultades que aquellos (los órganos de contratación) le atribuyan.” Por lo que en el pliego de cláusulas administrativas particulares deberá detallarse que facultades le corresponden al responsable del contrato.
    ¿Y qué facultades se le pueden atribuir al responsable del contrato? Evidentemente las relacionadas con la ejecución y extinción del contrato. Una cláusula sencilla en un pliego podría establecer que corresponden al responsable del contrato “Además de las recogidas expresamente en la Ley, el ejercicio de las facultades inherentes a la potestad de dirección del contrato, así como proponer al órgano de contratación el ejercicio de las prerrogativas que le correspondan por razones de interés público. Igualmente le corresponderá acreditar la conformidad de la prestación con lo previsto en el contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 198 y asistir al acto de recepción del contrato en calidad de representante de la Administración o en su caso, dar la conformidad final al contrato”.
  • Podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él, pero no podrá confundirse con la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos.
  • En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director Facultativo. De la literalidad del artículo 62.2 se infiere que ha desaparecido la posible existencia de las dos figuras en el contrato de obra, prevista en el artículo 52 del TRLCSP, que prevé que “En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato se entenderán sin perjuicio de las que corresponden al Director Facultativo”.
  • Para los contratos de concesión de obra pública y de concesión de servicio se designará una persona que actúe en defensa del interés general, para verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario especialmente en lo que se refiere a la calidad de la prestación.

En definitiva, un acierto de la nueva Ley, que debe servir para potenciar el control en la ejecución de los contratos. Si algunos, como es mi caso, hemos criticado algunos aspectos de la ley de contratos, y en particular determinados cambios introducidos en las Cortes al proyecto de ley remitido por el Gobierno, es justo reconocer también los aciertos, como es en el caso de la designación obligatoria de un responsable del contrato.

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Subdirector Adjunto Curriculum de Manuel Ruiz Daimiel


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