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Modificación de las reglas aplicables a la tramitación y al cómputo del plazo de interposición del recurso especial en materia de contratación durante el estado de alarma en el caso de los contratos para los que se haya acordado su continuación
24/04/2020
Nota del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi en relación con los plazos de interposición del recurso especial y la tramitación del procedimiento para su resolución a la vista de los efectos de la declaración del estado de alarma.

La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en el Informe de 7 de abril de 2020, propuso una modificación normativa que diera seguridad jurídica en relación con la tramitación y el cómputo del plazo de interposición del recurso especial en materia de contratación durante el estado de alarma en el caso de los contratos para los que, al amparo de la disposición adicional 3ª.4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se haya acordado su continuación.

Dicha modificación se ha incorporado al Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, que añade un nuevo apartado 3 a la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19:

«3. Aquellos procedimientos de contratación cuya continuación haya sido acordada por las entidades del sector público de conformidad con lo previsto en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 serán susceptibles de recurso especial en los términos establecidos en la propia Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sin que el procedimiento de recurso pueda considerarse suspendido al amparo de lo dispuesto en el apartado primero de la citada disposición adicional tercera.

En ningún caso resultará de aplicación lo previsto en el apartado 1 de esta disposición adicional a aquellos procedimientos de contratación cuya continuación haya sido acordada por las entidades del sector público de conformidad con lo previsto en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19, por lo que los plazos del recurso especial previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público continuarán computándose en los términos establecidos en dicha Ley.»

Esta modificación ha sido analizada por la Profesora GALLEGO CORCOLES en el artículo “Formalización de contratos públicos y plazos de interposición del recurso especial en materia de contratación tras el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril”.

El primer órgano de recurso especial que ha reaccionado a la nueva regulación ha sido el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi que ha emitido una nota sobre los plazos de interposición del recurso especial  y del procedimiento de resolución del recurso que dice:

«a) Sobre los plazos de interposición del recurso especial

Deben distinguirse dos supuestos:

a 1) Plazo de interposición del recurso especial contra actos impugnables de contratos incluidos en el apartado 4 de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020

Es aplicable el régimen general previsto en el artículo 50 de la LCSP; no obstante, el primer día del cómputo del plazo no podrá ser, en ningún caso, anterior al día 23 de abril, fecha de inicio de la vigencia del apartado 3 de la Disposición adicional octava del Real Decreto Ley 11/2020, en la redacción establecida por el Real Decreto Ley 15/2020.

a 2) Plazo de interposición del recurso especial contra actos impugnables de contratos no incluidos en el apartado 4 de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020

Para estos contratos, mientras dure el estado de alarma y sus prórrogas, será aplicable el apartado 1 de la Disposición adicional octava del Real Decreto Ley 11/2020, de tal modo que el plazo se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización del estado de alarma, con independencia del tiempo transcurrido desde la notificación del acto impugnable con anterioridad a la declaración de dicho estado.

b) Sobre el procedimiento de resolución del recurso

Deben distinguirse dos supuestos:

b 1) Procedimientos de resolución de recursos interpuestos contra actos impugnables incluidos en el apartado 4 de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020

El OARC / KEAO tramitará estos procedimientos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 LCSP y demás normativa generalmente aplicable.

b 2) Procedimientos de resolución de recursos interpuestos contra actos impugnables no incluidos en el apartado 4 de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020

El OARC / KEAO no dictará acto alguno sobre estos procedimientos, incluyendo su resolución definitiva, medidas provisionales o cualquier otro acto de trámite o instrucción (requerimiento de expediente e informe al poder adjudicador, concesión de plazo para alegaciones a los interesados, traslado del recurso al poder adjudicador, vista del expediente al recurrente, etc.).»

Hay que recordar que otros órganos de recurso especial ya estaban tramitando recursos respecto de contratos cuya suspensión se haya levantado por ser indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León; Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias; y el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón que modifico su postura inicial a raíz del Decreto-ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón, que incluye unas previsiones sobre la extensión del levantamiento de la suspensión al ámbito de los recursos administrativos, y en concreto al recurso especial.