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Distinción entre enajenación de aprovechamientos y contratos administrativos especiales de aprovechamientos forestales
09/07/2019
Resolución 580/2019 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

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La ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (LM) introdujo novedades en materia de contratación de los aprovechamientos forestales.

Mantiene el criterio de que la enajenación de los aprovechamientos forestales de los montes de dominio público se rige por la normativa patrimonial, así el artículo 36.4 LM señala:

«Los aprovechamientos del dominio público forestal podrán ser enajenados por sus titulares en el marco de lo establecido en la legislación patrimonial que les resulte aplicable».

Pero si la explotación directa por la Administración forestal o el titular del monte exige contratar los trabajos necesarios para ello, estos deberán ajustarse a la normativa contractual, en la actualidad recogida en la Ley 9/2017 de contratos del sector público.

Por lo que se refiere a los contratos de aprovechamientos forestales, la ley 21/2015, concreta en su exposición de motivos que tendrán la naturaleza de «contrato especial puesto que son contratos que deben estar sometidos a la legislación sectorial forestal» y por ello añade un apartado 8 al artículo 36 LM facultando al Gobierno a regular reglamentariamente el régimen básico de estos contratos.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se ha referido a la distinción entre estas dos figuras, enajenación de aprovechamientos y contratos administrativos especiales de aprovechamientos forestales en la Resolución 580/2019 concluyendo que la enajenación pura y simple de los aprovechamientos forestales se debe llevar a cabo a través de la normativa patrimonial, y que el ámbito de los contratos administrativos especiales queda circunscrito a los casos en que la relación jurídica entre las partes va más allá de ceder el uso del monte a cambio de un precio, como cuando el adjudicatario debe realizar mejoras en el monte.

Argumenta la Resolución:

«Se trata, en efecto, de ceder durante seis años el derecho a cazar en un monte incluido en el catálogo de utilidad pública y que, por ello, tiene la condición de demanial (cfr.: artículo 12.1.a) de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes -en adelante, LM-, precepto de carácter básico conforme a su DF 2ª), a cambio de un precio pagadero anualmente (cfr.: antecedente de hecho séptimo); dicho en otros términos, se trata de la enajenación de un aprovechamiento forestal, pues tal calificación merece la caza conforme a los artículos 6.i) LM y 38.1 LMC-LM, siendo entonces de aplicación lo dispuesto en el artículo 36.4 LM, a cuyo tenor:

“Los aprovechamientos en los montes del dominio público forestal podrán ser enajenados por sus titulares en el marco de lo establecido en la legislación patrimonial que les resulte de aplicación.”

Esta remisión a la normativa patrimonial, tratándose de bienes de dominio público titularidad de una entidad local, implica que la cesión del aprovechamiento se debería instrumentar a través de una concesión demanial, en la medida en que entraña un uso privativo sobre el monte, de conformidad con los artículos 84 y 93 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y 78 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio).

No ignoramos que la reforma operada en la LM por la Ley 21/2015, de 20 de julio, ha reafirmado la vigencia de la categoría de los contratos administrativos especiales relativos a los aprovechamientos forestales (cfr.: Exposición de Motivos, apartado IV, párrafo tercero), encomendando al Gobierno de la Nación su regulación básica (cfr.: artículo 36.8 LM), pero el tenor del artículo 36.4 LM es lo suficientemente concluyente como para colegir que la enajenación pura y simple de los aprovechamientos forestales se debe llevar a cabo a través de los instrumentos citados si se trata de montes demaniales o a través de los contratos de explotación propios de los bienes patrimoniales en otro caso. El ámbito de los contratos administrativos especiales quedará así circunscrito a los casos en el que la relación jurídica entre las partes va más allá de ceder el uso del monte a cambio de un precio (vgr.: cuando el adjudicatario debe realizar mejoras en el monte, supuesto contemplado en el artículo 36.6 LM).

De esta suerte, la recta inteligencia del artículo 41.2 LCC-LM pasa por entender que esa calificación -la de contrato administrativo especial-corresponde a aquellos negocios jurídicos distintos de la simple enajenación del aprovechamiento a cambio de precio, que se rigen por la “legislación patrimonial que les resulte de aplicación” según el ya citado artículo 36.4 LM; cualquier otra interpretación debe rechazarse por incompatible con este último, precepto de carácter básico (DF 2ª LM).»