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Advertido por el órgano de contratación error en la valoración de las ofertas una vez adjudicado el contrato, la única vía a su disposición para dejar sin efecto la adjudicación es iniciar un procedimiento de revisión de oficio
19/12/2018
Resolución 930/2018 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

La Resolución analiza un supuesto en que se impugna un segundo acto de adjudicación que deja sin efecto un acto de adjudicación anterior sobre la base de una nueva valoración de las proposiciones, invocando la existencia de un error material. Sin embargo, el Tribunal concluye que no se trata de un simple error material, de hecho o aritmético, y que siendo el acto de adjudicación un acto declarativo de derechos, no cabe la revocación, sino que debería haberse seguido el procedimiento de revisión de oficio.

El Tribunal comienza recordando su doctrina sobre la rectificación de errores materiales o de hecho, citando su Resolución 463/2016, que fue objeto de reseña en este monitor, para después concluir que en el supuesto al que se refiere el recurso no se cumplen los requisitos fijados en la misma.

Argumenta que:

« (…) no cabe dudar que la actuación del órgano de contratación no puede calificarse como de corrección de un error material o de hecho, puesto que lo que se ha hecho es dejar sin efecto un primer acto de adjudicación sobre la base de una nueva valoración de las proposiciones. Por más que ello pudiera obedecer a un error en la valoración inicialmente efectuada, ello no puede confundirse con un simple error material o de hecho subsanable por esta vía, dado que para apreciarlo es necesario un nuevo juicio de valoración de la proposición de Aralia Servicios Sociosanitarios, S.A., y en la medida en que como consecuencia de ello se altera la sustancia del acuerdo de adjudicación, que se produce tras ello en favor de otro licitador. Se ha tratado así de una auténtica revisión de oficio del inicial acuerdo de adjudicación, sin sometimiento al procedimiento de revisión de oficio establecido por el art. 106 de la Ley 39/2015, limitado a la concurrencia de causas de nulidad de pleno derecho, con las especialidades que resultan del art. 41 de la LCSP, única vía admisible para la revisión de oficio efectuada.

Esto es, si el órgano de contratación entendía que existió un error en la valoración, la única vía a su disposición para dejar sin efecto por sí mismo la adjudicación ya acordada era iniciar un procedimiento de revisión de oficio ajustándose a las previsiones de los arts. 41 LCSP y 106 de la Ley 39/2015, sin perjuicio de la posibilidad de, previa declaración de lesividad, interponer recurso contencioso administrativo por causa de anulabilidad del acuerdo (art. 107 de la Ley 39/2015).

Así pues, no habiéndose actuado de tal modo, se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en el dictado del segundo acuerdo, que deja sin efecto el anterior sin seguir el cauce del procedimiento de revisión de oficio. Con ello se incurre en el supuesto de nulidad de pleno derecho contemplado en el apartado 47.1.e) del art. 47 de la Ley 39/2015.

Procederá por ello anular el segundo acuerdo de adjudicación, objeto de recurso, quedando con ello privado de todo efecto.

Sin perjuicio de lo anterior, no podemos dejar de abordar la consideración acerca del tratamiento correcto que hubiera debido dar el órgano de contratación al correo electrónico remitido por Aralia Servicios Sociosanitarios, teniendo presente que se venía a cuestionar la valoración de la mesa de contratación que sirvió de base para la adjudicación una vez ya adoptado el acuerdo de adjudicación del contrato. Se debió valorar entonces si dicha solicitud reunía los requisitos mínimos para poder ser considerada como recurso frente a dicho acuerdo de adjudicación ya adoptado, teniendo presente lo dispuesto en el art. 115.2 de la Ley 39/2015, conforme al cual: “El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter”.»