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Sobre la posibilidad de modificar un contrato público como consecuencia del incremento del salario mínimo interprofesional
15/10/2019
Informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado 10/19, de 8 de mayo de 2019.

La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado aborda en este informe la posibilidad de modificar un contrato público como consecuencia del incremento del salario mínimo que el contratista ha de abonar a sus trabajadores.

Para dar respuesta a esta cuestión, en primer lugar entra a valorar si el Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019, es de aplicación automática a los contratos públicos. A este respecto afirma con rotundidad que esta norma debe aplicarse de forma obligatoria y general a todos los contratos celebrados por entidades del sector público.

En segundo lugar, lleva a cabo un análisis de los distintos motivos que pueden dar lugar a una mayor onerosidad sobrevenida para el contratista con la finalidad de determinar si, en un supuesto como el planteado, procedería un reequilibrio económico del contrato. En este punto la JCCPE acoge los razonamientos sentados por la Abogacía del Estado en su Informe 1/2019, de 1 de febrero, que ya se había pronunciado justamente sobre la misma cuestión.

Como sabemos, por regla general la ejecución de un contrato público lleva aparejado un elemento de aleatoriedad de los resultados económicos del contrato. Esto significa que la frustración de las expectativas económicas no libera al contratista de lo estrictamente pactado, ni le faculta para apartarse del vínculo contractual o para reclamar la modificación del contrato. Sin embargo, existen ciertos supuestos en los que la alteración de las condiciones económicas sí puede determinar la necesidad de proceder a un reequilibrio de las mismas, que se concretan en los siguientes:

  1.  La modificación del objeto del contrato por la Administración en ejercicio de sus prerrogativas (ius variandi).
  2. La adopción de disposiciones o medidas de intervención u ordenación económica que tengan incidencia en la relación contractual (factum principis).
  3. La concurrencia de hechos o circunstancias imprevisibles al tiempo de celebración del contrato y que resultan ajenos a la Administración contratante (doctrina del riesgo imprevisible).

Tomando esta distinción como punto de partida, la JCCPE entiende que la medida analizada tiene un encuadre directo en la figura del factum principis, puesto que no se adopta con la finalidad específica de modificar la relación contractual pero tiene incidencia en la misma. Ahora bien, dado que no se trata de una potestad o prerrogativa contractual, sus consecuencias deben ser reconducidas al ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Para determinar la procedencia o no de una eventual indemnización a favor del contratista, ha de atenderse al carácter general o singular del perjuicio; en este caso, el incremento del salario mínimo es una medida de carácter general que afecta a todos los operadores económicos y que, por tanto, no da derecho a resarcimiento alguno.

De acuerdo con lo expuesto, se concluye que el incremento del salario mínimo interprofesional no da derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato ni a la modificación del mismo, estando obligado el contratista a cumplir con las condiciones inicialmente pactadas.