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Actos recurribles: renuncia a la celebración de un contrato.
15/01/2012
Resolución Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid 17/2011

Para conocer si entre los actos recurribles está incluida la renuncia a la celebración de un contrato y dado que con una interpretación literal no encontramos el supuesto de renuncia, hemos de proceder a su interpretación a la luz de la Directiva 2007/66/CE, que modifica la Directiva 89/665/CEE, de 21/12/1989, en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos. La incorporación de las normas de esta Directiva fue la causa de la modificación de la regulación nacional a través de la citada Ley 34/2010. Por tanto, la delimitación de los actos recurribles ha de hacerse según las exigencias de la citada Directiva y de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que han ido consagrando un criterio amplio en cuanto a los actos susceptibles de recurso y fundamentalmente la sentencia de 18 de junio de 2002 que declara susceptible de recurso la decisión de la entidad adjudicadora de cancelar la licitación para la adjudicación de un contrato público, en el asunto C-92/00 (TJCE/2002/202) .

A la misma conclusión se puede llegar por una interpretación sistemática del artículo 139 LCSP. Este se incardina en el Título I “adjudicación de los contratos”, del Libro III, en la Subsección 5ª “obligaciones de información sobre el resultado del procedimiento”, la cual incluye tres artículos dedicados, el 137 a la notificación de la adjudicación a los candidatos y licitadores, el 138 a la publicidad de las adjudicaciones y el 139 a la renuncia a la celebración del contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración. Es decir, la obligación de informas sobre la renuncia a la celebración de un contrato está incluida dentro de la obligación de informar sobre el resultado de un procedimiento y éste, a su vez, encuadrado dentro del epígrafe más genérico “adjudicación de los contratos”.

Ciertamente la renuncia no puede insertarse dentro de la clasificación doctrinal del ordenamiento español de acto de trámite, pues junto a la resolución y el desistimiento es una de las formas de poner fin al procedimiento. No cabe encuadrar la renuncia dentro del supuesto del artículo 310.2.b . De lo argumentado anteriormente, cabe concluir que aquellos actos que ponen fin al procedimiento de adjudicación, bien con la selección de un licitador o bien con la no selección de ninguno, como pueden ser el desistimiento, la renuncia o la declaración de desierta de una licitación, a efectos del recurso especial en materia de contratación, deben considerarse incluidos dentro del supuesto del artículo 310.2 “c) Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores”.