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Alcance de la prohibición de contratar por condena penal del administrador de la empresa
08/11/2019
Informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado 26/19

En el presente informe la JCCPE se pronuncia sobre el alcance de la prohibición de contratar con el sector público en el supuesto de que el administrador o representante de una empresa haya sido condenado por sentencia penal firme. De acuerdo con el artículo 71.1 (a) de la LCSP, la concurrencia de esta circunstancia implica que la sociedad mercantil se verá impedida para contratar con el sector público mientras la persona condenada ostente su cargo o representación y hasta el momento de su cese. La ambigua redacción de este precepto ha generado ciertas dudas acerca del sentido en que ha de interpretarse, especialmente en lo tocante a la expresión “vigente su cargo o representación y hasta su cese”.

En este contexto se enmarca la consulta realizada por el Cabildo Insular de Tenerife, que plantea dos cuestiones. En primer lugar, se pregunta si el hecho de que el administrador haya cesado en su cargo meses antes de la convocatoria de la licitación es suficiente para que la empresa se vea liberada de este impedimento o si, por el contrario, todavía subsiste. La segunda cuestión dudosa hace referencia al modo en que ha de proceder el órgano de contratación cuando la sentencia no se pronuncia sobre el alcance o duración de la prohibición.

Pues bien, para responder a la primera de estas cuestiones la JCCPE aboga por realizar una interpretación literal y teleológica de la norma. En este sentido, entiende que la prohibición de contratar únicamente persiste hasta el momento del cese efectivo en el cargo o representación. No puede ser de otro modo, pues –como afirma seguidamente– “otra interpretación conduciría al efecto de que la conducta malintencionada y dolosa de un administrador de una sociedad mercantil, que posteriormente es expulsado o cesado en sus atribuciones por los órganos rectores de aquella, vicia de modo definitivo y sin posibilidad de remisión la conducta de la sociedad, que quedaría afectada por una prohibición de contratar perpetua”.

De este modo, la JCCPE –reiterando el criterio sentado con anterioridad en su informe 22/16, de 10 de octubre de 2018 – concluye que, una vez que el administrador ha sido cesado, nada obsta para que la empresa pueda concurrir a la licitación de un contrato público.

En otro orden de cosas, entiende que no es necesario que la Junta se pronuncie sobre la duración de la prohibición de contratar. Como norma general, la JCCPE ostenta la competencia para determinar este extremo cuando la sentencia correspondiente guarde silencio al respecto (art. 72.3 LCSP). Ahora bien, dado que la ley ya establece esta duración por referencia a la subsistencia del cargo del administrador, el órgano de contratación se encuentra en condiciones de apreciar directamente la prohibición de contratar al conocer las circunstancias del caso.