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Preferencia de las formas de colaboración pública-pública en la prestación de servicios especiales
23/03/2020
ATJUE de 6 de febrero de 2020, C 395/18 (ECLI:EU:C:2020:88)

El litigio sobre el que se pronuncia este auto tiene su origen en la licitación de un contrato de servicios de transporte sanitario de pacientes en ambulancia y hemodializados. La convocatoria es cuestionada por la Croce Verde, argumentando que la legislación aplicable exige en estos casos que se opte por una colaboración entre entidades del sector público y no por la celebración de un contrato público adjudicado mediante licitación. En este sentido, la legislación italiana 1 dispone que los servicios de transporte sanitario de emergencia y urgencia podrán adjudicarse, con carácter prioritario, mediante convenio a las organizaciones de voluntariado que lleven inscritas desde al menos seis meses en el Registro Nacional Único del Tercer Sector. La legislación regional aplicable añadía que en los casos en los que no pueda garantizarse el servicio de transporte sanitario de socorro y emergencia a través de las entidades inscritas en la lista regional podrán encomendárselo, con carácter oneroso, a entidades elegidas mediante procedimientos de contratación pública.

A través de este auto se analizan distintas cuestiones de interés.

  1. Compatibilidad con el Derecho Europeo de la regla de preferencia en la utilización de fórmulas de colaboración público-publica.

    El Tribunal reitera la doctrina contenida en la sentencia Irgita. Así, “ la libertad de los Estados miembros en cuanto a la elección de la forma de prestación de servicios mediante la que los poderes adjudicadores subvendrán a sus propias necesidades los autoriza, mutatis mutandis, a supeditar la adjudicación de un contrato público a la imposibilidad de sellar una colaboración entre poderes adjudicadores con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 12, apartado 4, de la Directiva 2014/24”. En consecuencia, los artículos 10, letra h), y 12, apartado 4, de la Directiva 2014/24 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa regional que obliga al poder adjudicador a motivar su decisión de adjudicar mediante licitación un contrato relativo al servicio de transporte sanitario ordinario en lugar de adjudicarlo directamente mediante un convenio celebrado con otro poder adjudicador.

    Ahora bien, el Tribunal parece poner en duda que la Croce Verde sea un “organismo de derecho público”, a efectos de la aplicación de las reglas sobre colaboración público-pública (vid. apartado 49) y que se esté ante un supuesto de efectiva cooperación (vid. apartado 50).

  2. Posibilidad de dar prioridad en la contratación a organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro.

    En Tribunal Europeo también recuerda cuándo se permite dar prioridad a organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro en la contratación de servicios de transporte santiario.

    • Contratos excluidos en virtud del art. 10 h) Directiva 2014/24/UE. En Derecho europeo (no así en el Derecho español) está excluida la atención y asistencia de pacientes en situación de emergencia en un vehículo de socorro por un técnico en transporte y emergencias sanitarias/socorrista, comprendida en el código CPV 75252000 7 (servicios de rescate), y el transporte en ambulancia cualificado, comprendido en el código CPV 85143000 3 (servicios de ambulancia), siempre que el transporte en ambulancia cualificado lo realice efectivamente personal con formación adecuada en primeros auxilios y esté destinado a un paciente cuyo estado de salud pueda agravarse durante el transporte. Dicha exclusión supone, además, que el servicio de ambulancia debe ser prestado por organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro y que se caracterice una situación de urgencia.
    • Contratos incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva.En este caso podrá utilizarse el régimen simplificado de los “servicios especiales” definido en los artículos 74 a 77 de la Directiva 2014/24, que permite bajo determinadas circunstancias dar prioridad a la contratación con organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro.
  3. Límites al ejercicio de la libertad de elección en la forma de gestión de los servicios públicos.

    El Tribunal recuerda que en el ejercicio de su libertad de elección de la forma de prestación de servicios mediante la que los poderes adjudicadores subvendrán a sus propias necesidades, los Estados deberán velar por que se respeten los principios de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia (apartado 53).

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1 Artículo 57 Decreto Legislativo n.º 117, por el que se establece el Código del Tercer Sector), de 3 de julio de 2017.