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La oferta es inmodificable una vez presentada.
02/10/2012
Resolución Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 131/2012 de 12 de junio de 2012.

1.- Límites a la actuación del Tribunal.

Existe un límite a nuestra competencia respecto de la pretensión articulada por el recurrente que pide que este Tribunal declare la adjudicación del contrato a su favor. Este Tribunal tiene exclusivamente una función revisora de los actos recurridos en orden a determinar si se ha producido un vicio de nulidad o anulabilidad, conforme a lo que establece para el conjunto de los recursos administrativos el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC en adelante) y el articulo 45.2 in fine del TRLCSP respecto de este Tribunal, de modo que de existir tales vicios hemos de proceder a anular el acto o actos, ordenando se repongan las actuaciones al momento anterior al que el vicio se produjo, pero sin que el Tribunal pueda sustituir la competencia de los órganos intervinientes en el proceso de contratación, en este caso del órgano de contratación único al que corresponde dictar el acto de adjudicación, so pena de incurrir en incompetencia material sancionada con nulidad radical (artículo 62.1.b) de la LRJPAC).

2.- Fondo del asunto.

Examinada la oferta técnica de la UTE ARENSA-SOCLESA se observa, por lo que al equipo técnico se refiere, que una parte del mismo, tal y como los servicios técnicos ponen de manifiesto en su informe de 18 de abril de 2012, se encontraba adscrito a la empresa SOCLESA, la cual no puede contratar con la Administración como consecuencia de su declaración de concurso y la correspondiente prohibición para contratar, conforme a lo expuesto en el antecedente tercero de esta resolución. Asimismo, existe también equipo técnico integrado en la oferta de la UTE ARENSA-SOCLESA que acepta su adscripción al equipo técnico de la UTE si resulta adjudicataria del contrato.

Partiendo de este hecho, es decir, que parte del personal valorado en la oferta de la UTE ARENSA-SOCLESA no se encontraba adscrito a la empresa ahora adjudicataria del contrato (ARENSA), ya sea por tratarse de personal de SOCLESA o de personal con compromiso de adscripción a favor de la UTE en caso de ser adjudicataria del contrato,resulta evidente que la retirada de SOCLESA de la UTE, por imposibilidad para contratar, determina una modificación de la oferta presentada por la citada UTE, toda vez que no podrá seguir considerándose ofertada la parte del equipo técnico adscrito a SOCLESA o con compromiso de adscripción con la UTE. Y esta circunstancia en nada se vería alterada, sino, muy al contrario, agravada, si se admitiera el cambio de adscripción de parte del equipo técnico incluido en la oferta inicial de la UTE, permitiéndose a ARENSA completar su oferta y admitiendo nuevas cartas de compromiso de adscripción del equipo técnico, de manera que haya personal que, con motivo de esa modificación, pase a estar adscrito a ARENSA como empresa que se compromete a ejecutar la obra inicialmente ofertada por la UTE.

A mayor abundamiento, ese plazo adicional que se concede a ARENSA para completar su oferta resulta inadmisible, toda vez que, como ha destacado este Tribunal en diversos pronunciamientos (por todas, las resolución 184/2011 de 13 de julio, recurso 149/2011, recordando a su vez la doctrina sentada por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en interpretación del artículo 81.2 del RGLCAP) el establecimiento de un plazo común de presentación de proposiciones para todos los licitadores no es sino una manifestación de los principios de no discriminación y de igualdad de trato (que hoy consagran los artículos 1 y 139 del TRLCSP), por lo que el eventual otorgamiento de un plazo adicional a favor de alguno de los licitadores para adaptar su situación a las exigencias del pliego –en este caso modificando su oferta, mediante el cambio de adscripción de parte del equipo técnico- debe considerarse como una clara ruptura de estos principios y, por consiguiente, contrario a la Ley.
En este punto cabe, asimismo, recordar la doctrina de este Tribunal expuesta en diversas resoluciones (por todas, resoluciones 164/2011 de 15 de junio y 244/2011 de 19 de octubre, recursos 125/2011 y 212/2011), según las cuales la posibilidad de subsanar errores en la documentación se refiere exclusivamente a los que se produzcan en la documentación acreditativa de las condiciones de capacidad, aptitud y solvencia de los licitadores de que se hace mención en el artículo 130 de la LCSP (art. 146 TRLCSP). Así se deduce del artículo 81.2 del RGLCAP, de conformidad con el cual: “Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará verbalmente a los interesados. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas deberán hacerse públicas a través de anuncios del órgano de contratación o, en su caso, del que se fije en el pliego concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia mesa de contratación”.
Tal precepto está referido exclusivamente a la documentación del mencionado artículo 130 de la LCSP (art. 146 TRLCSP) y a él debe entenderse hecha en la actualidad la
referencia que en el apartado 1 del mismo se hace al artículo 79.2 de la derogada Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.