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Es posible integrar por medios externos la solvencia técnica consistente en tener implantados determinados sistemas de gestión de la calidad o de gestión medioambiental
23/09/2020
Resolución 781/2020 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha dedicado varias resoluciones en el último año, a la posibilidad de integrar por medios externos, al amparo del artículo 75 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público, la solvencia técnica consistente en tener implantados determinados sistemas de gestión de la calidad o de gestión medioambiental. En la Resolución 781/2020 resume su doctrina sobre este aspecto tan controvertido.

Entiende el Tribunal que todo licitador puede acudir a integrar su solvencia técnica en lo relativo a tener implantado determinados sistemas de gestión de la calidad o medioambiental que cumplan determinados sistemas de normas con los de un tercero, siempre que acredite la disponibilidad de los medios, recursos, métodos, etc. de este y pruebe que la aplicación del sistema de control del tercero a la total prestación ejecutada por la adjudicataria será eficaz y adecuada.

Esta conclusión se ampara en que la normativa de contratación pública, tanto la Ley 9/2017 de contratos del sector público, como la Directiva 2014/24/UE que traspone, admiten, a falta del certificado expedido por un organismo independiente exigido o uno equivalente, la prueba de medidas equivalentes. Así, el artículo 93.2 relativo a la acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad dice:

«Los órganos de contratación reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad que presenten los empresarios.»

Y el artículo 94.2 relativo a la acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental dispone:

«Los órganos de contratación reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de gestión medioambiental que presente el licitador, y, en particular, una descripción de las medidas de gestión medioambiental ejecutadas, siempre que el licitador demuestre que dichas medidas son equivalentes a las exigidas con arreglo al sistema o norma de gestión medioambiental aplicable.»

Para el Tribunal, una prueba de medidas equivalentes puede ser la aplicación por una empresa de todo su sistema de gestión medioambiental o de calidad, que cumpla un determinado sistema de normas de gestión medioambiental o de la calidad, a la total prestación ejecutada por la adjudicataria, siempre que se acredite que dicha aplicación será eficaz y adecuada.