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Resolución de un contrato cuya ejecución se encarga después a TRAGSA. Capacidad de TRAGSA y límites a la potestad de resolución contractual
02/07/2020
STS de 8 de junio de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:1766).

La Administración General del Estado adjudica un contrato de redacción de proyecto y dirección de determinadas obras. El contrato está vinculado a la reparación de la estructura y reforma integral de un inmueble declarado Monumento Histórico Artístico Nacional y Bien de Interés Cultural. En en la fase de ejecución de las obras aparecen tanto patologías en la estructura del inmueble como restos arqueológicos. Ante estas circunstancias, y constatada la necesidad de modificar el contrato de obras, la Administración decide resolver el contrato de proyecto y dirección de obras, consignándose en el expediente que la realización con medios propios permitiría un ahorro cercano al 19%. La ejecución de la prestación es después encargada a TRAGSA.

El adjudicatario del contrato de redacción del proyecto y dirección de obras cuestiona la validez tanto del encargo a TRAGSA como de la resolución del contrato inicial de redacción y dirección de obra.

Las cuestiones que analiza la sentencia son las siguientes:

  • Capacidad de TRAGSA para realizar actuaciones en el medio urbano

Como ya hemos adelantado, el recurrente impugna la “contratación” efectuada por la Administración General del Estado a TRAGSA. Se alega que dicha empresa carece de capacidad legal para actuar en el medio urbano, de conformidad con lo establecido en el disposición adicional vigésima quinta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) 1.

El Tribunal Supremo, no obstante, declara que la entidad TRAGSA no tiene limitado su ámbito de actuación a los encargos o encomiendas que se les realicen por las Administraciones públicas en el ámbito rural. Entre otras normas, se destaca que el Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto amplió la intervención de TRAGSA a situaciones urgentes o de emergencia 2.

El interesado había alegado igualmente que el encargo había sido realizado en fraude de ley, destacándose que TRAGSA no utilizó su personal, pues subcontrató con un tercero que habitualmente trabajaba con la contratista. El Tribunal Supremo no llega a entrar en estas cuestiones, lo que hubiera resultado de gran interés. Recuérdese que el TJUE ha reiterado que considerando 31 de la Directiva establece, en lo que respecta a la cooperación entre entidades del sector público, que es preciso asegurar que la cooperación de ese tipo no acabe falseando la competencia con respecto a los operadores económicos privados 3.

  • Concurrencia de la causa de resolución contractual invocada

El Tribunal Supremo, no obstante, niega que concurran las casusas de resolución invocadas.

En relación con el ahorro que supondría la ejecución por un medio propio, la sentencia destaca que la valoración de los perjuicios económicos a los que se hace referencia en la resolución de desistimiento son los derivados del incremento del coste del contrato de obras, sin que nada se diga del contrato de asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de ejecución así como para la dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud. El Tribunal Supremo resalta que “la Administración (no) ha acreditado que, en la realidad, el ahorro pretendido se produjera; antes al contrario, con los datos que manejan las partes, pudo, incluso, superar el doble de lo proyectado”.

Respecto al hallazgo de restos arqueológicos singulares, no se ha acreditado que el proyecto básico o de ejecución del recurrente careciera del rigor técnico necesario en relación con estos hallazgos arqueológicos y las deficiencias apuntadas, al no haber detectado la existencia de tales circunstancias. Tampoco se ha acreditado que “el recurrente no fuera un experto en restauraciones de bienes inmuebles protegidos, ni que los medios propios (TRAGSA) a los que la Administración recurre para su sustitución contara con especiales habilidades o fortalezas técnicas en dicho ámbito; habilidades que, por otra parte, tampoco se acreditan que, especialmente, concurrieran en el técnico que sustituiría al recurrente”.

Anulada la resolución del contrato, el Tribunal Supremo declara el derecho del recurrente a percibir la cantidad íntegra correspondiente a la dirección de obra [FJ 5º, d)], amén de otras partidas indemnizatorias.

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1 Dicha disposición adicional que es similar a la actual disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

1 En todo caso, sobre la concurrencia de dichas circunstancias no se pronuncia la sentencia.

1 Entre otras, STJUE de 3 de octubre de 2019 (ECLI:EU:C:2019:829). Vid. igualmente la STJUE de 28 de mayo de 2020 que recuerda que el artículo 18 de dicha Directiva, que establece los principios de la contratación pública, resulta en todo caso aplicable a este tipo de cooperación, si bien en ese caso se refería a un supuesto de cooperación horizontal.