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Licitación de contratos durante y tras el estado de alarma
03/06/2020
Informe JCCPE 17/2020, de 20 de mayo, sobre la licitación durante el estado de alarma de contratos no relacionados con la crisis del Covid-19.

El informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado 17/2020, de 20 de mayo, sobre la licitación durante el estado de alarma de contratos no relacionados con la crisis del Covid-19.

En la cuestión planteada, el Ayuntamiento de Carreño eleva consulta sobre la forma de tramitación de contratos no relacionados con la Crisis de Covid-19 que no han podido ser tramitados debido a la suspensión de los términos y plazos de los procedimientos de licitación de contratos públicos establecida por la Disposición Adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de forma que tras el levantamiento de la suspensión de plazos administrativos, aun siendo tramitados de urgencia o por procedimiento negociado, no podrían adjudicarse e inicial la ejecución en la fecha en la que son necesarios dichos servicios. En concreto, se plantea la problemática con respecto a servicios se salvamento y socorrismo, limpieza de playas y otros relacionados con el periodo estival.

Pues bien, la JCCPE recuerda que el Real Decreto 463/2020 preveía ciertas excepciones (1) cuando motivadamente se justificase que la continuación era necesaria para evitar perjuicios a terceros; (2) cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo; (3) para aquellas contrataciones relacionadas con la gestión de la crisis del Covid-19; y (4) finalmente, apartado 4 de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, autoriza la continuación motivada del procedimiento de selección del contratista cuando el mismo se refiera a contratos que sean indispensables para el funcionamiento básico de los servicios.

De este modo, la JCCPE entiende que los contratos señalados entran dentro de este último supuesto, y señala que no cabe duda de que, en contratos como la limpieza de las playas o los servicios de salvamento y socorrismo, existe una excepción que ampara la continuación de las licitaciones debidamente justificada en el expediente, con el fin de evitar la pérdida de servicios que devienen necesarios para los ciudadanos.

Por otro lado, recuerda también la JCCPE que existe una previsión de levantamiento de la suspensión de los procedimientos de contratación que se tramiten por medios electrónicos, la cual fue acordada por la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, lo que implica la posibilidad de iniciar o continuar con la tramitación de las licitaciones que se realicen por medios electrónicos.

Sin embargo, la Administración que eleva la consulta, aunque debió hacerlo, según se extrae de las interpretaciones de la JCCPE, no habilitó tal posibilidad de excepcionar la suspensión, y por tanto, esta solución no puede aplicarse ya al caso expuesto.

Por ello, a continuación, la JCCPE recuerda que existen 3 mecanismos para acelerar la tramitación de procedimientos previstos en la LCSP: la tramitación de urgencia, el procedimiento negociado sin publicidad, y el procedimiento simplificado. Pero, en ningún caso, procederá la aplicación de la tramitación de emergencia, cuyo uso debe ser interpretada de forma restrictiva.

Existe, no obstante, una última posibilidad recogida en la LCSP, como es la de los denominados “contratos puente”, que podría ser aplicad apara asegurar la prestación del servicio básico:

“El artículo 29.4 LCSP admite en su inciso final que cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario”.

Al cual, además, se ha flexibilizado por parte del artículo 34.1 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19:

“Además, en aquellos contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación como consecuencia de la paralización de los procedimientos de contratación derivada de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y no pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato, podrá aplicarse lo previsto en el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo expediente”.