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ObCP - Opinión
La contratación pública verde: dificultades actuales para su desarrollo

La Comisión Europea define la contratación pública verde (CPV) como un proceso por el cual las autoridades públicas tratan de adquirir mercancías, servicios y obras con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida, en comparación con el de otras mercancías, servicios y obras con la misma función primaria que se adquirirían en su lugar (1).

21/11/2011

La CPV tiene un gran potencial como instrumento de mercado de protección ambiental, en la medida en que es un medio eficaz para, no sólo reducir el impacto ambiental del consumo público, sino también para dirigir la conducta de los operadores económicos hacia estándares de protección ambiental que vayan más allá de los mínimos fijados por el ordenamiento jurídico, e incentivar, así, nuevas formas de producción y consumo.

La contratación pública representa en torno al 19% (2009) del PIB de la UE, lo cual nos indica su capacidad para marcar las tendencias en materia de producción y consumo y, en consecuencia, para contribuir al cambio de modelo productivo. Desde la perspectiva ambiental, tiene un gran potencial para orientar el mercado y a los operadores económicos hacia el desarrollo de productos, servicios y obras con características ambientales e incentivar, en consecuencia, la innovación en las empresas españolas2.

La Directiva 2004/18, de 31 de marzo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, ha permitido tomar en consideración el medio ambiente en las diferentes fases del procedimiento de contratación, lo cuál se ha trasladado, de manera incluso más ambiciosa, a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público.

No obstante, pese a su gran potencial, la implantación de la CPV se encuentra con algunas dificultades, que relacionamos a continuación. En primer lugar, el desconocimiento de los beneficios económicos y una percepción errónea de la magnitud de los costes3. La reducción de los costes operacionales de las prestación ecoeficientes (menor consumo de aguas o de energía, etc.)4 pueden compensar, en algunos casos, los costes de compra mayores (pensemos en la compra de vehículos de bajo consumo o en la instalación de sistemas de ecoeficientes de calefacción en edificios públicos, etc.) . Para que esto sea así es fundamental poner el acento en la formación de los órganos de contratación, así como en las metodologías de análisis de los costes a lo largo del ciclo de vida de las prestaciones, productos u obras.

La integración de consideraciones ambientales es un elemento esencial para la configuración de un mercado público responsable, que excluya a las empresas que no internalizan sus costes ambientales, incumpliendo los estándares legales comunitarios de protección ambiental5 o, incluso, los fijados por el propio órgano de contratación en los pliegos de condiciones.

El segundo límite al adecuado desarrollo de la CPV es la falta de claridad jurídica sobre las posibilidades jurídicas de utilización de criterios y cláusulas ambientales en el marco del procedimiento de contratación. Esta falta de seguridad jurídica retrae la iniciativa de los órganos de contratación ante el temor de incurrir en la fijación de cláusulas contractuales o en la adopción de decisiones de adjudicación que puedan vulnerar el principio de igualdad y no discriminación.

En tercer lugar, otro de os obstáculos es la falta de información y herramientas para la CPV, de estructuras de formación inadecuadas y de conocimiento y la inexistencia de criterios de CPV fáciles de aplicar. Existen importantes carencias metodológicas y de conocimiento en el ámbito del cálculo del coste de las externalidades y del ciclo de vida de los productos. La dificultad o el elevado tiempo de valoración de los costes ambientales, en ausencia de metodologías y de información adecuada, es un desincentivo a la integración de la variable ambiental en las decisiones públicas de compra6. Tampoco ayuda el hecho de que no se haya fomentado de forma adecuada el intercambio de información y de experiencias entre las autoridades regionales y locales.

En cuarto término, la Comisión Europea ha apuntado que la falta de similitud entre los procedimientos y los criterios o cláusulas de CPV en diferentes lugares de la UE, acarrea un incremento de los costes administrativos, en particular para las PYME, y obstaculiza el mercado interior7. Por ello, uno de los elementos clave para garantizar el equilibrio entre el principio de concurrencia competitiva y los objetivos sociales y ambientales, es la previsión de criterios europeos comunes de referencia para los poderes adjudicadores de todos los Estados miembros; labor que ya está desarrollando la propia Comisión Europea.

Finalmente, el apoyo político a la CPV no es suficiente, lo cual reduce el volumen de recursos destinados a este fin8. La experiencia de otros países comunitarios, como el caso de Dinamarca (con una notable evolución de la CPV en los últimos años), nos muestra como este es un elemento fundamental.

[Nota: Estas ideas o reflexiones generales son una pequeña parte de la introducción de un estudio jurídico que he realizado recientemente y que verá la luz próximamente: Contratación pública verde, Editorial La Ley, Colección Temas La Ley, ISBN: 978-84-8126-420-3 (enero, 2012).]

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1 Documento de trabajo de la Comisión (SEC (2008) 2125, 16 de julio de 2008), p. 3.

2 Comunicación de la Comisión “relative à des marchés publics pour un environnement meilleur” (COM (2008) 400, de 16 de julio de 2008), p. 3.

3 En todo caso, es innegable que la CPV puede implicar mayores costes en determinados tipos de contratos. En esos casos, los procedimientos conjuntos de contratación pueden generar economías de escala mediante la agrupación de la demanda y reducir, así, los costes administrativos. Documento de trabajo de la Comisión (2008), p. 7.

4 Documento de trabajo de la Comisión, SEC (2008) 2126 final, p. 9.

5 GIMENO FELIÚ considera que “(…) en modo alguno puede justificarse que la propia recesión económica, en una aplicación absoluta del principio del valor económico de la oferta como elemento de decisión en la compra pública, se traduzca en un proceso de destrucción del tejido productivo empresarial español y europeo, en tanto con tal opción se incrementarán los efectos de la crisis creando una fractura social de difícil recomposición”. “Es momento [sigue diciendo el autor] de exigir “calidad” empresarial como parámetro previo para la participación de un proceso de licitación, exigiendo como requisito ciertos estándares sociales y ambientales (lo que se traducirá en un ajuste de mercado público a empresas “responsables” aunque el precio final que se obtenga por la prestación sea mayor)” (Novedades de la Ley de contratos del sector público de 30 de octubre de 2007 en la regulación de la adjudicación de los contratos públicos, Civitas, 2010, pp. 364 y 265).

6 OCDE, Marchés publics et environnement: problems et solutions pratiques, OCDE, 2000.p. 92.

7 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión (2008), p. 4.

8 Comunicación de la Comisión “relative à des marchés publics pour un environnement meilleur” (COM (2008) 400, de 16 de julio de 2008), p. 5.

 

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