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El principio de igualdad de trato entre los licitadores no puede impedir que se requieran aclaraciones de las ofertas durante el procedimiento de adjudicación.
19/05/2013
Resolución Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía 94/2012 de 15 de octubre de 2012.

Se recurre la adjudicación del contrato del " Servicio de catering con destino al personal que presta servicios de atención continuada en diversos centros sanitarios de la provincia de Málaga".

Con carácter previo al examen de la cuestión debatida en el recurso, debe indicarse que el mismo se dirige formalmente contra la resolución de adjudicación del contrato en cuestión, si bien los motivos del recurso no se dirigen a combatir el contenido de la citada resolución, ni las puntuaciones asignadas tanto a la empresa adjudicataria como a la recurrente durante el proceso de valoración de las ofertas, sino que se dirigen contra la actuación de la
mesa de contratación y se solicita la nulidad del procedimiento de adjudicación.
Ahora bien, aún cuando no se indique expresamente en el recurso, la declaración de nulidad del procedimiento que se solicita llevaría consigo la del propio acto que pone fin al mismo, por lo que, implícitamente, el recurrente está fundando la impugnación de la adjudicación en los vicios de nulidad del procedimiento que le sirve de base.
(...) ante la vaguedad del recurso interpuesto en cuanto al beneficio que el recurrente obtendría con la estimación del mismo y dada la ausencia de alegación alguna sobre la falta de legitimación del
recurrente por parte del órgano de contratación, este Tribunal no puede de antemano negar legitimación al recurrente, pues si bien éste no concreta su interés, tampoco puede a priori descartarse que una eventual estimación total del recurso y la nueva tramitación del procedimiento pudieran alterar las puntuaciones de las ofertas en los criterios cuantificables mediante un juicio de valor hasta el punto de que la recurrente pudiera resultar adjudicataria del contrato en discusión, todo lo cual conduce inevitablemente al análisis de la
cuestión de fondo suscitada.
El primer motivo del recurso se refiere a la petición irregular de muestras durante la licitación, cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante, PCAP) indicaba que no procedía su presentación, lo cual vulnera, a juicio del recurrente, los principios de transparencia e igualdad de trato entre todos los licitadores.

En este sentido, la realización de una demostración sobre el aplicativo informático ofertado no tiene la consideración de muestra, sino a lo sumo de aclaración o demostración "in situ" de los términos de la oferta.
La aportación de un menú ofertado, si bien redunda en un mejor conocimiento de la oferta ya presentada, sí podría tener la consideración de muestra del menú. Ahora bien, su presentación durante el desarrollo del procedimiento de adjudicación no contraviene la literalidad del PCAP, el cual limita la falta de exigencia de muestras al período de presentación de las ofertas.
Cuestión distinta es que durante el proceso de selección puedan o no solicitarse las mismas ante el silencio de los pliegos, extremo éste que no puede abordarse con carácter general, sino atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto y tomando como referencia la jurisprudencia comunitaria.
En este sentido, la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, de 10 de diciembre de 2009, (asunto T-19S/o8) aborda con detalle el ejercicio de la facultad de solicitar aclaraciones en relación con las ofertas, pudiendo resumirse su doctrina del modo siguiente:

-Si bien es cierto que un órgano de contratación está obligado a redactar las condiciones de una licitación con precisión y claridad, no está obligado a prever todos los supuestos, por raros que sean, que puedan presentarse en la práctica.
-Cabe tomar la iniciativa de ponerse en contacto con el licitador cuando una oferta requiera aclaraciones suplementarias, o cuando se trate de corregir errores materiales en la redacción de la oferta, pues es esencial, en aras de la seguridad jurídica, que pueda asegurarse con precisión el contenido de la oferta y, en particular, la conformidad de ésta con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.
-El principio de igualdad de trato entre los licitadores no puede impedir elejercicio de esta facultad siempre que se trate por igual a todos los licitadores y que ello no suponga la modificación del contenido de la oferta presentada.
-Si se aplica la doctrina expuesta al supuesto analizado, nos encontramos con que las aclaraciones de las ofertas para la valoración de los criterios antes descritos se solicitan a todos los licitadores a la vez y de la petición formulada por la comisión técnica se infiere con claridad que sólo se trataba de efectuar una demostración práctica de los términos estrictos de las proposiciones, no habiéndose alegado por el recurrente, ni existiendo motivos para considerar que tal aclaración o demostración haya implicado la aceptación de modificaciones en el contenido de las ofertas presentadas.