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Convocatoria selección de medicamentos. Inadmisión: acto no susceptible de recurso especial en materia de contratación
16/03/2012
Resolución Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía 17/2012 de 8 de marzo de 2012.

La especialidad del recurso en materia de contratación, cuyo objeto queda claramente delimitado en el artículo 40 del TRLCSP, no permite que el mismo pueda hacerse extensivo a otro tipo de actos que, como en el supuesto analizado, ni son preparatorios, ni se encuadran en un procedimiento de adjudicación de un contrato sujeto al TRLCSP. En definitiva, la competencia de este Tribunal, a través del recurso especial, no puede extenderse a enjuiciar más que determinados actos producidos en el curso de la licitación de uno de los contratos en que aquél está previsto, y ello no acontece en el supuesto examinado donde el procedimiento de selección de los medicamentos a que se refiere el artículo 60 bis de la Ley de Farmacia de Andalucía culmina con la suscripción del convenio a que se refiere el artículo 60 quater, como negocio excluido del ámbito de la legislación de contratos del sector público.

En ese marco legal autonómico, la resolución del Servicio Andaluz de Salud, objeto del recurso interpuesto por FARMAINDUSTRIA, constituye el primer acto de ese procedimiento de selección y se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 bis, apartado 1, de la Ley de Farmacia de Andalucía. Por esta razón, los vicios de nulidad que FARMAINDUSTRIA imputa a ese acto no son intrínsecos al mismo, pues dichos vicios no pueden sustentarse en el propio acto sin cuestionar, a la vez, la conformidad a Derecho de la norma legal que da cobertura al mismo y en este punto, resulta evidente que ni FARMAINDUSTRIA ostenta legitimación para impugnar una disposición con rango de ley, ni este Tribunal resulta competente para tal enjuiciamiento.

Sostener que la actuación impugnada se encuadra en el ámbito del TRLCSP es tanto como reconocer, aunque no se diga, que la norma legal que ampara dicha actuación vulnera la legislación estatal de contratos del sector públicos. Y ni el recurrente tiene legitimación para alegar dicha vulneración, ni este Tribunal, competencia para declararla.