Observatorio de Contratación Pública

Observatorio de Contratación Pública

Opinión

LBL_CATS_SECCION
José Miguel Carbonero Gallardo

El colapso de la contratación administrativa

Titular estas líneas “el colapso de la contratación administrativa” puede resultar sensacionalista, pero para mí no deja de tener mucho sentido. Creo que actualmente la contratación administrativa es casi impracticable en términos de agilidad procedimental.

Ciñéndome al carácter de este espacio de opinión, quiero aprovechar la ocasión para expresar algún parecer propio, alguna reflexión. Es decir, no pretendo esbozar ningún artículo con aspiración doctrinal, ni cargado de referencias jurídicas. Las ideas que quiero expresar tienen suficientes (creo) fundamentos jurídicos, pero no es este el espacio en el que abundar en ellos citando numerosos preceptos.

Los legisladores de ayer y el de hoy han proclamado la búsqueda de la agilidad y la eficiencia de los procedimientos de adjudicación en casi todas las normas que han aprobado; sus Exposiciones de Motivos han incluido esas proclamas casi como contenido obligado. Y ello ha quedado casi siempre en nada, o en declaración de buenas intenciones. Es más: antes que ganar en agilidad procedimental, quien haya conocido (como es mi caso) la práctica de varias leyes ha podido comprobar cómo, a pesar de esas declaraciones, el procedimiento de contratación administrativa (permítaseme hablar de la administrativa) ha ido perdiendo agilidad y convirtiéndose en lo que actualmente es con el TRLCSP: un penoso itinerario burocrático que riñe a veces con las más elementales nociones de eficiencia. De este modo, resulta muy difícil persuadir a los gestores públicos de las virtudes de la contratación en orden a satisfacer sus necesidades de contratación; y aquellos pasan por la aplicación del TRLCSP, igual que sus aplicadores, con la resignación de sobrellevar un mal necesario.

Por decirlo de forma más gráfica, traigo aquí algunas muestras. Todas proceden de la Administración Local, no porque esta adolczca más de tal situación, sino porque es la experiencia de la que puedo hablar. Pues bien, ningún nuevo lector del TRLCSP podría imaginar que es muy difícil desarrollar, por ejemplo, un procedimiento abierto con varios criterios en un plazo inferior a un trimestre. Pero es así…siendo diligentes. Porque el lector novel leerá el plazo de presentación de proposiciones, el de adjudicación, el de interposición de recurso especial, el de formalización del contrato…y poco más que sumados le dibujan una expectativa temporal asumible (digo asumible, no razonable y mucho menos, breve). Pero la ingenuidad de ese lector (que suele serlo el gestor de los órganos proponentes del contrato) no le permite entrever siquiera que existen también el informe de fiscalización previa (y sus lógicos días de emisión, que pueden llegar hasta diez); el de legalidad de los pliegos (y sus también lógicos días de emisión…también hasta diez); la aprobación formal del expediente y la fe pública de ese acto administrativo (súmense varios días); algunos días de cola en el boletín oficial hasta la publicación del anuncio; la posibilidad de que algún licitador presente su proposición por correo postal, debiendo entonces aguardar su llegada hasta diez días; la convocatoria de la Mesa de Contratación para examinar la documentación administrativa; el plazo de subsanación de ésta (entre uno y tres); la siguiente convocatoria de Mesa para apertura pública de unos criterios; algunos días para la valoración de estos criterios; la convocatoria de Mesa para apertura de los restantes criterios; la propuesta de adjudicación; hasta diez días hábiles días para que el propuesto adjudicatario acredite varios extremos (entre ellos estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social); la adjudicación del contrato y la fe pública de ese acto administrativo; su notificación efectiva…

Si alguien piensa que exagero, conste aquí que la tramitación puede ser aún más desesperante. Por ejemplo puede ocurrir (y de hecho alguna vez ocurre), que el propuesto adjudicatario no acredite estar al corriente de sus obligaciones, en cuyo caso ha de formularse el mismo requerimiento al siguiente licitador…al que corresponde el mismo plazo de diez días hábiles que ya se concedió al primero. O que alguna de las proposiciones presentadas incurra en valor anormal o desproporcionado, debiéndose desarrollar el correspondiente incidente con audiencia al interesado e informe técnico… Verdadera y lamentablemente no exagero.

Y he partido del momento en el que el expediente está listo para ser aprobado; pero no he dicho nada del tiempo necesario para elaborar unos pliegos razonablemente buenos, a pesar de que considero que ello es fundamental y es a esa operación a la que no debería regatearse ningún tiempo.

Cierto es que sabiendo todo esto, debemos potenciar la previsión para anticipar las licitaciones; que debemos procurar adoptar herramientas electrónicas, técnicas para la racionalización de la contratación, etc. Pero ello no es suficiente. Es precisa también la ayuda de las normas, y de eso tienen que ser conscientes los autores de las normas; conscientes de la realidad práctica de los expedientes de contratación.

Ahora volvemos a alimentar la esperanza de que la próxima vez, el legislador centre todo su empeño en agilizar la contratación pública. Así lo ha anunciado la propuesta de nueva Directiva (COM 2011, 896 final). Ciertamente se anuncian, por ejemplo, la reducción de plazos de licitación y un procedimiento simplificado para los organismos subcentrales (autoridades regionales y locales). Ojalá esto se materialice, pero necesitamos también mucho de las normas internas españolas. De igual modo que nadie debe escudarse en las vigentes directivas comunitarias para justificar la falta de agilidad de nuestros actuales procedimientos. Porque buena parte de los ejemplos que he puesto no derivan de las Directivas, sino de la regulación que nuestra Ley y sus Reglamentos hacen del procedimiento administrativo de contratación. Así, por ejemplo, los informes que deben emitirse en el expediente; toda la regulación de la Mesa de Contratación; o la presentación de algunos documentos de los empresarios. Por aportar alguna propuesta más concreta aunque sólo pueda aquí apuntarlas sucintamente: las normas podrían (deberían) permitir que el examen de la documentación administrativa y el requerimiento de subsanación fuesen realizados por los funcionarios justo cuando finaliza el plazo de presentación de proposiciones; y sólo otra más: la justificación de estar al corriente de Hacienda y Seguridad Social debería exigirse preliminarmente (como antaño hacía la LCAP), y no suponer un trámite y plazo adicional antes de adjudicar (esto supondría una mínima molestia para los empresarios, evitando otra dilación del procedimiento que se multiplica si eventualmente la propuesta resulta fallida porque lo es a favor de alguien que no se encuentre al corriente de dichas obligaciones).
 

Volver a la página anterior

Jefe del Servicio de Contratación administrativa y Patrimonio de la Excma. Diputación Provincial de Granada. Curriculum de José Miguel Carbonero Gallardo

Artículos de opinión relacionados

  • ¡Más Observatorio de Contratación Pública!

    Leer opinión
  • Un ordenamiento con lagunas normativas: El caso de los convenios administrativos

    Leer opinión


Entidades Fundadoras y Financiadoras

  • Escudo de España y texto 'Ministerio de Economía y competitividad. Gobierno de España' sobre fondo amarillo
  • Poradad el paraninfo y texto 'Universidad de Zaragoza' en azul sobre fondo blanco
  • Logotipo de everis. Texto everis blanco en fondo verde

Apoyos Institucionales

  • LBL_ALT_LOGO_4
  • Circulo representado el mundo y edificio similar al partenon en azul sobre fondo blanco. Texto 'Adester' en azul oscuro
  • LBL_ALT_LOGO_5
  • Universidad de Almería
  • Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas Panamá
  • Logo de Contratación pública en Euskadi
  • Centro de investigación sobre justicia administrativa