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ObCP - Opinión
La corrupción lleva a la cárcel (en algunos casos)
15/02/2021

A raíz de leer el artículo de Francisco Blanco publicado en este Observatorio de Contratación Pública el 9 de diciembre de 2020 titulado “La corrupción en los procesos de contratación pública y en actuaciones urbanísticas”1, me quedó la curiosidad de saber si realmente ser un forajido con los bienes de la Administración sale gratis o tiene alguna consecuencia.

Según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial , a fecha 1 de octubre de 2020 había en España 106 personas en la cárcel, 98 condenadas y 8 preventivas, acusadas por delitos de corrupción. De ellas 30 lo han sido por el delito de cohecho y 47 por malversación de fondos públicos.

La información de procesos judiciales por corrupción ha sido obtenida a través de los boletines estadísticos aprobados por la Comisión Nacional de Estadística Judicial. Los datos han sido facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, y por la Dirección General de Servicios Penitenciarios del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña . Los datos de procedimientos judiciales reflejados en el repositorio se refieren a delitos cometidos por funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, tanto el ámbito de la corrupción administrativa como la corrupción política.

El repositorio del Poder Judicial es público y permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores (personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.), que se actualizan trimestralmente.

El régimen disciplinario de los empleados públicos se regula en las normas básicas de su régimen estatutario, el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 5/2015, de 30 de octubre), en concreto por lo dispuesto en el capítulo VII del mismo y en la legislación laboral, tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en los convenios colectivos negociados por las distintas Administraciones Públicas. La separación del servicio es la máxima sanción impuesta a un funcionario público por falta muy grave, que conlleva la pérdida de su condición.

No conozco ningún caso de un funcionario a quien se haya pedido responsabilidad en vía administrativa, ni disciplinaria ni patrimonial. Tal vez porque no sean datos accesibles o quizá porque la iniciación de un procedimiento penal no impide la incoación y tramitación de expedientes disciplinarios por los mismos hechos, aunque la resolución definitiva del expediente solo podrá producirse cuando la sentencia recaída en el ámbito penal sea firme, y la declaración de hechos probados vinculará a la administración. Por tanto, si se ha iniciado un expediente disciplinario su resolución queda condicionada por la sentencia en vía penal y es en esta jurisdicción donde se resuelven aquellos casos ejemplares de corrupción que llegan a ser descubiertos.

Lo que caracteriza a los delitos contra la Administración es defraudar la confianza en la correcta gestión de la res pública por parte de los encargados de servirla, traicionada por la ausencia de integridad del autor al que se debe presuponer siempre, precisamente por la propia índole del puesto o cargo desempeñado. Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en el repositorio del CGPJ son los de malversación, prevaricación administrativa y prevaricación urbanística, es decir, delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico.

En este cuadro obtenido del Instituto Nacional de Estadística se reflejan las condenas por delitos cometidos contra la Administración Pública desde 2013 a 20194:

Tabla Delitos

En relación a los delitos que más en particular afectan a la contratación pública veamos este gráfico del Instituto Nacional de Estadística referente a los condenados por los de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación y negociaciones prohibidas desde 2013 a 20195.

Gráfico Delitos

El bien jurídico protegido por el delito de cohecho es la reputación de la Administración Pública, garantizando la integridad e imparcialidad de autoridades y empleados, evitando influencias de interés privados, y asimismo la eficacia del servicio público encomendado a éstos. En general, el tipo del delito de cohecho lo constituyen infracciones contra la honestidad en la gestión administrativa al dejarse llevar el funcionario por móviles ajenos a su misión pública realizando actos contrarios a los deberes inherentes a su cargo y, por su parte, el particular ataca el bien jurídico consistente en el respeto que debe al normal funcionamiento de los órganos de la Administración. Además del empleado público y del particular también pueden ser sujeto activo de este delito las personas jurídicas. Su regulación se contiene en los artículos 419 al 427 bis del Código Penal.

El artículo 419 castiga a la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar. Al que cometa este delito se le impondrá una pena de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa, si fuera constitutivo de delito. Cuando una persona jurídica sea responsable de este delito, se le imponen penas de multa.

En relación exclusivamente con el delito de cohecho veamos la evolución en número de condenados desde 2013 a 2019 en la representación de este gráfico del Instituto Nacional de Estadística6.

Gráfico Delitos 2

Moraleja: algunos sí acaban pagando por los delitos de corrupción.

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1 http://www.obcp.es/opiniones/la-corrupcion-en-los-procesos-de-contratacion-publica-y-en-actuaciones-urbanisticas.

2 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Repositorio-de-datos-sobre-procesos-por-corrupcion/Consulta-de-datos/.

3 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Repositorio-de-datos-sobre-procesos-por-corrupcion/Poblacion-reclusa-y-condenas-por-procesos-corrupcion/Poblacion-reclusa-por-delitos-relacionados-con-la-corrupcion.

4  https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=25997#!tabs-grafico.

5 https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=25997#!tabs-grafico.

6 https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=25997#!tabs-grafico.

Colaborador

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Juan Martínez Martínez
Vocal del Tribunal de Contratación Publica de la Comunidad de Madrid hasta mayo de 2018. Actualmente presta servicios en la Junta Consultiva de Contratación Adminsitrativa de la Comunidad de Madrid