Image
Inclusión indebida de determinados profesionales como idóneos para realizar la prestación. Desestimado, no exclusividad, sino libertad dentro de la idoneidad.
02/10/2012
Resolución Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 112/2012 de 16 de mayo de 2012.

En relación con la contratación de la“Asistencia técnica a la dirección de obra en el control de la ejecución del Proyecto del Muelle de Cruceros en la ampliación del Puerto de Valencia: Fase I” se recurría el condicionado por el Colegio de Ingenieros de Canales, Caminos y Puertos para aclarar "que la titulación de Arquitecto no se contempla dentro del equipo de técnicos mínimo necesario para la ejecución del contrato de referencia, en particular en referencia a la asunción del puesto de coordinación de seguridad y salud; ii) subsidiariamente, y para el supuesto de considerar que del tenor de las bases de la  licitación sí resulta la posible intervención de los Arquitectos en los puestos que se especifican en aquéllas, se declare la disconformidad a Derecho y se anulen las citadas bases de la licitación en cuanto den cabida a la titulación de Arquitecto."

El problema se plantea por cuanto, al detallar el criterio de selección para ambos medios de acreditación de la solvencia, mientras en el primer caso se exige, para el encargado  de la coordinación de la seguridad y salud, “titulación académica de Arquitecto, Arquitecto  técnico, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico”, con formación en  materia de seguridad y salud –título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos  Laborales- y 5 años –de experiencia, se entiende- en obra marítima, en el segundo caso,  en referencia al coordinador de seguridad y salud, se exige la posesión de “titulación de  Ingeniero Técnico de obras Públicas o titulación similar”, con experiencia mínima de 5  años en obra marítima. Por su parte, el Pliego de Prescripciones Técnicas que, en el  Punto 7.7.1, describe el equipo de técnicos mínimo necesario que debe adscribirse a la  ejecución del contrato indicando, al referirse al miembro del equipo que cuente con el  título de técnico superior de PRL, que debe ser “un Ingeniero Técnico o Arquitecto  Técnico, con dedicación completa”.
Se aprecia, pues, una manifiesta contradicción entre distintos pasajes de los pliegos en  referencia a la titulación exigible al coordinador de seguridad y salud, tal como se advierte  por la entidad reclamante, y se reconoce –por lo demás- por la entidad contratante, que  en su informe afirma que “efectivamente se advierte una cierta confusión” en los pliegos  que rigen la licitación.

Ahora bien, entiende este Tribunal que dicha contradicción no debe resolverse en el sentido propugnado por la entidad reclamante, que mantiene como interpretación válida la que excluye a los Arquitectos para ocupar el puesto de coordinador de seguridad y salud, sino que entre las distintas interpretaciones posibles debe optarse por la más favorable al principio de concurrencia, incluyendo a todos los profesionales contemplados en el pliego al referirse a la indicación del personal técnico participante en el contrato, “especialmente aquel encargado de la coordinación de la seguridad y salud” y, por tanto –en lo que a la presente reclamación interesa- tanto a los Arquitectos como a los Arquitectos técnicos; máxime cuando, según se señala por la entidad contratante, la propia regla que genera las dudas interpretativas, por no incluir específicamente a los Arquitectos, tampoco lo hace a los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y, por lo demás, dicha regla contiene una fórmula abierta al afirmar que se exige la titulación de Ingeniero Técnico de Obras Públicas “o titulación similar”.
Por tanto, considera este Tribunal que los pliegos, debidamente interpretados, no excluyen a los Arquitectos para ocupar el puesto de responsable de coordinación de la seguridad y salud. Cuestión distinta, que pasaremos a analizar a continuación, es si resulta, o no, conforme a Derecho, dicha admisión de los Arquitectos para el desempeño del puesto en cuestión.

Dicha cuestión obliga a analizar si nuestro ordenamiento jurídico reserva en exclusiva a determinados titulados (y, en caso de ser así, si entre dichos titulados se encuentran los Arquitectos) la realización de los trabajos que constituyen el objeto del contrato, en particular los referentes a la coordinación de la seguridad y salud en la ejecución de las obras proyectadas. De la conclusión que se obtenga de este análisis depende, en esencia, la respuesta que haya que darse a la cuestión controvertida, puesto que, en
caso de existir una reserva de titulación para el desempeño de las funciones de coordinación de seguridad y salud en las obras proyectadas, y no estar incluidos los
Arquitectos en dicha reserva, los pliegos, interpretados en el sentido arriba indicado, resultarán contrarios al ordenamiento, en lo referente a la exigencia de los requisitos de solvencia técnica o profesional.
En este punto, la norma de referencia a la que debe acudirse es el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en
materia de seguridad y salud en las obras de construcción, que define al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra (artículo 2) como “el técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9”, siendo necesaria su designación – artículo 3.2- cuando en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadoras autónomos o diversos trabajadores autónomos.
En relación con la titulación exigida para el desempeño del puesto de responsable de la coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, la norma
reglamentaria citada no contiene mayor concreción, sin que, por lo demás, se encuentre en nuestro ordenamiento una norma referente a dicho particular que resulte más
específica, más allá de la previsión contenida en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en cuya Disposición Adicional Cuarta se establece que:

“Las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar la función de coordinador de seguridad y salud en obras de edificación, durante la elaboración del
proyecto y la ejecución de la obra, serán las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de acuerdo con sus competencias y especialidades”, siquiera deba advertirse que el ámbito de dicha norma legal solamente incluye las obras de edificación, mas no las obras de ingeniería civil , como es el caso del supuesto examinado.

Tampoco encontramos aclaración útil sobre el particular en la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción elaborada
por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que indica que se considera como “técnico competente” a los efectos del Real Decreto 1627/1997, a aquella
persona que posee “titulaciones académicas y profesionales habilitantes” así como “conocimientos en actividades de construcción y de prevención de riesgos laborales
acordes con las funciones a desempeñar” según la citada norma, añadiendo que “dichas titulaciones serán las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de acuerdo con sus competencias y especialidades”. Como vemos, a la vista de dicha previsión no es posible determinar, con carácter general, si un Arquitecto, poseedor del correspondiente título en materia de prevención de riesgos laborales, sería competente para ocupar un puesto de coordinador de seguridad y salud en la ejecución de una obra marítima.
A la vista de que la normativa de aplicación no resuelve la cuestión objeto de examendebemos acudir a la doctrina jurisprudencial, de cuyo examen cabe destacar una idea fundamental: frente al principio de exclusividad y monopolio competencial ha de prevalecer el principio de “libertad con idoneidad" (por todas, STS de 21 de octubre de 1987 (RJ 1987,8685), de 27 de mayo de 1998 (1998,4196), o de 20 de febrero de 2012 (JUR 2012,81268)), principio este último coherente con la jurisprudencia del TJUE sobre la libre concurrencia (SSTJUE de 20 de septiembre de 1988 y de 16 de septiembre de 1999), debiendo dejarse abierta la entrada para el desarrollo de determinada actividad, como regla general, a todo título facultativo oficial que ampare un nivel de conocimientos técnicos que se correspondan con la clase y categoría de las actividades a desarrollar(STS de 10 de julio de 2007 (RJ 2007,6693)).