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Exigencia como solvencia de una titulación profesional concreta: justificación en base al volumen y complejidad de las obras a las que está referido el contrato
24/03/2021
Resolución 1388/2020 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

La exigencia en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de unas titulaciones profesionales determinadas es una cuestión problemática en algunas ocasiones.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia se refirió a ella en el Informe 8 mayo 2019 sobre la reclamación presentada, al amparo del artículo 26 de la ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, sobre reserva profesional en obras (UM/032/19). Para la CNMC la exigencia de requisitos concretos de cualificación profesional debe motivarse en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y aunque en un supuesto determinado concurriera alguna razón imperiosa de interés general, debería evitarse establecer una reserva de actividad a una titulación o a titulaciones concretas, con exclusión de todas las demás, y en su lugar, optar por vincularla a la capacitación técnica del profesional en cuestión.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en la resolución 1388/2020 analiza un supuesto de un contrato de asistencia técnica a la dirección facultativa de una serie de obras, en el que el órgano de contratación exigió en el pliego que los licitadores se comprometieran a adscribir a la ejecución del contrato un asistente técnico al director facultativo que tuviera la titulación habilitante para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

El Colegio de Ingenieros técnicos de Obras Publicas impugnó dicho requisito que considera injustificado y desproporcionado, además de contrario a la Ley 17/2009, de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 20/2013, de Garantía de Unidad de Mercado.

El órgano de contratación defiende su postura justificándola en el volumen y la complejidad de las obras a las que el contrato se asocia.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales asume el criterio del órgano de contratación:

«En primer lugar, se trata de una obra de importancia y gran envergadura. Según la sentencia de 30 de noviembre de 2001 del Tribunal Supremo, que cita el órgano de contratación en su informe, es difícil precisar la atribución competencial pertinente, al no existir criterios legales claramente establecidos que permitan delimitar con precisión la línea divisoria de los respectivos campos competenciales, que por ello no puede ser otra, tan inconcreta como indeterminada de modo general, que la relativa a la importancia y envergadura del proyecto a realizar.

Adicionalmente, como hemos indicado, el órgano de contratación goza de un amplio margen de discrecionalidad técnica para decidir sobre la mejor forma de configurar la solvencia técnica y profesional que sirva para la mejor ejecución del contrato. En cuanto a los conocimientos técnicos más específicos, el órgano de contratación señala que son tres áreas de conocimiento las que justifican la elección de la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. En concreto, el cálculo de estructuras, la geotecnia y geología y los equipos electromecánicos, instalaciones eléctricas, sistemas de instrumentación y control y explotación de las infraestructuras.

Como también ha señalado el Tribunal Supremo en sentencias de 2 de diciembre de 1997 t 7 de febrero de 1998, decisiones como la que se enjuicia se mueven en un ámbito singularmente dominado por la discrecionalidad técnica, en donde el criterio de la Administración acerca de cuál sea la titulación más apta (…), deviene merecedor de respeto siempre, claro es, que no sea contrario a las previsiones del Ordenamiento Jurídico en materia de atribuciones profesionales, y que no pueda tacharse de arbitrario. Se trata así de una decisión no dominada exclusivamente por el criterio de atención a la capacitación que de modo general y abstracto puedan ofrecer las distintas titulaciones, pues, respetando esa capacitación general y abstracta, admite también la atención de matices o singularidades, siempre relacionadas con el objeto particular del estudio o servicio y para el logro de la mayor eficacia y eficiencia de éste.»