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Modificación ilegal de un contrato: modificado que afecta a las condiciones esenciales de la licitación
03/03/2020
STSJ Aragón de 19 de febrero de 2020 (rec. 328/2017)

La sentencia desestima el recurso interpuesto contra el Acuerdo 117/2017 Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón que anuló el acuerdo de modificación del contrato celebrado por el Ayuntamiento de Zaragoza cuyo objeto es la instalación de un sistema de transporte mediante bicicletas en régimen de alquiler.

Los principales pronunciamientos de la sentencia se refieren a los siguientes extremos.

  • Legitimación de un Concejal para interponer recurso especial en materia de contratación

Se reitera la doctrina contenida en la TSJ Aragón de 25 de septiembre de 2015. Así, la legitimación del concejal recurrente para interponer el recurso especial en su condición de tal le viene conferida, en virtud de lo dispuesto en el art. 63.1b) de la LBRL y de la doctrina tanto constitucional como jurisprudencial recaída al respecto, por su condición de concejal del Ayuntamiento que si bien no votó en contra del acuerdo impugnado fue por la razón de no formar parte del órgano que lo adoptó.

  • Carácter esencial de la modificación

El Tribunal concluye que se introducen en el contrato inicial modificaciones sustanciales que afectan al contenido esencial del mismo, que solo es posible realizarlas mediante la adjudicación de un nuevo contrato. En este sentido, literalmente se afirma que:

“(…) la modificación implica, como se viene a admitir, una nueva adjudicación, y esta no puede considerarse legal, como se pretende, sobre la base de encontrarnos ante un supuesto en los que es posible el procedimiento negociado sin publicidad, cuando con la misma queda alterado el contenido esencial del contrato inicial, como así concluyó el Tribunal Administrativo y previamente había dictaminado el Consejo Consultivo. Y es que tal modificación –que venía prácticamente a duplicar el número de bicicletas y estaciones en servicio, al incrementarse en 1.200 las primeras, sobre las 1.000 iniciales y otras 300 más resultado de una anterior modificación, y en 120 las segundas, sobre las 85 iniciales y las 30 después añadidas-, implicaba que, frente al pago de la retribución que venía rigiendo conforme a los Pliegos -mediante los ingresos de publicidad y las tarifas de los usuarios- el Ayuntamiento, en el último tercio del contrato, tendría que abonar a la contratista directamente la cantidad de 8.421.978 euros -lVA excluido-. Tratándose, en definitiva, de una modificación sustancial, al afectar al sistema o modelo de retribución y reparto de riesgos inicialmente pactado”.