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Indemnización por gastos salariales como consecuencia de la suspensión del contrato: gastos comprendidos en el concepto, aplicación en situaciones de ERTE, y la imposibilidad de aplicación a autónomos (Junta Consultiva de Contratación Pública de Navarra)
25/05/2020
Informe 4/2020 de la Comisión Permanente de la Junta de Contratación Pública de Navarra, de 19 de mayo de 2020, e Informe 2/2020, de la Comisión Permanente de la Junta de Contratación Pública de Navarra, de 17 de mayo.

En los informes analizados la Junta de Contratación Pública de Navarra analiza algunos aspectos relativos a las modificaciones introducidas por la normativa foral aprobada como consecuencia del Estado de Alarma, en concreto la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), y el Decreto-Ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

En particular, consideramos de especial interés, por su posible asimilación a las interpretaciones relativas a las normas nacionales, y por la vigencia de las dudas planteadas, aquellas relativas a las indemnizaciones a los contratistas como consecuencia de la suspensión de la ejecución del contrato.

Así pues, en el informe 4/2020, además de otras cuestiones relativas al ámbito subjetivo de aplicación o a la temporalidad de las modificaciones establecidas por los Decretos aprobados, se plantean algunas cuestiones en relación al artículo2.4LF7/2020, que, en líneas generales, establece que en los supuestos de suspensión con motivo del Estado de Alarma no corresponderá la imposición de penalidades y, además, serán indemnizables ciertos gastos, en concreto:

Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal adscrito a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión. A estos efectos, debe entenderse que los gastos salariales incluyen todas las cotizaciones a la Seguridad Social que correspondan.

En este contexto, en primer lugar, se plantea si estas indemnizaciones deben entenderse en relación a las cuantías salariales previstas en el convenio sectorial o, por el contrario, deben basarse en los salarios que la empresa acredite que abona a los trabajadores, entendiendo la JCCPN que el término “efectivamente” indica que deben comprender los salarios aportados por la entidad, independientemente de lo establecido en el convenio.

En segundo lugar, se plantea si en aquellos casos en los que el contratista ha solicitado un ERTE, y además complementa determinada cuantía correspondiente a salarios o cotizaciones a Seguridad Social, este complemento debe también computarse de cara al cálculo de las indemnizaciones. Pues bien, en primer lugar y de acuerdo con la interpretación anterior de la expresión “efectivamente”, la JCCPN recuerda que siempre que los gastos tengan la consideración de salariales y se hayan abonado “efectivamente”, deberán ser indemnizados.

En este punto la JCCPN ahonda sobre los posibles conceptos que se incluyen dentro de “gastos salariales”, señalando que:

A este respecto merece la pena abundar en el concepto de costes salariales (que se convertirán en gastos para la persona empleadora cuando se hagan efectivos conforme se ha señalado anteriormente), que se pueden definir como el importe total que le supone a una empresa tener a una persona trabajadora contratada. Este concepto incluye, al menos, tanto el salario bruto de la persona trabajadora (salario neto, retenciones IRPF, cotización a la seguridad social) como los costes sociales a cargo de la empresa (aportación por contingencias comunes, cotización por desempleo, FOGASA y formación profesional).

Además, añade que:

Si es facultativo para la empresa solicitar un ERTE (dado que puede no hacerlo y en ese caso percibirá la indemnización contemplada en la cuestión 1 de este informe, que conforme a la última redacción del artículo 2 LF7/2020 incluye de forma expresa las cotizaciones a la Seguridad Social), parece lógico que no resulte perjudicada por una decisión que se toma, también de forma facultativa, en beneficio de las personas trabajadoras y, que, en conjunto, supone una carga menor para el órgano de contratación.

Son, por tanto, indemnizables, las cuantías salariales que la empresa haya abonado efectivamente, aún cuando se haya aplicado un ERTE. En el mismo sentido, tampoco puede entenderse que la no solicitud del ERTE –que es en todo caso una decisión discrecional de la empresa– pueda condicionar el pago de las indemnizaciones, ya que el concepto fundamental son los gastos salariales efectivamente abonados. No procede, por tanto, entrar en juicios de valor sobre la idoneidad de las decisiones de la empresa en este sentido, ni condicionar de ningún modo las indemnizaciones a tales circunstancias.

Finalmente, el segundo informe, el 2/2020, aborda la posibilidad de que el citado precepto sea de aplicación a aquellos contratos en los que el contratista es un autónomo, ya que la realidad de las entidades locales cuenta, en numerosas ocasiones, con estas características.

En este punto, la JCCPN afirma que la cuestión principal a analizar se deriva de la dicción literal del apartado objeto de examen, es que los gastos puedan considerarse “salariales” y que el contratista los haya abonado “efectivamente” al personal adscrito a la ejecución del contrato. Pues bien, atendiendo a la definición de salario que realiza el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 26, la JCCPN concluye que no pueden entenderse como “salariales” las retribuciones percibidas por un autónomo. Además, se concluye que no podría haber alguna compensación “equivalente”, ya que no es posible individualizar dentro del conjunto de ingresos de las personas trabajadoras autónomas, aquellos que se destinan a retribuir su trabajo, de los que tienen otros fines como pueden ser afrontar gastos necesarios para el mantenimiento del negocio”.

En este punto la JCCPN se muestra especialmente sensible a la situación, y se guarda de justificar su posición aclarando que “imputar una parte de este beneficio a la ejecución de un determinado contrato (y por lo tanto obtener “un equivalente”) sería una ficción, que el legislador pudo realizar, pero no realizó, ya que, además, “no es posible entender que exista una laguna en el artículo 2 de la Ley Foral 7/2020 que requiera una interpretación teleológica y extensiva, porque la finalidad a la que atiende la indemnización de los gastos salariales en los casos en que así se establece, está cubierta también para las personas trabajadoras autónomas, por otros mecanismos recogidos en la misma norma, tendentes a garantizar sus ingresos”.