Observatorio de Contratación Pública

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Opinión


  • Un futuro para SUSI

    Mar Martínez Pacheco Letrada de la Abogacía General de la Junta de Extremadura y miembro de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Extremadura.
    Un futuro para SUSI

    El objetivo último de toda compra pública es satisfacer necesidades que el poder adjudicador está obligado a atender.

  • La no publicación de los contratos inferiores a 5.000 euros satisfechos por anticipos de caja fija en las fundaciones públicas y sociedades mercantiles

    Alejandro Blázquez Lidoy Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Rey Juan Carlos.

    La cuestión que se plantea es cómo se aplica el límite de los 5.000 euros a los PANAP. En principio, caben tres opciones y, una de ellas sería que, al no haber un concepto de anticipo de caja fija en Derecho privado, los PANAP tienen que publicar y remitir la totalidad de los contratos realizados, con independencia de cuál sea su importe.

  • ¿Ha sobrevivido el contrato administrativo especial a la LCSP?

    Estela Vázquez Lacunza Técnico Superior de Apoyo. Cuerpo Superior Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

    La delimitación del contrato administrativo especial ha variado en las distintas regulaciones que se han sucedido a lo largo del tiempo.

  • ¿Realmente se quiere mejorar la contratación pública y reducir sus riegos?

    Germán Martínez Montes Catedrático de proyectos de Ingeniería - Universidad de Granada.

    Desde la Comisión Europea se insiste en considerar la misma como inversión ya que permite poner en valor tanto activos propios como de operadores económicos, siendo el resultado bienes, muebles o inmuebles, al servicio de la sociedad.

  • Seis materias que debe priorizar el control interno en la contratación pública española

    Iván Ochsenius Robinson Profesional e Investigador en Control y Evaluación de la Contratación Pública. Doctorando de la Universidad de Zaragoza.

    En la nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017) sigue existiendo una escasez de articulado referido a mayores medidas para controlar y supervisar esta materia, así como claridad de quién debe realizar esta labor.

  • Blockchain, Administración y contratación pública

    Miguel Ángel Bernal Blay Profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza

    La PNL sobre la introducción de tecnología blockchain en la Administración Pública dedica la mayor parte de su exposición de motivos a resaltar los beneficios de esa tecnología en el ámbito privado (señaladamente en el sector financiero e industrial), y despacha en apenas dos párrafos (de los nueve que conforman esta parte de la PNL) el potencial de blockchain para mejorar la actividad de la Administración.

  • Breve apunte sobre algunas consecuencias de la europeización de la legislación de contratos del sector público

    Xavier Codina García-Andrade Abogado del Área de Público, Procesal y Arbitraje y profesor de Derecho Administrativo en CUNEF. Doctor en Derecho.

    La complejidad de muchos de sus preceptos, las continuas remisiones entre los distintos artículos o las inconsistencias terminológicas han convertido a la LCSP en un producto jurídico solo apto para especialistas, que, de momento, escapa al diligente entender de un operador jurídico medio.

  • Primeras modificaciones parciales a la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017

    Jose María Gimeno Feliu Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza

    Sorprende no solo el hecho de la modificación, sino la norma legal utilizada, pues el TC ya ha advertido desde hace tiempo que las leyes de Presupuestos tienen una función normativa propia que limita su contenido a materias presupuestarias o de índole económica.

  • Repensar la colaboración público-privada en los tiempos de crisis

    Fernando Vicente Davila Doctor en Derecho por la Universidad de Vigo y Titulado Superior, Consellería de Economía, Emprego e Industria, Xunta de Galicia.

    El sistema de colaboración público-privada en el contexto de crisis fue considerado una solución al permitir inversión y financiación privada para acometer la construcción y explotación de infraestructuras públicas. Ahora el Tribunal de Cuentas Europeo, en su último informe de fiscalización pone entredicho la utilización de la colaboración público-privada en su variante de las asociaciones público-privadas (APP) como vía de optimización de recursos bajo demoledoras críticas que apuntan a sobrecostes, insuficiencias generalizadas, gastos ineficaces, falta de transparencia y retrasos.

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  • Luis Ángel Ballesteros Moffa

    Luis Ángel Ballesteros Moffa

    Profesor Titular de Universidad de Derecho Administrativo en la Universidad de León Ver su curriculum
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    Gerente del Área de Derecho Público de DELOITTE Abogados, para Aragón y La Rioja. Ver su curriculum
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    Profesora Doctora Contratada de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela. Ver su curriculum
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    Profesor titular de Derecho Constitucional. Abogado. Secretario Superior de Administración Local y Administrador General de la CCAA de Canarias (excedente). Ver su curriculum
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    Enlace Legal en la Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Bolivia. Ver su curriculum
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    Abogado de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira Ver su curriculum
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    Técnico de gestión de contratación pública Ver su curriculum
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    Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nicosia. Ver su curriculum


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