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Consideraciones sobre la prórroga de los contratos de servicios afectados por el COVID-19
01/09/2021
Expediente 36/20. Materia: Prórroga de los contratos de servicios afectados por el COVID-19.

En este caso, el Ayuntamiento de Murcia elevó a la JCCPE dos consultas relativos a diversos contratos de limpieza que, venciendo durante el primer Estado de Alarma de la pandemia (primavera 2020), no pudieron ser prorrogados por haber agotado todas las prórrogas posibles, y tampoco pudieron adjudicarse los nuevos contratos en trámite de licitación.

Debemos recordar que el Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID- 19 preveía que, en aquellos contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación como consecuencia de la paralización de los procedimientos de contratación derivada de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y no pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato, podrá aplicarse lo previsto en el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo expediente.

Sobre este marco jurídico, el Ayuntamiento plantea si:

  1. Si la prórroga del artículo 29.4 ha de acordarse y, en tal caso, también formalizarse necesariamente antes del vencimiento del contrato o, por el contrario, es posible realizar tal acuerdo o formalización después de terminado, siendo por tanto una "prórroga tácita".
  2. Si, dado que ha continuado prestándose el Servicio terminado el plazo del contrato inicial sin haberse acordado y/o formalizado la prórroga extraordinaria, es posible acordar y/o formalizar tal prórroga con posterioridad y con efectos retroactivos, puesto que se traerían a la fecha de terminación.”

En este contexto, la JCCP sostiene que el artículo 29.4 LCSP es aplicable cuando queda exenta de culpa la entidad licitadora, esto es, siempre que el retraso en la adjudicación del nuevo contrato sea producto de acontecimientos imprevisibles, y existan a su vez razones de interés público que lo justifiquen. Esto es, en estos casos se prevé la rehabilitación de los efectos del contrato extinguido por el transcurso del plazo.

La única diferencia o novedad sustancial introducida por el RD 8/2020, como ha ocurrido con otras cuestiones, es reforzar o detallar la situación de pandemia como hecho habilitante; es decir, que esta causa sea considerada expresamente por el legislador como una condición habilitante de la aplicación de la norma general.

Dicho esto, la JCCPE entiende que no se trata de una prórroga tácita sino de un supuesto excepcional de rehabilitación o mantenimiento de los efectos del contrato hasta que finalice la nueva licitación, de modo que no se cause perjuicio para el interés público. Es decir, no es necesario formalizar la prórroga, dado que no es propiamente tal. Sin embargo, no debe olvidarse que la continuidad de la prestación a realizar por el contratista tiene, sin lugar a dudas, efectos económicos, por lo que requerirá que, con carácter previo al inicio o continuación de esta prestación, se tramite el correspondiente expediente de gasto que dé soporte a la misma, que estará sujeto, en su caso, a fiscalización previa. Los efectos retroactivos que se indican, aunque puedan admitirse desde un punto de vista estrictamente jurídico por los razonamientos antes expuestos, podrían ocasionar que, en su caso, se produzca una omisión de la función interventora (de la fiscalización previa del citado expediente) durante el periodo que medie entre la finalización del contrato que vence y el acuerdo de continuación provisional, por lo que se recomienda que el gestor actúe con la debida diligencia e inicie la tramitación del expediente con carácter previo al inicio de la prestación al amparo en el artículo 29.4 de la LCSP.