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Criterio interpretativo del régimen transitorio de la Disposición transitoria séptima de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
04/01/2012
Recomendación 1/2011, de 29 de marzo, de la Comisión Consultiva de Contratación Pública de la Junta de Andalucía

La aprobación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LES), supone, respecto de la materia de contratación pública, una nueva modificación de la LCSP, que viene a sumarse a las numerosas e importantes reformas acaecidas en esta materia en el último año.

La LES se refiere al régimen transitorio aplicable a los procedimientos en curso en su Disposición transitoria séptima, estableciendo que “los contratos administrativos regulados por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público que hayan sido adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, se regirán en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior”; sin embargo, no establece ninguna disposición en relación con los expedientes de contratación iniciados antes de su entrada en vigor.

Para establecer un criterio, y dado que existe una laguna de la Ley, esta Recomendación atiende a otros medios de integración de la misma y acude expresamente a la Disposición transitoria primera, apartado 1 de la LCSP, según la cual “los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato”.

De esta manera, esta Recomendación sostiene que los expedientes de contratación en los que aún no se hubiera abierto la fase de licitación deberían adaptar sus previsiones a la LCSP reformada, incorporando el régimen que prevé la LES. Igualmente, de haber sido publicados los pliegos tras la entrada en vigor sin la debida adaptación, el procedimiento deberá en todo caso adecuarse a las nuevas disposiciones legales, por imperativo del principio de jerarquía normativa.

  • Informes relacionados: Circular 1/2011, de 7 de abril de 2011, de la Abogacía del Estado, régimen de modificación de los Contratos del Sector Público.