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Solvencia no relacionada objeto del contrato y prescripciones con nombre de marcas concretas y restrictivas de la competencia.
03/07/2012
Resolución Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 102/2012 de 9 de mayo de 2012.

 

 

Se interpone recurso frente a los pliegos correspondientes al procedimiento abierto para la contratación del “Suministro de un tractor remolcador, de 500 lbs de tracción a la barra, un grupo eléctrico autopropulsado de suministro de energía eléctrica, una plataforma de mantenimiento hidráulica, una torre de iluminación remolcable, un carro de equipaje para bases aéreas, para aeronaves del Servicio Aéreo de la Guardia Civil”. Se cuestiona el modo de determinar los umbrales de solvencia técnica.

Debe traerse a colación lo dispuesto en el artículo 62.2 del TRLCAP según el cual los requisitos de solvencia que deba reunir el empresario deben estar vinculados al objeto del contrato y ser proporcionales al mismo. En este sentido, el recurrente cita la resolución 184/2011 de este Tribunal, dictada en el recurso 213/2011 que, en relación con el artículo 52.2 de la LCSP 30/2007 (actual 62.2 del TRLCSP), ponía de manifiesto que “del citado artículo se pueden extraer las condiciones a las que han de sujetarse los criterios que acrediten la solvencia de la empresa para ejecutar la prestación: que figuren en el pliego del contrato y en el anuncio de licitación; que sean determinados; que estén relacionados con el objeto y el importe del contrato; que se encuentren entre los establecidos en la Ley según el contrato de que se trate; y además, como consecuencia lógica de los principios de igualdad y no discriminación que rigen la contratación pública, que en ningún caso dichos criterios puedan producir efectos discriminatorios”.

El apartado 7.2 del cuadro de características exige como requisito para acreditar la solvencia técnica que las empresas licitadoras dispongan de los siguientes certificados:
“Certificaciones de calidad en vigor y, al menos las siguientes o más actuales a las que se detallan a continuación: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y EN-9100:2003, y todas ellas para las actividades de diseño, desarrollo, producción, instalación y servicio de postventa de:
- Equipos de apoyo en tierra para aeronaves.
- Equipos y utillaje para misiles.
- Equipos y vehículos especiales, shelters y contenedores.
- Simuladores y utillaje para paracaidismo.
- Banco de pruebas.
- Servicios de ingeniería y mantenimiento y repuestos. (...)

Dado que según la memoria justificativa del gasto y el apartado 1 del cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas particulares el objeto del contrato consiste en la adquisición de equipos de apoyo en tierra para dar servicio a dos aviones CN-235 serie 300, no procede exigir las certificaciones ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y EN-9100:2003, y PECAL/AQAP 2110 diseño, desarrollo producción, instalación y servicios de postventa de otros equipos que no sean precisamente para el apoyo de aeronaves en tierra por no corresponderse con el objeto contractual, lo que ha sido reconocido por el órgano de contratación en su informe al señalar que “obviamente, la valoración de la solvencia técnica solamente puede quedar circunscrita a la exigencia de calidad referida a los “Equipos de apoyo en tierra para aeronaves”, únicos que abarcan el objeto del suministro”.
Las argumentaciones anteriores nos llevan a la estimación de esta pretensión, por considerar que la exigencia el aparatado 7.2 del cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas particulares de certificaciones que no se corresponden con el objeto del contrato infringe los principios de igualdad y no discriminación, así como de las reglas de libre concurrencia.

Por otra parte, las referencias a marcas comerciales constituyen una excepción a las normas generales en relación con las especificaciones técnicas, lo que implica que el precepto debe ser interpretado de manera restrictiva, de tal forma que el órgano de contratación que quiera aplicarlas le incumbe la carga de la prueba de que se dan efectivamente las circunstancias que justifican la excepción, lo cual no sólo no ha ocurrido en el presente caso sino que el órgano de contratación ha reconocido que no procede exigir una marca concreta.