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Alcance del error formal y material. No preceptiva la aclaración de oferta.
27/11/2012
Resolución Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 147/2012 de 12 de julio de 2012.

 Más información: Resolución 147/2012 (descarga de PDF del MINHAP)

Se recurre la exclusión del procedimiento de licitación del Acuerdo Marco para el suministro de elementos y sistemas de seguridad.
El motivo de exclusión fue que los modelos que se aportaban en la oferta no cumplían las características técnicas solicitadas cuya valoración dependía de un juicio de valor. En particular “los arcos presentados incumplen el requisito establecido en el pliego al no disponer de barra luminosa vertical a lo largo del arco que indique la posición del objeto detectado”, y en el caso de los detectores manuales de su proposición, que “la temperatura máxima de operación es de 50ºC en lugar de los 55ºC solicitados”.
La excluida alega que existió un error tipográfico a la hora de rellenar las fichas de los mencionados artículos, y que los productos por ella ofertados sí que disponen de los elementos solicitados y de los márgenes máximos de temperatura exigidos como cabe comprobar en los catálogos de los mismos entregados en el sobre “C” conforme solicitaba el pliego.
El Tribunal afirma que la posibilidad de corrección contemplada en el citado artículo 81 del RGLCAP se refiere exclusivamente a la documentación del artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público, puesto que a él debe entenderse hecha en la actualidad la referencia que en el apartado 1 del mismo se hace al artículo 79.2 de la derogada Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Se trata, por tanto, de una potestad otorgada al órgano de contratación, generalmente actuando a través de la mesa de contratación, para requerir la subsanación de los errores u omisiones que se aprecien en dicha documentación, pero no en la que se contenga en los sobres relativos a las ofertas técnica o económica propiamente dichas.
Pero aún en el supuesto de que se entendiera que el precepto mencionado puede aplicarse por analogía también a la documentación relativa a la oferta, tal como ha hecho en algunas ocasiones la Jurisprudencia, no debe perderse de vista que ésta exige, en todo caso, que tales errores u omisiones sean de carácter puramente formal o material.

 

"(...) Esto es lógico pues, de aceptarse subsanaciones que fueran más allá de errores que afecten a defectos u omisiones de carácter fáctico, se estaría aceptando implícitamente la posibilidad de que las proposiciones fueran modificadas de forma sustancial después de haber sido presentadas, y tal posibilidad es radicalmente contraria a la filosofía más íntima de los procedimientos para la adjudicación de contratos públicos, pues rompe frontalmente con los principios de no discriminación, igualdad de trato y trasparencia que de forma expresa recogen los artículos 1 y 123 de la Ley de Contratos del Sector Público."
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En este mismo sentido cabe citar la sentencia de 29 de marzo de 2012 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada en respuesta a una petición de decisión prejudicial que se presentó en el marco de unos litigios entre la Agencia eslovaca de contratación pública y varias empresas excluidas de una licitación de servicio de cobro de peajes. Dicha sentencia, cuyo objeto es la interpretación de una serie de artículos de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, señala, entre otras cuestiones, que “en el caso de un candidato cuya oferta se estime imprecisa o no ajustada a las especificaciones técnicas del pliego de condiciones, permitir que el poder adjudicador le pida aclaraciones al respecto entrañaría el riesgo, si finalmente se aceptara la oferta del citado candidato, de que se considerase que el poder adjudicador había negociado confidencialmente con él su oferta, en perjuicio de los demás candidatos y en violación del principio de igualdad de trato”. La citada sentencia admite que el artículo 2 de la Directiva no se opone a que “excepcionalmente, los datos relativos a la oferta puedan corregirse o completarse de manera puntual, principalmente porque sea evidente que requieren una mera aclaración o para subsanar errores materiales manifiestos, a condición de que esa modificación no equivalga a proponer en realidad una nueva oferta”. Y en otro apartado señala que los candidatos afectados no pueden quejarse de que el órgano de contratación no tenga obligación de pedirles aclaración sobre su proposición “la falta de claridad de su oferta no es sino el resultado del incumplimiento de su deber de diligencia en la redacción de la misma, al que están sujetas de igual manera que los demás candidatos”.
No se puede cuestionar, por tanto, que la recurrente presentó una proposición que contenía sendos incumplimientos de requisitos básicos en todos los modelos de dos de los productos a los que presentó candidatura, siendo esto lo que motivó que dichos productos fueran excluidos de la fase siguiente del procedimiento de adjudicación. Y ello de conformidad con lo estipulado en la cláusula IX del propio pliego que, entre otras cuestiones, establece que “En caso de que alguno de los productos ofertados no cumpla alguno de los requisitos establecidos en el correspondiente tipo/subtipo/clase de la cláusula III de este pliego su puntuación en esta primera fase será cero. Para poder continuar en el proceso selectivo los productos ofertados deberán obtener una puntuación mínima superior a cero, por lo que, aquellos productos con puntuación cero quedarán excluidos de la siguiente fase de la valoración.”