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Anonimato en la presentación de propuestas en un concurso de proyectos
13/02/2019
Resolución 1183/2018 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Resolución 181/2018 Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Dos Resoluciones recientes, una del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y otra del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, analizan el alcance de la obligación de presentar de forma anónima las propuestas en el concurso de proyectos.

Dispone el artículo 187.4 LCSP:

«El jurado adoptará sus decisiones o dictámenes con total autonomía e independencia, sobre la base de proyectos que le serán presentados de forma anónima, y atendiendo únicamente a los criterios indicados en el anuncio de licitación del concurso.

A estos efectos se entenderá por proyectos presentados de forma anónima aquellos en los que no solo no figure el nombre de su autor, sino que además no contengan datos o indicios de cualquier tipo que permitan conocer indirectamente la identidad del autor o autores del mismo.»

La Resolución 1183/2018 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales entiende que el requisito del anonimato de las proposiciones se quiebra con la simple existencia de circunstancias que permitan, en abstracto, la posibilidad de que por alguno de los miembros del Jurado se conozca la identidad del licitador de que se trate. Por ello estima roto el anonimato en un concurso en el que se ha remitido a las dos personas que, como titular y suplente, ostentaban la condición de secretaria del jurado de un correo electrónico comunicando la fecha de imposición en correos del envío de la oferta de uno de los licitadores, correo en el que se refleja su remisión desde una dirección de correo electrónico perteneciente a una cuenta corporativa que expresaba la identidad de un conocido arquitecto.

Argumenta el Tribunal que:

«Nos encontramos por tanto con que se encuentra acreditado que, por parte de dos miembros del Jurado, la secretaria titular y la suplente, se ha tenido la ocasión de conocer, ya desde el primer momento de remisión de las ofertas, un dato revelador de la identidad de uno de los componentes de la unión de empresarios que formuló su oferta bajo el lema PINE LIFE. En este punto, no cabe atender a las manifestaciones del órgano de contratación tratando de separar las funciones de estas personas de las propias del Jurado, puesto que formal y prácticamente formaban parte integrante del mismo, a la vista de lo establecido en la base 12.1 (donde al recoger la composición del Jurado se alude a su secretario, con voz pero sin voto, indicando que tal condición corresponde al “Responsable Unidad Contratación de los Servicios Centrales del Servicio de Salud”) así como del desarrollo de la licitación, donde se constituye el Jurado con la intervención en cada caso de quien ejerce las funciones de secretaría en el mismo, interviniendo como parte integrante de este órgano en las diferentes reuniones que se suceden.

(…)De otra parte, siendo cierto lo que aduce el informe de dicho órgano acerca de los deberes propios de los funcionarios públicos y de la ausencia de acreditación de que la información derivada de la dirección de envío del correo se hubiese comunicado al resto de miembros del Jurado, no lo es menos que el requisito del anonimato de las proposiciones se quiebra con la simple existencia de circunstancias que permitan, en abstracto, la posibilidad de que por alguno de los miembros del Jurado se conozca la identidad del licitador de que se trate. El objetivo de la Ley en este punto es asegurar la absoluta garantía de la independencia e imparcialidad del Jurado, incluyendo la apariencia de la misma, eliminando cualquier sospecha de que la decisión del mismo pudiera verse afectada por su eventual conocimiento de la identidad de los ofertantes. No es preciso acreditar que se haya conocido de manera efectiva tal identidad, sino que basta con que existan elementos de juicio que evidencien que existió la posibilidad de que se produjese tal conocimiento, al no salvaguardarse adecuadamente el anonimato de las ofertas.»