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Duración de los contratos de servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera anteriores al Reglamento UE 1370/2007. Tranvías de A Coruña
23/03/2020
STJUE de 19 de marzo de 2020 (ECLI:EU:C:2020:224)

El Reglamento n.º 1370/2007 sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera establece normas sobre la adjudicación de estos contratos. Entre las mismas, se dispone que la duración de los contratos de servicio público será limitada y no podrá superar diez años para los servicios de autobús o autocar y 15 años para los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril u otros modos ferroviarios.

Con la finalidad de conceder a las autoridades competentes y a los operadores de servicio público un período adecuado para adaptarse, el Reglamento dispone una de una serie de disposiciones transitorias. Así, continuarán hasta su expiración, si bien hasta un máximo de 30 años (art.8):

  • Los contratos adjudicados antes del 26 de julio de 2000, con arreglo a un procedimiento distinto del procedimiento de licitación equitativo.
  • Los contratos adjudicados a partir del 26 de julio de 2000 y antes del 3 de diciembre de 2009, con arreglo a un procedimiento de licitación equitativo.

Pues bien, el contrato de concesión de servicios de transporte de viajeros que une al Ayuntamiento de A Coruña y a la Compañía de Tranvías de Coruña se encuadra en el primero de los supuestos descritos. Adjudicado el 1 de diciembre de 1986, se estableció el 31 de diciembre de 2024 como fecha de finalización. Se discutía así si el plazo transitorio de 30 debía computarse a partir de la adjudicación del contrato (por lo que debería extinguirse anticipadamente) o, por el contrario, a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento n.º 1370/2007 (3 de diciembre de 2009).

Mediante la sentencia que ahora reseñamos, el TJUE aclara que el plazo máximo de 30 años previsto comienza a transcurrir el 3 de diciembre de 2009. Y ello por las siguientes razones:

  • Así se deriva del principio de seguridad jurídica, ya que otra interpretación podría suponer la paradoja de que se pusiera fin retroactivamente, en una fecha anterior a dicha entrada en vigor, a contratos de servicio público celebrados legalmente antes del 3 de diciembre de 1979 y que prevén una duración superior a 30 años.
  • En el caso de contratos vigentes en el momento de la entrada en vigor del Reglamento, el período transitorio podría resultar muy reducido, lo que es contrario a los objetivos del reglamento.
  • Esta interpretación permite fijar un término final idéntico para todos los contratos aún vigentes al final de dicho período transitorio, equiparando la posición de las autoridades competentes y la de los operadores económicos afectados.

La sentencia, que contiene importantes repercusiones prácticas, garantiza así la vigencia de los de los contratos adjudicados antes del 26 de julio de 2000, incluso de aquellos que no fueron adjudicados a través de un procedimiento de licitación equitativo, siempre que, en este último caso, su plazo de duración finalice antes del 3 de diciembre de 2039.