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Consecuencias de la prohibición de contratar recogida en del artículo 60.1.f) del TRLCSP
02/04/2013
Informe 14/2012, de 30 de noviembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya
  • Más información: Informe 14/2012, de 30 de noviembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comisión Permanente) (descarga de PDF de la Generalitat de Catalunya)

El artículo 60.1.f) del TRLCSP alude a dos prohibiciones. De un lado, a la prohibición de acuerdo con la que no pueden contratar con el sector público las personas físicas o jurídicas cuyos administradores se encuentren incursos en supuestos de incompatibilidad legalmente establecidos, prohibición que se extiende a sus cónyuges, personas vinculadas con una relación de convivencia afectiva análoga y descendientes. De otro lado, la prohibición acuerdo con la que no pueden contratar con el sector público las personas jurídicas cuando un cargo electivo local o su cónyuge, entre otros, tengan una participación en el capital de la empresa superior al diez por ciento, en el caso de contratos financiados por estas administraciones públicas.

Tales prohibiciones de contratar son de apreciación directa por los órganos de contratación y subsisten mientras concurran las circunstancias que, en cada caso, la determinan, (ex artículo 61.1 del TRLCSP).

En este Informe la Junta se pronuncia sobre si esta causa de prohibición de contratar ocurrida de forma sobrevenida afecta a un contrato ya formalizado. Entiende que las prohibiciones de contratar se configuran legalmente como un impedimento para poder contratar. En consecuencia, el requisito de no incurrir en ninguna causa de prohibición de contratar debe cumplirse, en todo caso, en el momento de presentación de las proposiciones y debe mantenerse hasta el momento de adjudicación y de formalización del contrato. Si un órgano de contratación adjudica un contrato a una empresa en la que concurre una causa de prohibición de contratar, esta adjudicación es nula de pleno derecho, (ex artículo 32.b del TRLCSP). Declaración que puede tener lugar durante toda su vigencia, es decir, hasta su extinción, pues la causa de prohibición de contratar existía desde un inicio y el contrato no debía haberse celebrado nunca con esa empresa. Ahora bien, un supuesto diferente se produce cuando el requisito de incurrir en causa de incompatibilidad se produce con posterioridad a la formalización del contrato. El TRLCSP no contiene ninguna previsión sobre los contratos válidamente adjudicados que puedan resultar posteriormente afectados por una prohibición de contratar que, en caso de haber concurrido antes de su adjudicación, habría impedido la adjudicación o que, si se hubiera adjudicado, sería nulo.

Por lo tanto, cuando la causa de prohibición de contratar se produce una vez perfeccionado el contrato, no invalida la adjudicación ni la formalización, ni tiene ningún efecto en el contrato, salvo que en el pliego de cláusulas administrativas particulares se hubiese dispuesto expresamente otra cosa. Esto sin perjuicio de las consecuencias jurídicas que la incompatibilidad pueda suponer para la persona afectada por aplicación del régimen de incompatibilidades de los altos cargos electos y, también, como ya se ha señalado, en relación con futuros contratos.