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El convenio colectivo que hay que tomar como referencia a efectos de considerar la viabilidad de una oferta incursa en anormalidad no es el convenio sectorial sino el convenio colectivo que resulte de aplicación
21/01/2020
Resolución 1464/2019 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales analiza en la Resolución 1464/2019 cuál es el convenio colectivo que hay que tomar como referencia a efectos de considerar la viabilidad de una oferta incursa en anormalidad. Y concluye que, así como para calcular el presupuesto del contrato, el órgano de contratación debe considerar como costes salariales los establecidos en el convenio colectivo sectorial que resulte de aplicación, por ser el referente ordinario en el sector (y así se recoge en el artículo 101 de la LCSP), la obligación que se impone al adjudicatario del contrato ha de ser la de cumplir con las obligaciones salariales que deriven del convenio colectivo que resulte de aplicación.

Reconoce que hay una cierta discrepancia entre los artículos 149.4 y 201 que debe de ser resuelta con una interpretación teleológica.

Argumenta el tribunal:

«La exclusión de la ahora recurrente se debió a que el órgano de contratación apreció que su oferta era anormalmente baja y de las explicaciones aportadas por el licitador resultó que la oferta no respetaba las exigencias en materia salarial establecidas por la LCSP.

Como quiera que la justificación de su oferta aportada por la recurrente consistía en que resultaba de aplicación un convenio colectivo propio, la cuestión objeto del presente recurso se reduce a determinar si el respeto de las condiciones salariales de los trabajadores que exige la LCSP se satisface mediante el cumplimiento de las condiciones salariales previstas en un convenio de empresa o, necesariamente, viene referido al convenio sectorial de aplicación.

(…) De la lectura de los preceptos referidos [Considerando 103 y artículos 69 y18.2], resulta que la Directiva 2014/24/UE establece una garantía de cumplimiento de las obligaciones salariales que pesan sobre el empresario que concurre a la licitación, con la finalidad de que los trabajadores tengan asegurada la percepción de los salarios a que tienen derecho en virtud de la norma que resulte de aplicación. Se trata, por tanto, de una garantía establecida a favor de los trabajadores, que asegura las percepciones a que éstos tienen derecho en virtud de su relación laboral.

Esta garantía se recoge también en la normativa interna.

(...) El artículo 149.4, penúltimo párrafo, se refiere al incumplimiento de lo dispuesto en convenios colectivos sectoriales vigentes, “en aplicación de lo dispuesto en el artículo 201”. Sin embargo, el artículo 201 de la LCSP no se refiere a convenios colectivos sectoriales, sino que lo que hace es garantizar que el contratista, en la ejecución del contrato, ha de cumplir con las obligaciones establecidas en los “convenios colectivos” (el que resulte de aplicación).

Una interpretación teleológica de las normas trascritas ha de atender la finalidad perseguida por aquéllas. Esta finalidad, como se ha señalado anteriormente, es garantizar a los trabajadores el cumplimiento de los derechos salariales que derivan de su relación laboral. Ello conduce a garantizar la aplicación de las normas salariales contenidas en el convenio colectivo que resulte de aplicación. La exigencia de condiciones salariales distintas no tiene ninguna repercusión respecto de los trabajadores, pues éstos van a seguir percibiendo lo que se hubiera estipulado en el convenio colectivo aplicable, mientras que daría lugar a la exclusión de licitadores que estuvieran sujetos a un convenio colectivo distinto, dando lugar a una restricción injustificada de la competencia.

En consecuencia, si bien resulta adecuado que, para calcular el precio, el órgano de contratación considere como costes salariales los establecidos en el convenio colectivo sectorial que resulte de aplicación, por ser el referente ordinario en el sector (y así se recoge en el artículo 101 de la LCSP), la obligación que se impone al adjudicatario del contrato ha de ser la de cumplir con las obligaciones salariales que deriven del convenio colectivo que resulte de aplicación.

No obstante, el artículo 122.2 de la LCSP dispone:

“2. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán (…) la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación; (…).”

Ahora bien, una interpretación literal de este precepto conduciría a que, en el caso de que el adjudicatario del contrato se rigiera por un convenio distinto del convenio sectorial, la celebración de un contrato del sector público supondría una alteración de las condiciones salariales de los trabajadores, dando lugar a una inaplicación parcial (sólo respecto de los trabajadores afectos a la ejecución del contrato) y temporal (sólo durante la ejecución del contrato) del convenio colectivo que resulta de aplicación. Ésta es una situación que no resulta compatible con nuestro derecho laboral y que castiga injustificadamente a entidades del sector público (ya que deben soportar unos costes salariales de sus contratistas superiores a los que soportará cualquier otro contratante).

De una forma más adecuada con la realidad, el artículo 35 de la LCSP, relativo al contenido mínimo del contrato, establece que en los documentos de formalización de los contratos figurará:

“n) La obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecución de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación.”

La interpretación conjunta de estos preceptos conduce a que la obligación que haya de figurar en los pliegos sea la de respetar las obligaciones salariales que resulten del convenio colectivo que se encuentre en vigor. Normalmente será el convenio colectivo sectorial, pero en los casos en que resulte de aplicación un convenio colectivo distinto, habrá que estar a las obligaciones salariales establecidas en éste.»