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La relación entre LCSP y Ordenanzas municipales reguladoras de contratos públicos
10/12/2019
Informe 129/18 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Relación entre LCSP y Ordenanzas municipales y régimen jurídico aplicable a los contratos privados de interpretación artística y espectáculos

El informe 129/18 de la JCCPE analiza algunos aspectos interesantes en la aplicación de la LCSP y en la prestación de servicios públicos en los que, debido a la multiplicidad de regímenes jurídicos aplicables a la contratación pública, los preceptos aplicables y las normas que rigen la relación de prestación del servicio no aparecen del todo claras.

Pues bien, el informe aborda esencialmente dos bloques de problemáticas jurídicas diferenciadas. En primer lugar se aborda el problema derivado de la existencia, en el Ayuntamiento de Ferrol, desde el año 2014, de una ordenanza reguladora de precios públicos, en la que se prevé un procedimiento de adjudicación directo por parte del Concejal en aquellos casos en los que en los contratos de interpretación artística y espectáculos se transfiera la totalidad del riesgo al prestador del servicio.

La interpretación realizada por Intervención municipal concluye que la Ordenanza municipal de precios públicos prevé un procedimiento específico de contratación (adjudicación directa por el Concejal delegado), y por tanto dichos contratos, con independencia de su valor, no se rigen por los procedimientos regulados en la LCSP.

Dicha interpretación se basa en una concepción dela relación entre la LCSP y la ordenanza como aquella entre una norma general y una norma específica. Por tanto, la JCCPE aborda, en primer lugar, la cuestión tradicional pero no pacífica de los conflictos normativos dentro de un mismo ordenamiento jurídico:

“Se cuestiona a este órgano consultivo si una disposición administrativa de carácter general aprobada por una Entidad Local (en este caso, una ordenanza del Ayuntamiento de Ferrol, donde se recoge un régimen económico especial para aquellos contratos de creación e interpretación artística y de espectáculos que se celebren por dicho Ente) se considera una norma específica en los términos del artículo 26.2 de la Ley y, en consecuencia, prevalece sobre la propia LCSP y puede disponer la adjudicación directa de los citados contratos con independencia de su valor”.

Pues bien, la JCCPE argumenta que “puesto que están subordinadas jerárquicamente a la norma de rango superior, no pueden contener preceptos opuestos o que entren en contradicción con las previsiones contenidas en la misma”, de forma que las ordenanzas deben adecuarse a la legislación estatal y autonómica, pues, de lo contrario, “se incurriría en un desconocimiento, cuando no vulneración, del principio de jerarquía normativa consagrado en la Constitución –artículo 9.3”.

En base a este principio de jerarquía y a la necesidad de coherencia, no cabe, por tanto, entender una ordenanza como una norma especial en su relación con la LCSP, más aún cuando vulnera o arriesga la efectiva aplicación de los principios más básicos de la contratación pública, como la igualdad de trato y libre concurrencia:

“La intención del legislador al referirse a normas especiales en el artículo 26.2 es aludir en realidad a una normativa de general aplicación que regule específicamente el contrato privado de que se trate, no a una norma de aplicación parcial y limitada a cada municipio, y menos si en ella se escoge una forma de adjudicación directa independiente de la cuantía que resulta claramente atentatoria contra los principios generales de la contratación pública, singularmente el de igualdad y el de concurrencia”.

El concepto de norma específica, por tanto, debe entenderse como referido a normativa general que regule procedimientos o prestaciones materialmente específicas, y no como una especificidad territorial, ya que “otra interpretación implicaría dejar en manos del órgano contratante de cualquiera de las Administraciones Públicas la posibilidad de decidir, bajo el amparo de su potestad reglamentaria y sin sometimiento a ninguno de los principios que rigen la contratación pública, sobre aspectos de tanta trascendencia para el interés público como son los relativos a la preparación y adjudicación de los contratos”.

Los contratos privados de interpretación artística y espectáculos, por tanto, se rigen en su preparación y adjudicación por las disposiciones contenidas las Secciones 1a y 2a del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, que no pueden ser desplazadas por medio de una normativa local. Y en consecuencia, pueden ser adjudicados, por ejemplo, por medio de procedimiento negociado sin publicidad o por medio de contrato menor propias de la prestación siempre y cuando concurran las circunstancias exigidas: los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario determinado, porque el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de arte o representación artística única.

En una segunda parte, la JCCPE reafirma lo expuesto en anteriores informes como el Informe 72/18, de 15 de julio de 2019, estableciendo la aplicación del artículo 101 de la LCSP para el cálculo del valor del contrato en contratos privados de interpretación artística y espectáculos, de forma que deberá tenerse en cuenta tanto los pagos realizados de forma directa por la entidad adjudicadora al contratista, como aquellas retribuciones obtenidas de la venta de entradas en taquilla.

Finalmente, reafirma también la aplicación del artículo 118, relativo a los contratos menores, a los contratos de servicio que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos –objeto de la presente consulta- cuyo valor estimado sea inferior a 15.000 euros.