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Falta de acreditación de la representación.
27/02/2012
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía 7/2012

 

Requerida por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucia la subsanación de la representación de los recurrentes en nombre de la UTE, se remite el compromiso de constitución de UTE, así como certificados de los administradores únicos de las dos entidades que adoptan el compromiso de constitución en UTE en los que se hace constar que las Juntas Generales de las respectivas compañías acordaron por unanimidad participar en la licitación para el Lote 1 del contrato antes indicado, así como facultar a los dos comparecientes que figuraban en el escrito de interposición del recurso para ejecutar los acuerdos adoptados con las más amplias facultades y en tal sentido, comparecer ante Notario y elevar a escritura pública el referido compromiso en caso de que la UTE resultase adjudicataria del contrato.

Pues bien, la documentación presentada en el plazo de subsanación concedido, para justificar que los comparecientes actúan en representación de la UTE recurrente, no acredita la representación específica de aquéllos para interponer recursos o reclamaciones en nombre de ésta. El compromiso de constitución en UTE firmado por los dos comparecientes en el presente recurso y los dos certificados a que hacíamos mención en el antecedente de hecho tercero se refieren a las facultades para licitar y elevar, en su caso, a escritura pública el compromiso de constitución en UTE, pero ello no presupone la facultad de representación de la UTE para la interposición de recursos o reclamaciones.

En consecuencia, la falta de presentación del poder que acredite la representación en los términos expuestos ha de considerarse como un vicio que impide la válida continuación del procedimiento, por lo que procede la inadmisión del recurso por carecer los firmantes de la representación necesaria.

En igual sentido se expresan resoluciones de otros Tribunales Administrativos, citando, a título de ejemplo, la resolución nº268/2011, de 10 de noviembre, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, la resolución nº79/2011, de 23 de noviembre, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y el Acuerdo 9/2011, de 6 de julio, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.