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Falta de legitimación para impugnar supuestos sin interés directo. Exclusión por renuncia de uno de los miembros de la UTE a la adjudicación que es ajustada a derecho por suponer cambio de oferta extemporánea.
06/07/2012
Resolución Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 107/2012 de 11 de mayo de 2012.

 

La Mesa de Contratación correspondiente al procedimiento de licitación de de un acuerdo marco para la contratación del desarrollo de sistemas de información, mediante el procedimiento especial de adopción de tipo establecido en el artículo 206 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, con destino a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la eguridad Social, Entidades Públicas Estatales y otros Organismos a los que se refiere el artículo 205 del citado Texto Refundido apreció que los certificados correspondientes a la mercantil GESTORES DE PROYECTOS MULTIMEDIA S.L. tenían una antigüedad superior a seis meses, por lo que, mediante oficio notificado a la citada mercantil, se le concedió el plazo de tres días para su subsanación. El día 1 de marzo de 2012, dentro del indicado plazo, las recurrentes presentaron un escrito en el que manifestaban no poder cumplir el aludido requerimiento, afirmando que la mercantil GESTORES DE PROYECTOS MULTIMEDIA S.L. no tenía ya interés en ser adjudicataria. Sobre esta base interesaban que se procediera a la adjudicación en su favor, como integrantes de la Unión Temporal de Empresas, permitiendo la desvinculación de la citada mercantil, o, en su caso, se le concediera nuevo plazo para la aportación de los certificados interesados.


La Dirección General de Patrimonio interesó de la Abogacía del Estado la emisión de informe sobre la solicitud así formulada, y, recibido aquél, el 27 de marzo de 2012, dictó resolución por la que se procedía a la adjudicación del contrato, no figurando ya entre las adjudicatarias las ahora recurrentes. En esa resolución, tras relatar los hechos expresados en el antecedente anterior, se decía: “Solicitado informe a la Abogacía del Estado respecto a esa posibilidad de modificación en los componentes de la UTE, y dado que esa modificación altera la oferta de la unión temporal, se obtiene informe desfavorable habida cuenta de la alteración de la puntuación obtenida por la misma como consecuencia de la renuncia de la empresa GESTORES DE PROYECTOS MULTIMEDIA S.L. a continuar en el proceso. En base a dicho informe se considera a la UTE decaída en su derecho como adjudicataria”. Dicha resolución fue publicada el 28 de marzo de 2012 en la Plataforma de Contratación del Estado y notificada por correo electrónico a las distintas licitadoras. A dicha notificación por correo electrónico se acompañaron tres ficheros denominados “datos oferta”, “datos utilizados para la valoración en base a la cláusula IX” y “valoración”.

Las mercantiles nombradas en el encabezamiento de esta resolución interpusieron recurso especial solicitando que fuera anulada la totalidad de la licitación o, subsidiariamente, que lo fuera la resolución recurrida, concediendo nuevo plazo a las recurrentes para que pudieran aportar los certificados pertinentes y la documentación acreditativa de la disponibilidad de los medios objeto de valoración y puntuación, realizando luego una nueva valoración y adjudicación en la que aquéllos pudieran ser debidamente tenidos en cuenta.

 

Atendido lo expuesto, cumple hacer una primera observación de carácter preliminar sobre la concreta legitimación de las actoras .A este respecto, procede traer a colación lo previsto en el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, conforme al cual:  “Podrá interponer el correspondiente recurso especial en materia de contratación toda persona física o jurídica cuyos derechos e intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto del recurso”. 

Para precisar el alcance del citado precepto ha de tenerse en cuenta la doctrina jurisprudencial acerca del concepto “interés legítimo” en el ámbito administrativo. 

En este sentido y según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo plasmada en sentencias tales como las de 19 de noviembre de 1993 y 27 de enero de 1998 entre otras, si el derecho subjetivo es siempre reconocible, el interés legítimo equivale a la  titularidad de una posición de ventaja o de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y que se materializaría, de prosperar ésta, en la obtención de un beneficio de índole material o jurídico o en la evitación de un perjuicio, con tal de que la obtención del beneficio o evitación del perjuicio sea cierta y no meramente hipotética, criterio éste coincidente con las Sentencias citadas por el órgano de contratación en su informe (sentencias de 31 de marzo de 1999 y de 31 de mayo de 1990).

 

En este sentido, es patente que  las recurrentes no obtendrían beneficio inmediato o cierto alguno  de la eventual anulación del proceso de licitación, de las previsiones de los pliegos sobre la valoración del criterio “modelos de mejora de procesos”, de la revisión de las puntuaciones asignadas a otros licitadores o de la propia exclusión de algunos de ellos, más allá de la eventual restauración de la legalidad supuestamente vulnerada y de la satisfacción moral o de otra índole que pueda reportarles el que  tampoco resulten adjudicatarias algunas otras empresas licitadoras, ambos insuficientes a los efectos de su legitimación, asumido que nuestro ordenamiento no reconoce la acción popular en materia de contratación pública.

 

En este sentido, siendo evidente que  el plazo de impugnación del anuncio y de los pliegos de licitación  han expirado con amplitud, deviniendo con ello consentidos y firmes, que las interesadas han aceptado expresamente los tales pliegos al presentar sus ofertas y que los alegatos ahora hechos valer contra dicho anuncio y pliegos no tienen cabida en los supuestos determinantes de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 32 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, siendo determinantes, a lo sumo, de la mera anulabilidad del artículo 33, debe concluirse en la pertinencia de desestimar los alegatos que al efecto realizan las recurrentes.

 

Las recurrentes sostienen que el hecho de que deba tenerse por desistida de su oferta la aludida mercantil no impide que pueda realizarse la adjudicación en favor de las restantes integrantes de la Unión Temporal de Empresas, citando en su favor la doctrina recogida en la  sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 2001 (recurso de casación 6801/1995). En este particular, debe quedar claro que, como bien se señala en el informe de la Abogacía del Estado (que, como motivación  “in aliunde”, da fundamento al acuerdo impugnado) y de acuerdo con la doctrina recogida en la aludida sentencia:

 

El desistimiento de uno de los integrantes de una Unión Temporal de Empresas que haya concurrido a una licitación no es, en principio y con abstracción de otras consideraciones, óbice insalvable para que pueda realizarse la adjudicación en favor de los restantes componentes si ostentan la clasificación o la solvencia económica, financiera y técnica exigida en el corresponodiente pliego de cláusulas administrativas particuares y cumplen con el resto de los requisitos previstos para los adjudicatarios. Sin embargo, este general planteamiento no permite obviar el hecho de que, en el concreto supuesto examinado, el desistimiento de la mercantil GESTORES DE PROYECTOS MULTIMEDIA S.L. determina, inevitablemente, una modificación sobrevenida de la oferta en su momento presentada por la Unión Temporal de Empresas.

 

Sobre esta base, atendido que los principios de igualdad y no discriminación, consagrados en los artículos 1 y 139 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, tienen como inexorable consecuencia la proscripción de toda eventual modificación sobrevenida de la oferta presentada por cualquiera de los licitadores, debe  concluirse en la imposibilidad legal de  realizar la adjudicación en favor de las recurrentes, desestimando  el recurso interpuesto y confirmando la resolución recurrida.